El gobierno de Peña Nieto carece de autoridad moral para hablar de Venezuela – Por Rubén Luengas

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A finales de junio pasado, el gobierno de Enrique Peña Nieto anunció que emprenderá sanciones contra Venezuela por menoscabar la democracia y los derechos humanos. ¿Pero tiene autoridad moral como para hacer eso?

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A Peña Nieto y Videgaray, entre otros, se les olvida que: “El buen juez, por su casa empieza“.

Por Rubén Luengas

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, escribió en su cuenta de la red social Twitter: “Que no quepa duda: solamente por la vía pacífica, institucional y democrática podrá Venezuela resolver su profunda crisis”.

Videgaray participará de hecho en una reunión que se llevará a cabo en Lima, Perú, para abordar el tema de Venezuela, a convocatoria de su homólogo peruano, Ricardo Luna, quien al ser consultado recientemente sobre si el Perú romperá relaciones con Venezuela, respondió: “Todas las acciones están sobre la mesa”.

A finales de junio pasado, el gobierno de Enrique Peña Nieto anunció que emprenderá sanciones contra Venezuela por menoscabar la democracia y los derechos humanos en dicho país, así como por participación en actos de violencia, represión y corrupción, según informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que encabeza Luis Videgaray.

Luego de que el periódico estadounidense The Washington Post diera a conocer la conversación que Peña Nieto mantuvo con Donald Trump, en la que el mandatario estadounidense le pidió no decir a la prensa que México no pagará por la construcción de un muro fronterizo, el presidente Nicolas Maduro criticó a su homólogo mexicano calificándolo de “cobarde”.

“Peña Nieto, escúchame desde Venezuela: da vergüenza que te dejes tratar así. Yo veo a Peña Nieto como un empleado maltratado por su jefe, maltratado, abusado y violado por Trump”.

 

Luis Videgaray reaccionó y respondió las críticas que lanzó Nicolás Maduro contra Peña Nieto. A través de su cuenta de Twitter, Videgaray escribió : “Cobarde es quien usa el poder del estado para desmantelar la democracia y arremeter contra su propio pueblo”.

En junio pasado la entonces todavía canciller de Venezuela Delcy Rodríguez dijo sobre México:

“Es uno de los países con mayor desigualdad de la región. El gobierno mexicano no tiene moral para hablar de Venezuela, porque es entre otras cosas el país más peligroso para ejercer el periodismo, donde el narcotráfico ha penetrado toda institucionalidad convirtiéndolo en un estado fallido, donde los desaparecidos suman cifras espeluznantes”.

 
¿Debemos desechar los mexicanos las estimaciones de Delcy Rodríguez y envolvernos en la bandera nacional indignados por sus comentarios?

Echemos un vistazo a sólo algunos datos que indican efectivamente que México está muy lejos de ostentar credenciales que le permitan erigirse como autoridad moral ante otros países.

Según el Índice Global de Impunidad (IGI), esfuerzo académico internacional que busca medir un fenómeno multidimensional, en extremo complejo de analizar, como es el de la impunidad por país, México ocupa el segundo lugar de impunidad después de Filipinas:

“Los cinco países con los índices más altos de impunidad estudiados por el IGI son Filipinas, México, Turquía, Colombia y La Federación de Rusia”.

 
Entre Noticias invita a visitar la página del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CECIJ) para acceder a la información completa sobre el nivel de impunidad que hay en México.

Una cultura de impunidad crea un clima de inseguridad para los que practican su derecho a la libertad de expresión. Esto nos lleva a un mundo donde la gente tiene miedo de hablar. Donde se reprime la crítica. Donde las preguntas difíciles no se hacen. Donde los poderosos no se dejan desafiar. El resultado es un mundo en donde se silencia la libertad de expresión.

 
Mientras en 2005 Enrique Peña Nieto decía ante la ONU que México es un país “comprometido con la ley, los derechos humanos y la paz“, la ONU le ha pedido al gobierno mexicano “demostrar con hechos y no sólo con palabras” su compromiso contra las desapariciones forzadas en el país donde “prevalece la impunidad sin que los hechos se esclarezcan y sin que las víctimas reciban una adecuada e integral reparación“, tal como dice el informe del Grupo de Trabajo de la ONU.

La ONU pidió entonces en ese contexto que se permita el interrogatorio a los militares que estuvieron presentes en iguala la noche de la desaparición de los jóvenes normalistas.

“Es necesario que el gobierno (mexicano) asuma el problema. Que asuma la dimensión del problema de las desapariciones forzadas. El gobierno (mexicano) hasta ahora ha fracasado en asumir la gravedad de la dimensión del problema”, afirmó en conferencia de prensa el presidente del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, Ariel Dulitzky. “En México existe un patrón de impunidad generalizada y es muy preocupante porque México es una democracia establecida”, agregó Dulitzky.

 
En enero de 2015 la organización Human Rights Watch (HRW) aseguró que “México estaba enfrentando la peor crisis de derechos humanos en muchos años” y envió una carta al presidente Obama, previa a su reunión con su homólogo mexicano, solicitándole que presione a Enrique Peña Nieto para que resguarde con acciones los derechos humanos en el país que tiene uno de los registros “ probablemente más graves de violaciones en la región”, según dijo a CNN en español José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas.

¿Cuál fue entonces la reacción de Obama ante la petición de HRW? Una mención blandengue del presidente estadounidense sobre los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, en el sentido de que Estados Unidos ha seguido con preocupación el caso y el ofrecimiento de ayuda para combatir al crimen organizado.

En julio de 2015, fueron 82 congresistas estadounidenses y no La Casa Blanca quienes se mostraron más contundentes sobre la gravedad de las violaciones a los derechos humanos en México, firmando una carta enviada al Secretario de Estado John Kerry expresando su preocupación y afirmando que, en lugar de ser incidentes aislados, los casos de desaparición forzada de los 43 estudiantes de Azotzinapa, en Iguala Guerrero y el asesinato de 22 jóvenes en Tlatlaya, Estado de México, son parte de algo más generalizado:

“Estos dos casos no son incidentes aislados en México, sino que ilustran un patrón más amplio de graves violaciones a los derechos humanos en el país, incluidos casos de tortura, detenciones arbitrarias, secuestros y ejecuciones extrajudiciales”.

 
El gobierno mexicano, ya sea con el PRI o el PAN en el poder federal, carece de autoridad moral para dar cátedra de democracia. Es y ha sido en esencia un gobierno tránsfuga de la honestidad, dentro de un sistema que sigue estando muy lejos de ofrecer certeza en cuanto a resultados electorales, en procesos en los que siguen vigentes prácticas abominables como la compra del voto, la falsificación de actas, la manipulación de padrones electorales, excesos de los topes de campaña, y lo que una palabra, conocemos en México como “mapachismo” del que resulta ser complice la mediocracia, actuando tal como lo advirtiera el escritor británico G. K. Chesterton en 1917:

“Los periódicos comenzaron a existir para decir la verdad, y hoy existen para impedir que la verdad se diga”.

 
De hecho, el neoliberalismo aplicado por el gobierno de Peña Nieto, y el de sus predecesores, bajo la creencia de que el mercado debe ser el principio rector de todas las decisiones políticas, sociales y económicas, se ha empeñado en atacar constantemente a la democracia, al bien común y a los valores que no se hayan mercantilizado todavía. Con el Neoliberalismo, citando a Henry A. Giroux (The Terror of Neoliberalism; Authoritarianism and the Eclipse of Democracy): “todo está a la venta o ha sido saqueado en forma de lucro“.

Mientras el gobierno de Peña Nieto se ha mostrado dócil, obediente y muy veloz en responder a las exigencias para que México ocupe el lugar que le ha sido designado en la globalización neoliberal, Peña Nieto no dice ni una sola palabra ante la evidencia de una administración autoritaria encarnada en la figura de Donald Trump, simpatizante del nacionalismo blanco, con nombramientos en su gabinete conformados principalmente de generales, belicistas, supremacistas blancos, islamófobos, multimillonarios de Wall Street, antiintelectuales, incompetentes, negadores del cambio climático y fundamentalistas del todo poderoso dios mercado.

Termino esta reflexión recordando las palabras del escritor mexicano Fernando del Paso al recibir en abril de 2016 el Premio Cervantes de Literatura.

Las cosas no han cambiado en México sino para empeorar”, dijo el autor de “José Trigo”, “continúan los atracos, las extorsiones, los secuestros, las desapariciones,los feminicidios, la discriminación, los abusos de poder, la corrupción, la impunidad y el cinismo”.

Luego agregó el reconocimiento de un sentimiento –“criticar a mi país en un país extranjero me da vergüenza”-, pero continuó: “Me trago esa vergüenza y aprovecho este foro internacional para denunciar a los cuatro vientos la aprobación en el Estado de México de la bautizada como Ley Atenco, una ley opresora que habilita a la policía a apresar e incluso a disparar en manifestaciones y reuniones públicas a quienes atenten, según su criterio, contra la seguridad, el orden público, la integridad, la vida y los bienes, tantos públicos como de las personas. Subrayo: es a criterio de la autoridad, no necesariamente presente, que se permite tal medida extrema”.

Fernando del Paso, desde su silla de ruedas agregó una advertencia que necesita oídos, voluntades y conciencias.

Esto pareciera tan solo el principio de un estado totalitario que no podemos permitir. No denunciarlo, eso sí que me daría aún más vergüenza”.

Vergüenza debiera darles también a quienes desde el poder, han contribuido cínicamente al estado tan lamentable de impunidad, corrupción y muerte en el que se encuentra México.

“El buen juez, por su casa empieza”.

 

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