El expresidente colombiano, Álvaro Uribe Vélez
Luisa Gonzalez / Reuters
La jueza 30 de control de garantías de Bogotá, Clara Ximena Salcedo, ha decidido este 10 de octubre conceder la libertad inmediata al expresidente colombiano, Álvaro Uribe Vélez, al considerar que sin imputación de cargos no puede estar privado de la libertad.
El exmandatario, quien se encontraba en arresto domiciliario desde el 3 de agosto en su finca El Uberrimo, ha reaccionado a la decisión a través de su cuenta en Twitter: «Gracias a Dios».
El caso de Uribe Vélez fue llevado en la Corte Suprema bajo el viejo sistema, pero actualmente, tras su paso a la Fiscalía, se llevará según el nuevo sistema. Durante la audiencia de este sábado, la jueza ha explicado que no puede haber detención sin imputación de cargos en la Ley 906, por la que se rige actualmente el caso.
Salcedo subrayó que igualar la indagatoria y la audiencia de imputación afecta el debido proceso y al mismo proceso. También añadió que la privación de la libertad debe decidirse por un juez a petición de la Fiscalía.
Este 8 de octubre, la Fiscalía General de la Nación de Colombia solicitó la liberación del exsenador Álvaro Uribe, quien permanecía bajo prisión domiciliaria mientras es procesado por presunta manipulación de testigos. «La Fiscalía General de la Nación estima propugnar, por el respeto a la legalidad (…) la libertad del ciudadano Uribe Vélez», dijo el fiscal Gabriel Jaimes, durante una audiencia en un juzgado de Control de Garantías de Bogotá, que duró alrededor de cuatro horas.
Durante esa audiencia, el abogado defensor de Uribe, Jaime Lombana, pidió la libertad de su cliente debido a que frente al cambio de esquema procesal de uno de carácter inquisitivo (Ley 600 del 2000) a uno de carácter acusatorio (Ley 906 del 2004), la detención del expresidente viola la normatividad del proceso judicial.
Anteriormente este 4 de agosto, la Sala de Instrucción de la Corte había ordenado una medida de aseguramiento, tras una larga batalla legal con el senador colombiano Iván Cepeda. En septiembre, en una decisión que fue cuestionada, la Corte Suprema de Colombia trasladó el caso del exmandatario a la Fiscalía General de la Nación, luego de que este renunciara a su curul de senador.
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