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Obviamente el señor Gingrich trataba de lanzarle un halago al presidente, pero la comparación no precisamente exalta positivamente la figura del actual inquilino de la Casa Blanca.

Por lo que tal vez más se le conoce a Andrew Jackson, es por haber maquinado uno de los peores genocidios en la historia.

Durante una entrevista con CBS en el programa This Morning, el ex presidente de la Cámara de Representantes y quien fuera candidato a la nominación presidencial del Partido Republicano, Newt Gingrich, se refirió al presidente Trump como una figura “notable” e “histórica” ​​comparándolo con el séptimo presidente de Estados Unidos, Andrew Jackson.

“Creo que Trump es una figura notable”, dijo Gingrich. “Creo que es una figura histórica, sin duda es el agente de cambio más grande desde Andrew Jackson en las décadas de 1820 y 1830”.

Obviamente el señor Gingrich trataba de lanzarle un halago a Trump, pero la comparación es de hecho lamentable para quienes le ven cualidades transformadoras al inquilino de la Casa Blanca, pero resulta que el séptimo presidente de Estados Unidos es notable, entro otros asuntos, no precisamente por inmaculadas razones, sino por una serie hechos que historiadores independientes califican de inhumanas: Jackson era un propietario de esclavos que ofrecía recompensas a cualquiera que diera golpizas crueles a los esclavos que cometieran “el pecado” de tratar de escapar de su condición de esclavos. En el momento de su muerte, Jackson poseía aproximadamente 150 esclavos , aunque se ha estimado que, a lo largo de su vida, llegó a tener más de 300.

Recomendamos leer el artículo publicado en la revista The Nation sobre “Las siete cosas en las que Trump está completamente equivocado sobre Andrew Jackson”.

 
Por lo que tal vez más se le conoce de hecho a Jackson, publica el portal Think Progress, es quizás por haber manufacturado uno de los peores genocidios en la historia de Estados Unidos. Defensor durante muy largo tiempo de la eliminación de las tribus nativas que ocupaban lo que Jackson consideraba una tierra muy valiosa para los colonos blancos. Jackson firmó lo que se conoce como Indian Removal Act in 1830, obligando eventualmente a cerca de 50,000 a dejar sus tierras e irse hacia el Oeste.

En el invierno de 1838 solamente , unos 4.000 americanos nativos murieron a lo largo del Trail of Tears (Sendero de las Lágrimas)

De alguna manera, publica Think Progress, la comparación entre Trump y Jackson resulta desafortunadamente adecuada. Desde su Ceremonia de Inauguración en enero, Trump se ha centrado en en la eliminación de cierto tipo de personas de los Estados Unidos, incluidos los inmigrantes indocumentados y sus hijos, prohibiendo viajeros e inmigrantes de varias naciones de mayoría musulmana. Sus puntos de vista antagónicos hacia los movimientos de justicia social, destinados a llamar la atención sobre las muertes de poblaciones minoritarias, como Black Lives Matter, también han provocado críticas. Y como señaló Josh Israel de Think Progress en marzo, “Jackson, al igual que Trump, prefirió ignorar las cortes federales en lugar de hacer cumplir la protección constitucional para todas las personas”.

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¿Cuáles son en ese contexto las credenciales, los méritos, los atributos de Margarita Zavala, completamente al margen de ser mujer, como para llegar a ser la presidenta de un país que requiere con urgencia de estadistas y líderes dispuestos a cambios estructurales a favor de la gente y no de las corporaciones nacionales y extranjeras y de la dictadura global del todo poderoso dios mercado?

«La realidad es que habitamos un mundo dominado por tiranías invisibles que utilizan las formas de la democracia.»

Por Rubén Luengas

Nada nuevo bajo el sol, la elección presidencial de 2018 en México no es un asunto exclusivamente doméstico y como de costumbre, en y desde Estados Unidos se participa para que viva durante seis años en Los Pinos la persona que mejor pueda garantizar los intereses de Washington.

En abril de 2017, el secretario de Seguridad Nacional estadounidense, John Kelly, dijo que un presidente de izquierda en México no sería bueno para México ni para Estados Unidos.

“Tenemos un problema con México. Hay mucho sentimiento anti-estadounidense en México. Si la elección fuera mañana, probablemente se tendría a un anti-estadounidense de ala izquierda como presidente de México. Eso no puede ser bueno para Estados Unidos. Tampoco sería bueno para México”, dijo Kelly ante un cuestionamiento del senador republicano John McCain durante una audiencia del Comité de Seguridad Interna del Senado estadounidense.

La realidad es que habitamos un mundo dominado por tiranías invisibles que utilizan las formas de la democracia. De la misma manera que se promueve un determinado producto comercial, se promueve la imagen de un candidato o candidata a cargos de “elección popular”.

“La manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones organizadas de las masas son un elemento importante en una sociedad democrática. Aquellos que manipulan este mecanismo no visible de la sociedad, constituyen un gobierno invisible, que es el verdadero poder gobernante de nuestro país… Somos gobernados, nuestras mentes son moldeadas, nuestros gustos son formados, nuestras ideas son sugeridas, mayormente por hombres de los que nunca hemos oído hablar…”, escribió el llamado padre de las relaciones públicas en Estados Unidos y sobrino de Sigmund Freud, Edward Bernays en su famoso libro “Propaganda”.

Renuncia de Margarita Zavala al PAN y candidatura presidencial “independiente”

¿Cuáles son en ese contexto las credenciales, los méritos, los atributos de Margarita Zavala, completamente al margen de ser mujer, como para llegar a ser la presidenta de un país que requiere con urgencia de estadistas y líderes dispuestos a cambios estructurales a favor de la gente y no de las corporaciones nacionales y extranjeras y de la dictadura global del todo poderoso dios mercado?

¿Es posible separar a Margarita Zavala en su posicionamiento político del hecho de ser la esposa del expresidente Felipe Calderón y exprimiera dama del país?

¿Hay algo que ustedes y yo no sepamos, tejido por aquellos que manipulan los mecanismos invisibles de la sociedad, descritos por Edward Bernays, para que, con aroma de mujer, se garantice ahora nuevamente en y desde Los Pinos, la defensa y promoción de la dictadura del todo poderoso dios mercado que aniquila todo lo que huela a pensamiento crítico, reemplazándolo con entretenimiento disfrazado de noticia, espectáculo de quinta y diversión banal?

Por lo pronto recordemos que Margarita Zavala viajó a Washington en marzo de 2017 donde dijo que “Estados Unidos tiene que analizar qué tipo de vecino quiere en su frontera sur pues la elección presidencial de 2018 ya corre el riesgo de polarización y de relajación en seguridad y comercio”. Zavala dijo igualmente que México podría decidir una vuelta al pasado, volver a hablar de enemigos imaginarios, y cito como ejemplo lo ocurrido en Venezuela con Hugo Chávez en 2002.

Si algo tiene bien analizado Estados Unidos, es qué tipo de vecino y de vecinos quiere al sur, más bien hay que entender que Margarita Zavala fue a ofrecer sus servicios y a buscar apoyos para poder regresar a Los Pinos en calidad de presidenta de México.

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Estamos en realidad ante un ejemplo más de la degradación política e institucional que impera en México, con límites democráticos debilitados o francamente inexistentes, carencia que está haciendo imposible la cohesión civilizada de la vida pública.

La impunidad vuelve valientes a los cobardes y osados a los pusilánimes, y el día en que cobardes y pusilánimes alcanzan el poder sus sucias babas lo aniquilan todo“.

Por Rubén Luengas

En octubre de 2016, Raúl Cervantes dejó el número 136 de Avenida Paseo de la Reforma, donde era senador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), para cambiarse al 2011-2013 de la misma avenida para ocupar ahí la oficina principal de la Procuraduría General de la República (PGR), cargo que le otorgara el presidente Enrique Peña Nieto en sustitución de Arely Gómez González.

En Mexico se vive un proceso en el desaparecerá la PGR para darle paso a una Fiscalía General de la Nación, supuestamente “autónoma” y cuyo titular durará en el cargo nueve años, tal como se publicara en febrero de 2014 en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Artículo 102.

A. El Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propios.
Para ser Fiscal General de la República se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; contar, con antigüedad mínima de diez años, con título profesional de licenciado en derecho; gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por delito doloso.

El Fiscal General durará en su encargo nueve años, y será designado y removido conforme a lo siguiente…

 
Resulta que la designación del supuesto Fiscal “autónomo” no contempla ningún tipo de opción democrática de participación ciudadana, de tal suerte que, conociendo la ceguera moral de quienes aceptan ser simples engranajes de la mecánica corrupta de la kakistocracia mexicana, (el gobierno de los peores), sabíamos que harían sus arreglos de conveniencia en la parte alta de la estructura del poder en México para buscar imponer a Raúl Cervantes, una vez que de forma automática, con la aprobación del senado, se contempla que el Procurador o Procuradora en funciones se convierte en el nuevo Fiscal.

Kakistocracia

El filósofo político Michelangelo Bovero utilizó el término para describir el régimen político italiano de finales del milenio: “Un tipo de gobierno plutocrático-demagógico-autoritario. Basado principalmente en la idiotización mediática de grandes masas electorales”.

 
Es evidente que Raúl Cervantes, incorporado a las filas del PRI de manera oficial en 1997, no reúne de ninguna manera los atributos necesarios para convertirse en eso llamado Fiscal “independiente” o “autónomo”, capaz de verdaderamente impartir justicia y poner eventualmente en la cárcel a los corruptos. Estamos en realidad ante un ejemplo más de la degradación política e institucional que impera en México, con límites democráticos debilitados o francamente inexistentes, carencia que está haciendo imposible la cohesión civilizada de la vida pública.

El francés Émile Durkheim, considerado uno de los padres de la Sociología, usó la palabra “anomia” para describir justo esa debilidad o ausencia de fuerzas que impidan la hegemonía de ese mal crónico de corrupción generalizada, en mayor o menor grado, como el que padece México y en cuyo contexto hay que ubicar la descarada y cínica intención de las argucias utilizadas en el senado para garantizar que en la Fiscalía mexicana quede por nueve años un guardián de la impunidad, un encubridor y alcahuete de la putrefacción de los adoradores de Mammón: el demonio de la avaricia que “domina al mundo”.

En su artículo publicado en septiembre de 2013, el periodista Jenaro Villamil definía a Cervantes Andrade como “el hombre clave de Peña Nieto“, contando que el vínculo entre Cervantes y el entonces candidato presidencial se fortaleció justamente durante la campaña electoral de 2012.

“Cervantes jugó un papel clave en la defensa jurídica del candidato presidencial priista durante el escándalo del Monexgate. Fue el responsable de entregar a la Procuraduría General de la República la documentación y la argumentación jurídica para rechazar la compra de votos y la triangulación ilegal de dinero a través de Monex”.

 
El portal de noticias SinEmbargo, reportó en octubre de 2016 sobre los “estrechos vínculos” de Cervantes Andrade con el presidente Peña Nieto: “Sus vínculos con el Primer Mandatario son estrechos. Humberto Castillejos Cervantes, primo de Raúl, es el brazo derecho de Peña Nieto y funge como su Consejero Jurídico, mientras que Alfredo Castillo Cervantes, otro primo de Raúl, acompaña a Peña desde el Gobierno del Estado de México y ha desempeñado distintos cargos en el gabinete“.

A propósito de lo anterior; ¿recuerdan el desempeño de Alfredo Castillo Cervantes en su calidad de comisionado del gobierno de Peña Nieto para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Michoacán y sus dos años al frente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) calificados de desastrosos por diferentes analistas?

¿Qué autonomía puede garantizar entonces alguien como Raúl Cervantes tan estrechamente cercano al presidente Peña Nieto, quien con su amigo y abogado durante su campaña convertido en Fiscal por pase automático, dormiría tranquilo durante los seis años de gobierno de su sucesor y la mitad del sexenio del siguiente sabiendo que tiene en la Fiscalía a un encubridor?

Hay además otros asuntos que fueron ventilados en los medios cuando Peña Nieto designó a Cervantes Procurador General de la República. Así lo reportó SinEmbargo:

“Ahora estará encargado de la procuración de justicia de la Nación, pese al antecedente de haber sido denunciado hace casi 10 años ante la Ley. En esa ocasión su ex esposa, la empresaria Angélica Fuentes Téllez, levantó un acta en el Ministerio Público por haber sido golpeada. La experiencia no sólo terminó por sepultar el matrimonio de Cervantes con la llamada “Reina del Gas”, sino que llevó a ésta a crear una fundación para apoyar la independencia económica de las mujeres mexicanas, en especial aquellas que han sido víctimas de violencia intrafamiliar, de acuerdo con lo que Angélica Fuentes cuenta”.

 
Según el Índice Global de Impunidad (IGI), esfuerzo académico internacional que busca medir un fenómeno multidimensional, en extremo complejo de analizar, como es el de la impunidad por país, México ocupa el segundo lugar de impunidad después de filipinas.

¿Se modificará esa vergonzosa realidad, entre muchas otras, con el cambio de nombre de la entidad encargada de impartir justicia y con la permanencia en ella durante nueve años de este “hombre clave” del presidente Peña Nieto?

Una Fiscalía verdaderamente autónoma, ajena a los intereses económicos corporativos, a los llamados poderes fácticos, a los del gobierno en turno, a los de los partidos, y por principio, a la militancia en los mismos, requiere no de maquillajes superficiales y de un cambio de nombre, sino de un proceso de depuración estructural y funcional orientado a la transformación integral del viciado y corrupto sistema de “justicia” en México.

Peña Nieto quiere reproducir en su medida y circunstancia, y hasta donde le sea posible, el sentido de aquella famosa frase de Francisco Franco pronunciada en España en diciembre de 1969 con la intención de imponer la posteridad de su régimen: “Todo está atado y bien atado”.

 

Rubén Luengas/Entre Noticias

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Inmigrantes mexicanos y centroamericanos ayudaron de manera muy importante a la reconstrucción de Nueva Orleáns y otras zonas devastadas por el huracán Katrina hace 12 años, pero en lugar de recibir gratitud fueron explotados, a veces vejados y muchos sufrieron la deportación.

“El nivel de ataque a los trabajadores tiene características bélicas”, dijo un estudio sobre el trato recibido por trabajadores inmigrantes en Nueva Orleans

Entre 30,000 y 100,000 trabajadores inmigrantes de diferentes nacionalidades y etnias llegaron a la región devastada por el huracán Katrina en el lapso de un año para sumarse a la reconstrucción de la zona, según estimaciones proporcionadas en su momento por el National Migration Law Center.

Katrina, considerado el huracán más devastador de la historia de Estados Unidos, destruyó un área de 90,000 millas cuadradas (casi 234 veces el tamaño de la ciudad de Dallas), dañó más de 100,000 viviendas y acabó con gran parte de la infraestructura turística de la región, dejando en la ciudad miles de toneladas de escombros que poco a poco fueron removidos por esa nueva fuerza laboral en la zona, compuesta en una gran parte por trabajadores latinos, la mayoría mexicanos indocumentados que vinieron con todo y familias. Otro porcentaje de esos trabajadores, alrededor del 5 por ciento, llegó con visas H2B de empleo temporal.

Doce años después de Katrina tenemos ahora a Harvey, y bien vale la pena recordar a aquellos trabajadores que tuvieron en común un nivel de explotación sin precedentes según el estudioAnd Injustice For All. Workers’s lives in the Reconstruction of New Orleans“, elaborado por el National Migration Law Center, The New Orleans Workers Coalition y otras organizaciones no lucrativas:

“Viven y trabajan en condiciones deplorables, sin vivienda, en pobreza, bajo la amenaza de redadas migratorias y sin la garantía de que se les pague”.

 
En 2006, un año después de la catástrofe provocada por Katrina, alrededor de la mitad de la mano de obra para reconstruir Nueva Orleans era latina y el 54 % compuesta por indocumentados, según un estudio de la Universidad Tulane y la Universidad de California en Berkeley.

“Pese a que su labor era clave, estos trabajadores fueron víctimas de muchos abusos e injusticias como el robo de salario, la explotación laboral, la exposición a materiales tóxicos, la discriminación y persecución por parte de varias agencias policiales, así mismo como la deportación masiva de cientos de ellos”.

 
Una de las primeras decisiones del presidente George W. Bush, pocos días después del desastre en la zona del Golfo de México causado por Katrina, fue suspender la ley Davis Bacon, una ley federal que prohíbe pagar a los trabajadores involucrados en proyectos de obras públicas menos que el salario que prevalece en la zona. Esto significó en la práctica que empresas como Halliburton entre muchas otras, cobraran al gobierno como si pagaran altos salarios a sus empleados, pero desembolsaban menos que el salario mínimo con el obvio propósito de incrementar sus ganancias y beneficiarse así de la tragedia.

Cómo el poder lucra con los desastres: Naomi Klein

Después del huracán Katrina, mientras veía a hordas de contratistas militares privados desembarcar en la ciudad inundada para encontrar maneras de beneficiarse del desastre, incluso cuando miles de residentes de la ciudad, abandonados por su gobierno, eran tratados como Criminales peligrosos sólo por tratar de sobrevivir, comencé a notar las mismas tácticas de zonas de desastre alrededor del mundo. Utilicé el término “doctrina de choque” para describir la táctica brutal de utilizarr la desorientación del público después de un trauma colectivo -guerras, golpes de Estado, ataques terroristas, debacles en los mercados bursátiles o desastres naturales- para impulsar medidas radicales pro-corporativas”. Naomi Klein: how power profits from disaster

 
La tragedia causada por Katrina fue ciertamente el escenario de un lucro inmoral por parte de empresas de la construcción que exprimieron jugosos contratos federales con muy pocas regulaciones laborales y casi ninguna supervisión, permitiendo abusos indignantes sobre los trabajadores. Estanos hablando de decenas de miles de millones de dólares en contratos federales y privados, mientras los más grandes fueron obtenidos por compañías como Bechtel, Halliburton y su entonces filial Kellogg Brown & Root.

¿Qué pasará ahora con la reconstrucción en las zonas devastadas por el huracán Harvey? ¿Quienes buscarán beneficiarse del dolor y la tragedia?

Por lo pronto Trump visito Texas y en lugar de hablar antes que nada de las víctimas de Harvey, su megalomanía y egocentrismo no le permitieron evitar exclamaciones más propias de un acto de campaña que las obligadas por el sufrimiento de miles de personas:

Donald Trump: “Thank you everybody, what a crowd, what a turnout!” (Gracias a todos, qué multitud, qué concurrencia”.

Entre Noticias

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El megalómano exalguacil del Condado de Maricopa en Arizona, enamorado de las cámaras y de su imagen del alguacil más duro de Estados Unidos, recibió un indulto otorgado por el no menos megalómano, presidente Donald Trump

El perdón otorgado por Trump a Arpaio, se informó a través de un comunicado de la Casa Blanca en el que sedestaca la carrera del exalguacil dentro del Ejército.

Por Rubén Luengas

Había sido declarado culpable en julio pasado de desacato criminal por desobedecer las órdenes de un juez federal estadounidense que le prohibía a él y a sus agentes realizar redadas y detener inmigrantes indocumentados basándose en su perfil racial. Sin embargo, el megalómano exalguacil del Condado de Maricopa en Arizona, enamorado de las cámaras y de su imagen del alguacil más duro de Estados Unidos, recibió un indulto otorgado por el no menos megalómano, presidente Donald Trump, por lo que Arpaio debe estar teniendo: “a very nice weekend”.

No obstante su pasado estará siempre reprochando su presente, aunque Arpaio haya dado muestras claras de no tener conciencia, esa que “es a la vez testigo, fiscal y juez”.

Arpaio es “another brick in the wall” (otro ladrillo en el muro) de todo un sistema de creencia supremacista anidado en la psique de una buena parte de estadounidenses, que ha salido muy desinhiibidamente de sus guaridas a raíz del triunfo de Donald Trump.

El perdón otorgado por Trump a Arpaio, se informó a través de un comunicado de la Casa Blanca en el que sedestaca la carrera del exalguacil dentro del Ejército.

“La vida y la carrera de Arpaio, que comenzó a la edad de 18 años cuando se alistó en el Ejército después del estallido de la Guerra de Corea, ejemplifican el servicio público desinteresado”, indica el comunicado.

 

“El alguacil Joe Arpaio tiene ahora ochenta y cinco años, y después de más de cincuenta años de admirable servicio a nuestra nación, es digno candidato para un perdón presidencial”, apuntaron en el documento.

 

Arpaio, uno de los primeros entusiastas partidarios de Trump, fue declarado culpable por un delito menor federal después de que un juez descubriera que había desobedecido una orden judicial sobre las redadas contra sospechosos migrantes indocumentados.

Decíamos que Arpaio es “otro ladrillo en el muro” de todo un sistema de creencias que tiene que ver directamente con la supremacía blanca, antes que con el cumplimiento de la ley.

Una de las voces que han salido a defender el indulto otorgado a Arpaio, es nada más y nada menos que el secretario de Estado de Kansas, Kris Kobach, el racista peligroso que asesora a Trump sobre el plan del muro fronterizo con México, y quien trabajó por contrato para el departamento del sheriff del condado de Maricopa, ganando $ 300 por hora, para entrenar a agentes del alguacil sobre cómo arrestar a inmigrantes “ilegales” sospechosos, seis meses antes de ser elegido secretario de Estado, cuando trabajaba como abogado privado, según revelara Journal-World en abril de 2010:

“El candidato republicano a la secretario de Estado Kris Kobach, no sólo ayudó a escribir la nueva ley de inmigración de Arizona, (SB-1070) sino que ha estado trabajando por $ 300 por hora para entrenar a agentes del orden público en los procedimientos de detención de inmigrantes ilegales sospechosos”.

 

Pero lo más grave sobre Kris Kobach, quien aspira ahora a ser gobernador de su Estado, es que ha trabajado para un grupo de odio racista cuyo objetivo declarado es reducir, no el número de inmigrantes indocumentados, sino el número de personas no blancas en Estados Unidos.

Kobach ha sido abogado de Immigration Reform Law Institute, el brazo legal de la organización Federation for American Immigration Reform, FAIR, que el Southern Poverty Law Center clasifica como un grupo de odio, fundado en 1979 por John Tanton quien escribió:

“Gobernar es poblar. ¿La mayoría actual entregará pacíficamente su poder político a un grupo simplemente porque éste es más fértil? Mientras los blancos ven declinar su poder y el control de sus vidas, ¿se conformarán con desaparecer silenciosamente en la oscuridad o habrá una explosión?”.

 

FAIR ha recibido, según varios reportes publicados, más de un millón de dólares de financiamiento de una organización llamada Pioneer Fund, que se describe a sí misma como un grupo formado en la tradición evolutiva de Charles Darwin y de Francis Galton considerado este último el padre de la eugenesia por impulsar la aplicación de la selección artificial del ser humano para mejorar la raza.

Durante los últimos 70 años, el Pioneer Fund ha financiado controvertidas investigaciones sobre raza e inteligencia con el propósito de demostrar “la superioridad de la raza blanca”. El mandato original del grupo era promover los genes de aquellos que pudieran ser considerados descendientes de las personas blancas que se asentaron en las primeras trece colonias antes de que se adoptara la Constitución de Estados Unidos.

Ciertamente Arpaio se convirtió un símbolo de los halcones de inmigración por su papel protagonista en la cruzada contra los indocumentados que libraron las autoridades de Arizona hace unos años y que tuvo su momento cumbre con la entrada en vigor de la SB1070, en 2010, una ley que autorizaba a la policía a hacer detenciones de acuerdo al perfil racial de los sospechosos. Pero no deja de ser sólo “otro ladrilla en el muro” de un sistema patológico de creencias basado en la afiliación sanguínea.

Lo que ha ocurrido este viernes con el indulto del presidente Trump a Joe Arpaio, es la crónica de cómo el racismo indultó al racismo.

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La postura habitual de los gobiernos occidentales consiste en mirar para otro lado y priorizar los intereses económicos en lugar de afrontar la preponderante contribución de los países wahabitas como Arabia Saudí y Qatar a la difusión del discurso de odio salafista.

Segunda parte de la serie de artículos dedicada a ‘El dinero del wahabismo de Arabia Saudí y Qatar en España: La Marea

Por Antonio Maestre

“Bélgica ha dado las llaves del Islam a Arabia Saudí por la gran mezquita. Le ha dejado financiar el salafismo. He dicho que el salafismo no es un problema en sí mismo si no fuera porque no hace nada para minar el terreno a los grupos radicales”. Son palabras de Corinne Torrekens, profesora de la Universidad Libre de Bruselas, explicando una pauta en Bélgica que se da en todos los países que tienen al país saudí como socio prioritario de negocio. Una opinión compartida por multitud de analistas y expertos, como el general Jonathan Shaw, ex jefe de Estado Mayor de Defensa de Gran Bretaña, que aseguró que Arabia Saudí y Qatar habían activado “una bomba de relojería mediante la financiación de la propagación mundial del islam radical”.

La postura habitual de los gobiernos occidentales consiste en mirar para otro lado y priorizar los intereses económicos en lugar de afrontar la preponderante contribución de los países wahabitas como Arabia Saudí y Qatar a la difusión del discurso de odio salafista y su importancia en la legitimización de la violencia como método para imponer su visión rigorista del Islam. España es uno de los países donde la integración del discurso fundamentalista wahabí ha calado con más fuerza en los centros de culto financiados por la dictadura saudí.

El grupo terrorista ISIS o Daesh preocupó durante mucho tiempo a la opinión pública por su expansión y por haber conseguido crear su propio Estado. Pero para observar cómo se establece un Estado islámico represivo que aplica la sharia con crueldad y maneja un ejército, basta poner los ojos en Arabia Saudí. El escritor argelino Kamel Daoud llama al país de los sátrapas Saud “White Daesh” [ISIS Blanco], y alerta de la capacidad que tiene para imponer su visión radical del Islam en multitud de países con sus canales de televisión, periódicos, industria editorial y clérigos entrenados y adoctrinados en el conocido como Fatwa Valley. “Daesh tiene una madre: la invasión de Iraq. Pero también tiene un padre: Arabia Saudí y su complejo industrial religioso”, concluye el autor de The Mersault Investigation en su artículo en The New York Times.

Un ejemplo que muestra de manera gráfica esta relación directa fue expuesto recientemente en el Congreso de los Estados Unidos por el republicano Ted Poe, quien denunció el pasado julio el uso de libros de textos saudíes por parte de ISIS en el año 2015, cuando aún no tenían capacidad para editar los suyos propios. La denuncia del congresista ya fue expuesta en 2014 en un artículo de The New York Times escrito por David Kirkpatrick y ampliamente tratado en el trabajo documental de James Jones Saudi Arabia Undercovered.

El principal objetivo es el negocio. Pero los países occidentales necesitan una coartada para defender ante la opinión pública sus relaciones comerciales, empresariales y políticas con la dictadura de los Saud. Por ello, su petromonarquía se esmera en proyectar la idea de que está luchando contra el terrorismo de un modo sincero y efectivo e incluso realiza visitas para periodistas a la cárcel de máxima seguridad de Al-Ha’ir en la que se encuentran internos multitud de terroristas.

A pesar de su influencia en la propagación del terrorismo global, Arabia Saudí se ha convertido de forma paradójica en un objetivo de la ponzoña que promueve, ya que los terroristas de raíz salafista desearían que el Estado que alberga La Meca fuese aún más riguroso en lo que concierne a sus postulados religiosos. En este sentido, han incluido a este país y a algunos de sus miembros entre los objetivos de sus acciones. Aun así, lo cierto es que la mayoría de los ataques terroristas se dirige contra población chií. [1][2]

La excusa de la lucha antiterrorista de Arabia Saudí sirve a Occidente para ocultar que acepta el discurso de odio que propaga mediante la financiación de mezquitas, la compra y envío de material coránico, el suministro de imanes a todos los lugares del planeta y la colaboración con organizaciones terroristas en Siria.

La Casa Real española siempre se ha mostrado solícita y cooperante a la hora de facilitar cauces de diálogo que culminan en suntuosos acuerdos comerciales con el régimen saudí. El rey Juan Carlos, íntimo amigo del ya fallecido rey Abdullah, colaboró en la campaña de comunicación que el sátrapa organizó en Madrid en el año 2008 para mejorar la imagen de la familia Saud, que había quedado muy deteriorada tras los atentados del 11 de septiembre.

Ese año, el monarca español inauguró junto a Abdullah de Arabia la Conferencia internacional para el diálogo interreligioso que fue organizada por la Liga Islámica Mundial, la organización wahabí con sede en La Meca que gestiona la Mezquita de la M-30. La conferencia auspiciada por Arabia Saudí buscaba fomentar el diálogo entre religiones. Sin embargo, en su territorio prohíbe cualquier otra práctica religiosa distinta al Islam.

Apoyo a las empresas españolas que invierten en Arabia Saudí

El ICEX es según su propia definición “una entidad pública empresarial de ámbito nacional que tiene como misión promover la internacionalización de las empresas españolas”. Dependiente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, tiene como misión facilitar y dar recomendaciones a las compañías españolas que quieren invertir en el extranjero. En el caso saudí, ofrece información relativa a la legislación laboral y a las oportunidades de negocio en la región.

“Si no lo hace uno, lo van a hacer otros”, respondió el ministro de Economía, Luis De Guindos, al ser preguntado sobre los acuerdos comerciales de España con Arabia Saudí. De ese modo, se mostraba sincero al mostrar la importancia que el Gobierno de España otorga a los derechos humanos en cuestiones de negocios.

“El Código laboral no reconoce a los trabajadores en Arabia Saudí el derecho a la negociación colectiva o al derecho a la huelga. Tampoco se permite formar sindicatos o a manifestarse públicamente. Esto se aplica estrictamente por las autoridades”. Es una frase literal de la guía publicada por el Gobierno español a través del ICEX y que muestra las ventajas que los empresarios pueden encontrar al invertir en el país gobernado por mano de hierro por la dinastía saudí.

Las recomendaciones y consejos alcanzan casi todos los ámbitos, incluida la vestimenta que tienen que llevar las mujeres que trabajen en el país: “Las trabajadoras deberán llevar ropa islámica o uniforme del empleador que será conservador, que cubra y que no sea transparente [sic]”. Es sólo una descripción somera que refleja cómo las empresas que quieran trabajar en Arabia Saudí deberán faltar el respeto a los derechos de las mujeres. Esta condición no es la única ni la más llamativa regla islámica que las compañías cumplen para hacer negocios con la dictadura saudí. Los servicios financieros y la banca a la que tienen que acudir también siguen los rigurosos preceptos wahabís.

Aceptar la sharia para hacer negocios

Alinma Bank es una de las principales entidades financieras de Arabia Saudí. Todos los servicios de esta institución y sus productos están sujetos a la sharia (ley islámica). Para ello existen varias autoridades, como The Capital Market Authority (CMA) y el Ministerio de Comercio e Industria y el clero (los ulemas), que juegan un papel ocasional pero determinante en la banca ya que están llamados a pronunciarse sobre si ciertos instrumentos contravienen la ley islámica y así prohibirlos.

Las empresas españolas establecidas en Arabia Saudí son muchas y de diferentes sectores. Es bastante conocido el emporio empresarial dedicado a las grandes construcciones e infraestructuras como la UTE encargada de la construcción del AVE de Medina a La Meca o del metro de Riad. Las empresas más importantes que operan en Arabia Saudí son ACS, Dragados, Repsol, Amadeus o Indra, pero hay muchas otras compañías que operan en el país árabe de forma habitual mucho más desconocidas.

El grupo de Inditex de Amancio Ortega opera en Arabia Saudí a través de acuerdos con Al Hokair, la empresa más importante de moda en este país. Propiedad de Fawaz Abdulaziz Alhokair, se encarga de gestionar el grupo Zara en el país wahabita mediante 34 tiendas, a las que hay que añadir 60 de otras marcas que también pertenecen al emporio gallego.

Técnicas Reunidas Gulf es la empresa con la que opera en Arabia Saudí la corporación española homónima, propiedad de la ilustre familia catalana Lladó. El actual presidente, José Lladó Fernández, fue ministro de Comercio y Transportes con Leopoldo Calvo Sotelo, e hijo de Juan Lladó Sánchez, quien presidió el Banco Urquijo. El presidente de Técnicas Reunidas es patrono de la Fundación Princesa de Asturias, miembro del círculo de empresarios cercano a la Casa Real y asiduo a muchos de los viajes comerciales que la monarquía española encabeza.

Técnicas Reunidas ha obtenido concesiones importantes en el país árabe, como la construcción de la planta de gas de Fadhili. Los negocios en la región generan importantes beneficios. Muy distinta es la valoración de las condiciones laborales de la mano de obra, ya sea local, foránea o española. Empleados españoles contratados como tuberos para obras en Arabia Saudí ya denunciaban en 2014 el régimen de semiesclavitud en el que trabajaban para la compañía de los Lladó.

La nula importancia que los empresarios que hacen negocios en Arabia Saudí dan a la situación política interna de la dictadura contrasta con la postura que esos mismos hombres y mujeres de negocios mantienen en ocasiones ante la política interna española. Un buen ejemplo es Alberto Palatchi, fundador de Pronovias y propietario mayoritario de la empresa hasta hace unos días.

Paltachi es amigo íntimo de Jorge Moragas -director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de España- y un hombre cercano al PP. Su hijo Alberto Palatchi Gallardo fue nombrado por Xavier García Albiol coordinador de Política de Innovación, Tecnología y Empresa en la ejecutiva del PP de Cataluña. Pronovias mantiene negocios importantes en la dictadura de los Saud gracias a su alianza con Al Daha Group, el socio local, que también mantiene acuerdos con Mango.

No se conocen declaraciones de Palatchi ni comunicación alguna de su empresa sobre la situación política del país saudí en el que hacen negocios. Sin embargo, con motivo del proceso independentista catalán, el empresario ha declarado en varias ocasiones de su intención de abandonar Cataluña si el independentismo logra sus propósitos. En un comunicado interno antes de las elecciones autonómicas de 2015, advirtió a sus empleados de la posibilidad de abandonar la región si vencía la opción soberanista.

La doble vara de medir con respecto a la dictadura saudí se puede ejemplificar con una anécdota reveladora de un personaje público que ejerce feroces críticas ante el fundamentalismo islámico y que se postula como defensora de los valores democráticos. La eminente comunicadora Pilar Rahola se muestra muy beligerante con la financiación de mezquitas financiadas por Arabia Saudí en España. Sin embargo, ello no le impide ser vocal del patronato de la Fundación Rosa Oriol, promovida por la familia Tous. La empresa de joyas propiedad de Alba Tous, amiga íntima de Rahola, es la matriz de Tamkeen, una compañía afincada en Jeddah, una de las principales poblaciones comerciales de Arabia Saudí.

“Arabia Saudí es la ­metáfora de nuestra miserable de­bilidad: necesitamos su veneno para garantizar nuestro modelo de sociedad, sabiendo que ese veneno es el que intenta destruirnos. Es una tiranía ­feroz que promociona ideas totalitarias. Pero es una tiranía poderosamente ­rica, y cuando ese adverbio y ese adjetivo rematan la frase, el sustantivo ya no importa”, decía Pilar Rahola en un artículo en La Vanguardia el pasado siete de julio. Irrebatible.

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Arturo Sarukhan fue embajador de México en Estados Unidos durante el gobierno de Felipe Calderon y en 2012 la presidenta del Centro Wilson dijo públicamente que pensaban en él más que como embajador, como "nuestro empleado" por el mucho tiempo que pasaba “involucrado de manera profunda en nuestros programas y conversaciones“.

¿Podría alguna organización de México referirse a un embajador de Estados Unidos en México diciendo que se le ve más que como un embajador, como “nuestro empleado”?

Vi recientemente un video que me llamó mucho la atención, debido a que en él, la presidenta del Woodrow Wilson Center, Jane Harman, se refiere en julio de 2012 al entonces embajador de México ante los Estados Unidos (EU), Arturo Sarukhán, como “mi hermano“, afirmando que se trataba del “mejor embajador que ha enviado México a EU“; y luego lo verdaderamente sorprendente, cuando la excongresita demócrata dice que en el Wilson Center “pensamos en Sarukhán, más que como un embajador, como nuestro empleado“, por que pasa mucho tiempo “involucrado de manera profunda en nuestros programas y conversaciones“.

Jane Harman renunció al Congreso el 28 de febrero de 2011 para unirse al Woodrow Wilson Center como su primera Presidenta (CEO), habiendo servido como legisladora en todos los comités de seguridad importantes: seis años en Servicios Armados, ocho en inteligencia, y ocho en Homeland Security (Seguridad de la Patria).


Arturo Sarukhán junto a Jane Harman, la esposa de Sarukhán, Verónica (en rojo) y Tony Podesta

En 2009 Harman estuvo envuelta en un supuesto caso de espionaje israelí al revelarse que las escuchas telefónicas de la National Security Agency (NSA) interceptaron una conversación telefónica en el año 2005 entre Harman y un agente del gobierno israelí, en la cual Harman, accedía supuestamente a presionar al Departamento de Justicia para reducir o eliminar cargos criminales contra dos empleados del American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), (Comité Americano Israelí de Asuntos Públicos), a cambio de un mayor apoyo para su campaña buscando presidir el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes.

En abril de 2009 circulaban encabezados como este: Congresista demócrata de EE.UU. envuelta en caso de espionaje israelí.

“El caso explotó luego que la publicación Congressional Quarterly y The New York Times, señalaran que, según las investigaciones del FBI y la NSA, un agente israelí intentó conseguir con Harman que intercediera por Rose y Weissman, ex funcionarios del American Israel Public Affairs Comitte (AIPAC), el mayor grupo de lobby israelí en EE.UU., a cambio de nombrarla presidente de la Comisión de Inteligencia”.

 
La investigación agrega que para lograr ese objetivo, el agente israelí usaría la influencia del multimillonario estadounidense-israelí Haim Saban, gran donante en la política local, para presionar a Nancy Pelosi, líder demócrata en el Congreso, y que ésta nombrara a Harman en el cargo, publicó el diario chileno El Mercurio.

Harman negó las acusaciones y en junio de 2009 recibió una carta del Departamento de Justicia declarándola libre de ser investigada por la División Criminal. A pesar de que los cargos de espionaje fueron retirados a los dos empleados de AIPAC, contra los deseos del FBI, Harman no consiguió la presidencia de la Comisión de Inteligencia.

En septiembre de 2010 se publicaba, dicho sea de paso, que la congresista más rica en ese entonces era justamente Jane Harman:

“La parlamentaria más rica de EE.UU. es Jane Harman, quien ocupa el tercer puesto dentro del ranking. Las arcas de la representante demócrata de California crecieron en 2009 hasta los 153 millones de dólares debido a un aumento en el valor de una de las empresas de su marido en el holding Harman International Industries”.

 
En marzo de 2013 se daba a conocer que, Arturo Sarukhán, a quien Harman llama “mi hermano” y quien era visto por el Wilson Center más como “un empleado que como embajador“, sería el director de Global Solutions, una nueva compañía global de gestión de riesgo y estrategias del Grupo Podesta, cuyo fundador y presidente de la junta directiva es Tony Podesta, hermano de John Podesta, expresidente de la campaña presidencial de Hillary Clinton en 2016.

Video: minuto 2 con 20 segundos.

¿Podría alguna organización de México referirse a un embajador de Estados Unidos en México de la misma manera, diciendo que se le ve más que como un embajador, como “nuestro empleado”?

Lo aquí descrito ocurrió hace cinco años, con Barack Obama en la Casa Blanca. Ahora con Donald Trump, ¿cómo serán vistos en Washington los miembros de la “diplomacia” mexicana y quienes “negocian” en secreto los nuevos términos del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica?

Rubén Luengas/Entre Noticias

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El campo dejó de ser un productor de granos básicos para convertirse en un expulsor de mano de obra; organizaciones agrarias, incluida la oficial CNC, admiten que uno de los efectos más negativos de la puesta en marcha del TLCAN, fue la pérdida de más de 2 millones de empleos en el agro. Cifra acrecentada al paso de los años hasta calcularse en 5 millones de agricultores que debieron emigrar a Estados Unidos o dedicarse a otra actividad para no morir de hambre: Revista Contralínea

¿Democracia? ¿por qué los pueblos de México, Estados Unidos y Canada no están siendo informados sobre las nuevas negociaciones del TLCAN?

La ronda de apertura de una serie de negociaciones sobre una propuesta de Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) se inició esta semana en Washington, DC entre representantes comerciales de México, Estados Unidos y Canada.

A pesar de las promesas hechas en marzo por el Representante de Comercio de los Estados Unidos, Robert Lighthizer (USTR) de que las negociaciones serían transparentes, el USTR ahora considera que los documentos y negociaciones son información “clasificada” y permanecerán en secreto.

Sin embargo los grupos de presión corporativos (lobbyists), sí tienen acceso y están por todas partes.

La Electronic Frontier Foundation (EFF) lo ha expresado de la siguiente forma:

“Una vez más, siguiendo el fracasado modelo del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), el USTR mantendrá en secreto los textos de negociación, sin realizar actividades de interés público en torno a la primera ronda de negociaciones. Esto puede establecer un precedente para rondas futuras entre los tres países con una fecha de finalización programada para mediados de 2018”.

 
Durante una audiencia de confirmación en marzo pasado, Lighthizer había prometido hacer transparentes las negociaciones y escuchar a más actores y al público interesado. La EFF informó en ese momento que, en respuesta a la pregunta del senador Ron Wyden sobre qué medidas concretas tomará para mejorar la transparencia y las consultas públicas, Lighthizer respondió que se aseguraría de que “se tengan en cuenta las opiniones de una amplia muestra de interesados, incluyendo organizaciones laborales, ambientales y de salud pública, durante el curso de cualquier negociación comercial”.

La Senadora Maria Cantwell cuestionó a Lighthizer:

“¿Está usted de acuerdo en que es problemático que un selecto grupo de élites corporativas tengan acceso especial para dar forma a las propuestas de comercio de Estados Unidos que generalmente no están disponibles para los trabajadores estadounidenses y aquellos afectados por nuestros defectuosos tratos comerciales?

Lo cierto es que se ha privilegiado una vez más la falta de transparencia en torno a estas negociaciones, a pesar de que más de dos docenas de grupos interesados en obtener información enviaron una carta compartida expresando sus preocupaciones y su convicción de que ha sido vergonzoso el ser excluidos de algo que supuestamente se negocia en el nombre de la sociedad estadounidense.

Desde el lado mexicano, la revista mexicana Contralinea dijo en junio pasado:

“Reincidiendo en los mismos errores del pasado, los funcionarios mexicanos que se disponen a renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) –a exigencia del republicano Donald Trump–, insisten en dar la espalda a las voces de los campesinos, trabajadores y otros sectores de la economía que han sido seriamente golpeados luego de que el gobierno neoliberal de Carlos Salinas de Gortari decidiera entregar no únicamente la soberanía económica y la seguridad alimentaria del país a las trasnacionales, sino además anular el crecimiento del mercado interno, los salarios y las conquistas sociales de millones de mexicanos”.

 
Hoy como ayer, dice la publicación de Contralinea, no se toma en cuenta a la sociedad ni se hace un balance objetivo para enterar a la nación del porqué no se cumplieron las expectativas. Los tecnócratas insisten en mantener un acuerdo comercial preparándose para ceder en lo que sea necesario con tal de no cancelarlo. La opinión de los directamente afectados no cuenta, pese a que la razón les asiste. Como ayer, los actores de los sectores productivos relacionados en el tema no estarán presentes en la mesa de las negociaciones.

En poco más de dos décadas de la entrada en vigor del acuerdo comercial el agro está en quiebra y no queda huella alguna de las instituciones que en décadas pasadas apoyaban a los productores de granos, café, cítricos y otros productos, con créditos, capacitación y entrega de fertilizantes y semillas mejoradas. Las trasnacionales como Bayer, Monsanto y Cargill desplazaron las funciones de entidades como Fertimex, la Productora Nacional de Semillas (Pronase) y Conasupo.

El campo dejó de ser un productor de granos básicos para convertirse en un expulsor de mano de obra; organizaciones agrarias, incluida la oficial CNC, admiten que uno de los efectos más negativos de la puesta en marcha del TLCAN, fue la pérdida de más de 2 millones de empleos en el agro. Cifra acrecentada al paso de los años hasta calcularse en 5 millones de agricultores que debieron emigrar a Estados Unidos o dedicarse a otra actividad para no morir de hambre: Revista Contralinea

 
Pero además de la pérdida de fuentes de empleo en el agro, el tratado condujo a México a aniquilar su soberanía alimentaria. Tan sólo en 2015 y 2016 el país importó de Estados Unidos 17 mil 700 millones de dólares en productos agroalimentarios. Cabe citar que el 47 por ciento de los alimentos que consumimos no es producido por nuestros agricultores, como el caso del 80 por ciento del arroz, el 40 por ciento del trigo y el 50 por ciento de la soya.

De hecho, para cubrir nuestro consumo interno de maíz importamos anualmente de Estados Unidos unas 12 millones de toneladas del grano. Está demostrado que el acuerdo encareció los productos de la canasta básica. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) informa en este sentido que de los 55.3 millones de mexicanos en pobreza, 28 millones presentan carencia alimentaria.

Reflexión Entre Noticias

En la trama de lo que se negocia de espaldas a la gente, impera el paradigma de que todo está a la venta o todo está destinado a ser saqueado por motivaciones de lucro, proporcionándole a las corporaciones la más absoluta libertad para el cumplimiento de sus propósitos, en un espacio social dominado por el mercado, donde el concepto de “ciudadanía” tiene que ver cada vez más con presiones para zambullirse frenéticamente en el consumo, y cada vez menos con entidades de pertenencia al esfuerzo conjunto de aspirar a los mejores actos y realizaciones de la experiencia humana.

Dentro de este paradigma, el de la “soberanía neoliberal, existe un discurso carente de vocabulario autocrítico que, cuenta entre sus palabras predilectas, con aquella de “competitividad“. Discurso que suele definir las miserias humanas como el resultado de opciones personales. Miserias y desgracias humanas que, con ceguera moral, son asumidas como la base de la criminalización de los problemas sociales.

Como bien ha señalado Henry A. GIroux, “la sociedad he dejado de definirse como el espacio en el cual nutrir de los valores más esenciales y de las relaciones necesarias para una democracia. Al contrario, ha sido definida ahora como una esfera político-ideológica en la que se funden el fundamentalismo religioso y el fundamentalismo del mercado, creando la ideología globalizada de la supremacía estadounidense”.

Redacción/Entre Noticias

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Bienvenidos a la Paradoja mexicana.

Pocos países han abrazado la liberalización económica, la desregulación y la privatización con tanto entusiasmo como México”.

México es una tierra de contrastes desconcertantes. Económicamente hablando, el país es una potencia regional. Cuenta por un lado con uno de los multimillonarios “oficiales” más ricos del planeta, mientras por otro, con algunas de las peores tasas de desigualdad de ingresos en el hemisferio occidental. México, dice un texto publicado en el portal Wolf Street, se ubica en la vigésima posición en la lista de países con la mayoría de millonarios, pero tiene igualmente una de las poblaciones pobres más grande del planeta.

La publicación refiere a un estudio reciente, revelando que los mexicanos más ricos, equivalentes al 1% de la población, poseen aproximadamente la misma cantidad de riqueza que el 95% de las personas más abajo en la escala de riqueza.

El estudio, titulado “La distribución y desigualdad de los activos financieros y no financieros en México” y publicado por Miguel Ángel del Castillo Negrete del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), documenta cómo después de dos décadas y media de desenfrenado desarrollo financiero y La liberalización del comercio en México, la mayor parte de los beneficios económicos han fluido a una minúscula minoría.

“Pocos países han abrazado la liberalización económica, la desregulación y la privatización con tanto entusiasmo como México”, dijo en ese contexto a BBC Mundo Ricardo Fuentes-Nieva, director de Oxfam México. “Pero algunos grupos se beneficiaron desproporcionadamente y ahora son los más ricos”.

Desde los años 90, México cambió su economía cerrada para atraer inversión extranjera incluso en sectores tradicionalmente protegidos por el Estado, como la explotación petrolera.

“Las decisiones fueron tomadas por una élite, para beneficio de una élite, y supervisadas por la misma élite”. (Ricardo Fuentes-Nieva)

 
Muchas personas deben su inmensa riqueza a la rampante privatización de los recursos del país desatados a principios de los 90 por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, quien firmara el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canada, entrando en vigor el primero de enero de 1994.

Tal como ocurrió en la Rusia de Yeltsin, la “liberalización” de los mercados de México dio lugar a una nueva casta de oligarcas. Muchas empresas estatales fueron vendidas, pero en lugar de promover la competencia, los nuevos propietarios, con la ayuda del gobierno, aplicaron modelos cuasi- monopolísticos.

No hay mejor ejemplo de esto, dice Wolf Street, que el hombre más rico del país, Carlos Slim, sin ser el único multimillonario mexicano cuya fortuna fue construida a partir de las cenizas de los activos estatales. Más de la mitad de los 11 magnates mexicanos que figuran en la Lista Ricos de Forbes 2012 (que entre ellos controlaban una riqueza total de 130.000 millones de dólares) son o alguna vez fueron propietarios de antiguas empresas estatales . Entre ellos se encuentran propietarios o accionistas importantes de las minas (Larrea y Alberto Bailleres), empresas de telecomunicaciones (Carlos Slim y Ricardo Salinas Pliego) y bancos (Roberto González Barrera, Alfredo Harp Helú y Roberto Hernández Ramírez).

Mientras tanto, el gobierno profundamente corrupto de México, por razones obvias, no hace nada para enfrentar la principal causa de la desigualdad. Tal como ha dicho Fuentes-Nieva a la BBC, “las decisiones han sido tomadas por una élite, para beneficiar a una élite, y supervisadas por esa élite”.

Don Quijones

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A finales de junio pasado, el gobierno de Enrique Peña Nieto anunció que emprenderá sanciones contra Venezuela por menoscabar la democracia y los derechos humanos. ¿Pero tiene autoridad moral como para hacer eso?

irresponsable

A Peña Nieto y Videgaray, entre otros, se les olvida que: “El buen juez, por su casa empieza“.

Por Rubén Luengas

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, escribió en su cuenta de la red social Twitter: “Que no quepa duda: solamente por la vía pacífica, institucional y democrática podrá Venezuela resolver su profunda crisis”.

Videgaray participará de hecho en una reunión que se llevará a cabo en Lima, Perú, para abordar el tema de Venezuela, a convocatoria de su homólogo peruano, Ricardo Luna, quien al ser consultado recientemente sobre si el Perú romperá relaciones con Venezuela, respondió: “Todas las acciones están sobre la mesa”.

A finales de junio pasado, el gobierno de Enrique Peña Nieto anunció que emprenderá sanciones contra Venezuela por menoscabar la democracia y los derechos humanos en dicho país, así como por participación en actos de violencia, represión y corrupción, según informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que encabeza Luis Videgaray.

Luego de que el periódico estadounidense The Washington Post diera a conocer la conversación que Peña Nieto mantuvo con Donald Trump, en la que el mandatario estadounidense le pidió no decir a la prensa que México no pagará por la construcción de un muro fronterizo, el presidente Nicolas Maduro criticó a su homólogo mexicano calificándolo de “cobarde”.

“Peña Nieto, escúchame desde Venezuela: da vergüenza que te dejes tratar así. Yo veo a Peña Nieto como un empleado maltratado por su jefe, maltratado, abusado y violado por Trump”.

 

Luis Videgaray reaccionó y respondió las críticas que lanzó Nicolás Maduro contra Peña Nieto. A través de su cuenta de Twitter, Videgaray escribió : “Cobarde es quien usa el poder del estado para desmantelar la democracia y arremeter contra su propio pueblo”.

En junio pasado la entonces todavía canciller de Venezuela Delcy Rodríguez dijo sobre México:

“Es uno de los países con mayor desigualdad de la región. El gobierno mexicano no tiene moral para hablar de Venezuela, porque es entre otras cosas el país más peligroso para ejercer el periodismo, donde el narcotráfico ha penetrado toda institucionalidad convirtiéndolo en un estado fallido, donde los desaparecidos suman cifras espeluznantes”.

 
¿Debemos desechar los mexicanos las estimaciones de Delcy Rodríguez y envolvernos en la bandera nacional indignados por sus comentarios?

Echemos un vistazo a sólo algunos datos que indican efectivamente que México está muy lejos de ostentar credenciales que le permitan erigirse como autoridad moral ante otros países.

Según el Índice Global de Impunidad (IGI), esfuerzo académico internacional que busca medir un fenómeno multidimensional, en extremo complejo de analizar, como es el de la impunidad por país, México ocupa el segundo lugar de impunidad después de Filipinas:

“Los cinco países con los índices más altos de impunidad estudiados por el IGI son Filipinas, México, Turquía, Colombia y La Federación de Rusia”.

 
Entre Noticias invita a visitar la página del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CECIJ) para acceder a la información completa sobre el nivel de impunidad que hay en México.

Una cultura de impunidad crea un clima de inseguridad para los que practican su derecho a la libertad de expresión. Esto nos lleva a un mundo donde la gente tiene miedo de hablar. Donde se reprime la crítica. Donde las preguntas difíciles no se hacen. Donde los poderosos no se dejan desafiar. El resultado es un mundo en donde se silencia la libertad de expresión.

 
Mientras en 2005 Enrique Peña Nieto decía ante la ONU que México es un país “comprometido con la ley, los derechos humanos y la paz“, la ONU le ha pedido al gobierno mexicano “demostrar con hechos y no sólo con palabras” su compromiso contra las desapariciones forzadas en el país donde “prevalece la impunidad sin que los hechos se esclarezcan y sin que las víctimas reciban una adecuada e integral reparación“, tal como dice el informe del Grupo de Trabajo de la ONU.

La ONU pidió entonces en ese contexto que se permita el interrogatorio a los militares que estuvieron presentes en iguala la noche de la desaparición de los jóvenes normalistas.

“Es necesario que el gobierno (mexicano) asuma el problema. Que asuma la dimensión del problema de las desapariciones forzadas. El gobierno (mexicano) hasta ahora ha fracasado en asumir la gravedad de la dimensión del problema”, afirmó en conferencia de prensa el presidente del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, Ariel Dulitzky. “En México existe un patrón de impunidad generalizada y es muy preocupante porque México es una democracia establecida”, agregó Dulitzky.

 
En enero de 2015 la organización Human Rights Watch (HRW) aseguró que “México estaba enfrentando la peor crisis de derechos humanos en muchos años” y envió una carta al presidente Obama, previa a su reunión con su homólogo mexicano, solicitándole que presione a Enrique Peña Nieto para que resguarde con acciones los derechos humanos en el país que tiene uno de los registros “ probablemente más graves de violaciones en la región”, según dijo a CNN en español José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas.

¿Cuál fue entonces la reacción de Obama ante la petición de HRW? Una mención blandengue del presidente estadounidense sobre los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, en el sentido de que Estados Unidos ha seguido con preocupación el caso y el ofrecimiento de ayuda para combatir al crimen organizado.

En julio de 2015, fueron 82 congresistas estadounidenses y no La Casa Blanca quienes se mostraron más contundentes sobre la gravedad de las violaciones a los derechos humanos en México, firmando una carta enviada al Secretario de Estado John Kerry expresando su preocupación y afirmando que, en lugar de ser incidentes aislados, los casos de desaparición forzada de los 43 estudiantes de Azotzinapa, en Iguala Guerrero y el asesinato de 22 jóvenes en Tlatlaya, Estado de México, son parte de algo más generalizado:

“Estos dos casos no son incidentes aislados en México, sino que ilustran un patrón más amplio de graves violaciones a los derechos humanos en el país, incluidos casos de tortura, detenciones arbitrarias, secuestros y ejecuciones extrajudiciales”.

 
El gobierno mexicano, ya sea con el PRI o el PAN en el poder federal, carece de autoridad moral para dar cátedra de democracia. Es y ha sido en esencia un gobierno tránsfuga de la honestidad, dentro de un sistema que sigue estando muy lejos de ofrecer certeza en cuanto a resultados electorales, en procesos en los que siguen vigentes prácticas abominables como la compra del voto, la falsificación de actas, la manipulación de padrones electorales, excesos de los topes de campaña, y lo que una palabra, conocemos en México como “mapachismo” del que resulta ser complice la mediocracia, actuando tal como lo advirtiera el escritor británico G. K. Chesterton en 1917:

“Los periódicos comenzaron a existir para decir la verdad, y hoy existen para impedir que la verdad se diga”.

 
De hecho, el neoliberalismo aplicado por el gobierno de Peña Nieto, y el de sus predecesores, bajo la creencia de que el mercado debe ser el principio rector de todas las decisiones políticas, sociales y económicas, se ha empeñado en atacar constantemente a la democracia, al bien común y a los valores que no se hayan mercantilizado todavía. Con el Neoliberalismo, citando a Henry A. Giroux (The Terror of Neoliberalism; Authoritarianism and the Eclipse of Democracy): “todo está a la venta o ha sido saqueado en forma de lucro“.

Mientras el gobierno de Peña Nieto se ha mostrado dócil, obediente y muy veloz en responder a las exigencias para que México ocupe el lugar que le ha sido designado en la globalización neoliberal, Peña Nieto no dice ni una sola palabra ante la evidencia de una administración autoritaria encarnada en la figura de Donald Trump, simpatizante del nacionalismo blanco, con nombramientos en su gabinete conformados principalmente de generales, belicistas, supremacistas blancos, islamófobos, multimillonarios de Wall Street, antiintelectuales, incompetentes, negadores del cambio climático y fundamentalistas del todo poderoso dios mercado.

Termino esta reflexión recordando las palabras del escritor mexicano Fernando del Paso al recibir en abril de 2016 el Premio Cervantes de Literatura.

Las cosas no han cambiado en México sino para empeorar”, dijo el autor de “José Trigo”, “continúan los atracos, las extorsiones, los secuestros, las desapariciones,los feminicidios, la discriminación, los abusos de poder, la corrupción, la impunidad y el cinismo”.

Luego agregó el reconocimiento de un sentimiento –“criticar a mi país en un país extranjero me da vergüenza”-, pero continuó: “Me trago esa vergüenza y aprovecho este foro internacional para denunciar a los cuatro vientos la aprobación en el Estado de México de la bautizada como Ley Atenco, una ley opresora que habilita a la policía a apresar e incluso a disparar en manifestaciones y reuniones públicas a quienes atenten, según su criterio, contra la seguridad, el orden público, la integridad, la vida y los bienes, tantos públicos como de las personas. Subrayo: es a criterio de la autoridad, no necesariamente presente, que se permite tal medida extrema”.

Fernando del Paso, desde su silla de ruedas agregó una advertencia que necesita oídos, voluntades y conciencias.

Esto pareciera tan solo el principio de un estado totalitario que no podemos permitir. No denunciarlo, eso sí que me daría aún más vergüenza”.

Vergüenza debiera darles también a quienes desde el poder, han contribuido cínicamente al estado tan lamentable de impunidad, corrupción y muerte en el que se encuentra México.

“El buen juez, por su casa empieza”.

 


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