Desde 1986, cuando se implementó el llamado IRCA hasta el presente, el presupuesto para el control de la frontera ha aumentado 15 veces.
Por Miguel Tinker Salas
Segunda parte de un exhaustivo ensayo sobre el tema inmigratorio en Estados Unidos. ¿Cuáles son las medidas que proponen nuestros políticos, qué puede ser razonable y que se vislumbra como una amenaza para la comunidad latina? ¿Cuáles son los siguientes pasos para avanzar en la materia?
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Los parámetros de la llamada Reforma de 2013
La presente propuesta sigue partiendo de punto de vista punitivo, su principal premisa sigue siendo que hay que primero castigar a los indocumentados antes de considerar legalizar su estado migratorio. Esto es producto de un discurso vitriólico, irritante, que ha transcurrido en este país desde la década de los ‘90 donde conservadores e incluso supuesto intelectuales liberales proponían que el inmigrante latino y latina no era “asimilable” y representaba un reto fundamental a la cultura euro-americana de este país.
Algunos llegaron a plantear que la supuesta “latino-americanización” de los Estados Unidos era parte de un plan que buscaba la reconquista de un territorio que antes perteneció a México. A esto se le sumó la histeria colectiva después de los atentados del 11 de septiembre de 2011, donde los inmigrantes, y por consiguiente la frontera sur, representaban una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos. Vale destacar que los únicos individuos arrestados por perpetuar actos terroristas fueron detenidos en la frontera con Canadá. Y también vale recalcar que el presidente Obama ha sido partícipe en este discurso punitivo. Su administración se negó a cancelar el programa llamado “Comunidades Seguras” (Secure Communities) iniciado por Bush, donde una persona arrestada por cualquier infracción era entregada al Departamento de Inmigración. Bajo Obama, el plan se propagó incorporando más jurisdicciones y resultando en la deportación de más 1.5 millones de personas durante su primera administración.
El discurso de la seguridad fronteriza
Desde 1986, cuando se implementó el llamado IRCA hasta el presente, el presupuesto para el control de la frontera ha aumentado 15 veces. Según un estudio reciente, el gobierno federal ha invertido 186 mil millones dólares en la llamada protección de la frontera. Hoy día más de 22 mil agentes fronterizos patrullan las fronteras de los Estados Unidos. Sólo en 2012 la administración de Obama asignó más de 18 mil millones de dólares para la defensa de la frontera.
La frontera, especialmente la línea divisoria entre México y Estados Unidos, está altamente militarizada: en el cielo operan drones, dirigibles, aviones, helicópteros, y en el mar barcos patrulleros. En la tierra hay sistema de radares y una red de detectores electrónicos que captan hasta el movimiento de un simple conejo. Además están las famosas murallas, los sistemas de iluminación, múltiples anillos de protección e innumerables kilómetros de cercos. Donde antes pasaban cientos de miles de personas, hoy en día la inmigración indocumentada se ha reducido dramáticamente. En el 2000 se capturaron 1.7 millones de personas y en el 2011 el número bajó a 365 mil en todo el país, una reducción del 78%. En Arizona, estado que manipuló el tema de la inmigración para impulsar una ley racista SB 1070, las arrestos fronterizos en el 2012 bajaron a 124 mil, un descenso del 43%. Mientras han bajado los arrestos en la frontera, la administración de Obama se niega a detener las deportaciones, aún durante el período en que se discute la reforma migratoria.
¿Quién beneficia del discurso sobre la continua militarización de la frontera? No es coincidencia que tanto el presidente como los senadores patrocinando la propuesta de inmigración han ligado el tema de la legalización a la necesidad de proteger la frontera. Después de una década de discurso vitriólico, tanto republicanos como demócratas se ven obligados a usar este lenguaje para ahora justificar su apoyo a una reforma migratoria.
Más allá de factores políticos, hay otra razón que estimula la propuesta sobre la necesidad de militarizar aún más la frontera. La militarización representa un subsidio económico para lo que el ex presidente Dwight Eisenhower llamó el “complejo militar industrial”, pero que ahora se podría describir como el “complejo militar y político fronterizo”. Este aparato ya representa toda una industria que anticipa seguir obteniendo contratos lucrativos para seguir militarizando la frontera.
¿Qué es aceptable?
Sin duda, como parte de toda negociación política, para lograr la legalización de millones tendremos que aceptar condiciones que no son siempre de nuestro agrado. Es obvio que para comenzar el proceso habrá que pagar impuestos, sean federales o estatales. En un momento donde existen grandes déficits en los presupuestos, tanto el gobierno federal como los estales desean aumentar sus ingresos. El aumento de millones de personas formalmente pagando impuestos federales también serviría para rescatar programas como el Seguro Social que está bajo constante presión dado el dramático envejecimiento de la población.
El hecho de pagar una multa, aún cuando sea de carácter punitivo, busca cubrir los costos de cualquier aumento burocrático que sea necesario para implementar la nueva reforma migratoria. La realidad es que los departamentos del gobierno responsables por los trámites de inmigración no están capacitados para procesar 11 o 12 millones de solicitudes nuevas. El actual aparato burocrático no logra procesar adecuadamente las solicitudes que tiene. Hay casos de personas que han solicitado regularizar su estado migratorio y que han esperado años mientras que otros han muerto antes de que se resuelva su caso.
¿Qué causa preocupación?
Aunque se han planteado los lineamientos generales de una reforma de inmigración todavía falta ver los detalles. Por ejemplo, qué implica ir “al final de la cola”, dado el hecho que la burocracia administrativa no logra superar las solicitudes que tiene. No sería justo que las personas solicitando regularizar su estado permanezcan en limbo una década pagando impuestos pero sin acceso a beneficios como la salud o la jubilación.
Parte esencial de esta reforma es el nuevo impulso que se le da a la llamada verificación electrónica (E-Verify) para determinar el estado legal de una persona solicitando empleo. Unos de los problemas que ha habido con este sistema son el estado de la base de datos y la confusión que existe con apellidos comunes como López o González. Muchos temen que el sistema de E-Verify sirva como pretexto para la imposición de una tarjeta única de identidad nacional, proyecto que ha sido impulsado en múltiples ocasiones por las agencias de seguridad nacional y que infringe aún más los derechos de privacidad de los individuos en los Estados Unidos.
Esta propuesta también incluye trabajadores huéspedes, aún cuando hay millones de personas desempleadas, lo que resalta el papel de la industria agrícola en estas negociaciones. ¿Cómo se va justificar un programa de trabajadores huéspedes (temporales) cuando el nivel de desempleo nacional todavía está cerca del 8% de la población? ¿Si se aprueba un plan de trabajadores huéspedes, cómo se aseguran sus derechos? ¿Cuánto ganarán, podrán organizarse, tendrán accesos a un plan de salud y un plan de retiro? ¿O serán una simple mano de obra explotable como fueron los braceros en el pasado? En su esencia esto es un tema de Derechos Humanos que no se puede simplemente excusar por su categoría de temporal.
Los siguientes pasos
El principal obstáculo a una reforma a leyes de inmigración está en la Cámara de Representantes. Los republicanos dominan la cámara baja y algunos miembros del Partido del Té (Tea Party) han indicado que se oponen a cualquier reforma que permita la legalización de personas indocumentadas. Hace sólo un año la plataforma del Partido Republicano elogiaba las acciones de Arizona y Alabama por expulsar a los inmigrantes latinos. Todavía falta ver si los dirigentes del partido republicano que han manipulado el odio, el miedo y el racismo como táctica política ahora podrán controlar a sus propios miembros y obligarlos a votar en favor de una ley.
El Presidente Obama ha amenazado que si el Congreso no actúa pronto el mismo introducirá una propuesta y la someterá a voto. Esperemos que esto no sea otra promesa incumplida de un presidente que ya prometió en el 2008 introducir una reforma migratoria en los primeros 100 días de su administración. La comunidad latina está esperando, pero no con los brazos cruzados. Si no se actúa este año se puede anticipar que el costo político para ambos partidos será alto.
Crédito foto: Policymic
