Nada ha sido sencillo en esta historia que se inició en 1964, cuando la entonces petrolera Texaco, en conjunto con la estatal ecuatoriana Petroecuador, comenzaron la explotación de pozos de crudo en la selvática región del Lago Agrio, en el noroeste el país.
La contaminación en la amazonía ecuatoriana está a la vista de todos, pero complejos escenarios legales han impedido que los responsables paguen los perjuicios.
“Crudo” significa algo raso, sin refinamiento, y de forma figurativa se utiliza para denominar algo que es despiadado y cruel. Paradójicamente, también hablamos de “crudo” cuando nos referimos al petróleo en su condición básica, sin procesarse.
Toda esta semántica converge en el caso que enfrenta a las comunidades indígenas de la amazonía ecuatoriana con la compañía estadounidense Chevron.
Nada ha sido sencillo en esta historia que se inició en 1964, cuando la entonces petrolera Texaco, en conjunto con la estatal ecuatoriana Petroecuador, comenzaron la explotación de pozos de crudo en la selvática región del Lago Agrio, en el noroeste el país.
Desestimando mecanismos de remediación medioambiental que son obligatorios en otros países como Estados Unidos, Texaco dejó múltiples desechos tóxicos sin tratamiento en medio de la selva, contaminando de manera profunda e irreversible la flora, fauna y las fuentes de agua limpia del sector cuando abandonaron sus faenas en 1992.
La superficie afectada es del tamaño del estado de Rhode Island. Se estima que durante sus operaciones, Texaco dejó 16,8 millones de galones de petróleo vertidos en cuencas y microcuencas hidrográficas, más de 18,5 mil millones de litros de agua tóxica en 627 piscinas y habría quemado unos 235.000 millones de pies cúbicos de gas. Puede revisar los daños haciendo click aquí.
Demanda contra Chevron-Texaco
Para los indígenas que vivían en la zona del Lago Agrio, provincia de Sucumbios, la irrupción de la actividad petrolera significó un perjuicio irreversible en su salud y en su calidad de vida debido a la contaminación de las aguas. Por ello, junto a abogados estadounidenses, decidieron entablar una demanda criminal contra Texaco, que originalmente fue realizada en los Estados Unidos.
Sin embargo, el juez federal estadounidense Jed Rakoff dictaminó en 2001 que el caso debía ser escuchado en Ecuador, donde sucedieron los eventos. La demanda entonces fue ingresada en el país sudamericano. Ese mismo año, Chevron compró Texaco, convirtiéndose en la segunda compañía petrolera más grande de Estados Unidos.
La corte ecuatoriana de Nueva Loja sentenció en 2011 que Chevron era culpable de los daños medioambientales en la amazonía ecuatoriana, y condenó a la compañía al pago de 19.000 millones de dólares.
Este 12 de noviembre de 2013, tras apelación de la defensa, la Corte Suprema de Ecuador revisó el caso y ratificó la condena contra la petrolera, sin embargo, bajó significativamente las sumas de indemnización por el perjuicio a 9.500 millones de dólares.
Un proceso aletargado y complejo
Chevron ha buscado distintos mecanismos y subterfugios legales para evitar el pago de los daños ambientales a los demandantes, a las comunidades indígenas afectadas de Lago Agrio.
Tras el primer fallo adverso de la justicia ecuatoriana, la petrolera denunció ante tribunales estadounidenses a los querellantes, mediante el acta RICO, acusando al abogado Steven Dozinger de prácticas ilegales para obtener un veredicto favorable. También entablaron una demanda contra el estado de Ecuador en tribunales internacionales de arbitraje en La Haya, con base de los acuerdos de Liberación de Responsabilidades que el Gobierno de Ecuador firmó con TexPet en 1995 y 1998.
Para el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, todas estas acciones son equívocas en cuanto se trata de un caso de particulares, entre las comunidades indígenas afectadas y la petrolera Chevron. “»Chevron-Texaco dejó de operar en Ecuador en 1992, y el tratado con Estados Unidos recién entró en vigor en 1997, es decir que están aplicando retroactivamente el tratado», declaró el mandatario, agregando que «Estos tratados no aplican para un juicio entre privados».
El presidente Correa sostuvo que el principal testigo de Chevron «es un juez corrupto ecuatoriano al cual están pagando 10.000 dolares mensuales», y tachó el juicio en Estados Unidos como una «pantomima».
En tanto, varias prominentes organizaciones medioambientales, como Amazon Watch, el Sierra Club, 350.org y la Food and Water Watch, realizaron una declaración conjunta condenando las acciones legales de Chevron para diluir su responsabilidad en este caso. «Las acciones de Chevron sentan un peligroso precedente y representan una creciente y seria amenaza a la capacidad de la sociedad civil para hacer a las corporaciones responsables de sus delitos alrededor del mundo», dice el comunicado. Además, la Corte de Apelaciones de Ontario (Canadá), ha dado luz verde para que 47 pobladores de la selva ecuatoriana puedan demandar a Chevron en esa juridicción, lo que podría eventualmente afectar los activos que la petrolera pudiera tener en Canadá.
El gobierno del Ecuador ha lanzado la campaña “Las manos sucias de Chevron”, para dar cuenta de los daños medioambientales que la petrolera dejó en la amazonía. Para mayor información al respecto, puede revisar la página oficial de la campaña (haga click aquí).
Crédito fotografía: Walker Vizcarra / Pressenza. El presidente ecuatoriano visita las zonas afectadas y muestra los daños ambientales por la actividad petrolera.
El realizador estadounidense Joe Berlinger documentó en su obra “Crude” (Crudo) todo este proceso en 2009. Le invitamos a ver el completo documental:
