Jesús Murillo Karam, procurador de la República Mexicana afirma que los 28 cuerpos de una de las primeras fosas comunes clandestinas encontradas, no pertenecen a los estudiantes desaparecidos el pasado 26 de septiembre en Ayotzinapa, México. Aún falta verificar otras fosas encontradas, sin embargo esto da esperanza a familiares, de hallar a los desaparecidos con vida.
El misterio sobre el destino de los 43 estudiantes desaparecidos en México desde un ataque de policías y sicarios se profundizó este martes al asegurar las autoridades que no se encuentran entre los primeros 28 cadáveres hallados en fosas comunes.
Las autoridades temían que entre esos restos estuvieran algunos de los jóvenes desaparecidos el 26 de septiembre en Iguala (sur) por declaraciones de dos integrantes del cártel local Guerreros Unidos, que habrían asegurado que en ese lugar asesinaron a 17 de los estudiantes.
Pero tras diez días de peritajes a esos restos calcinados «les puedo decir que no corresponden a los ADN que los familiares de estos jóvenes» proporcionaron, anunció el fiscal general, Jesús Murillo Karam, en una conferencia de prensa.
Otras fosas han sido encontradas posteriormente con un número no determinado de cuerpos que siguen siendo analizados.
Sin embargo, Murillo Karam recalcó que unos 900 policías federales se mantienen en la zona para dar con estos jóvenes que por ahora, dijo, considera «secuestrados».
El fiscal no se pronunció sobre las posibles identidades de estos 28 primeros cadáveres analizados.
Situada a 200 km de Ciudad de México, la ciudad de Iguala es disputada por cárteles del narcotráfico que acostumbran a ocultar bajo tierra a sus víctimas.
El anuncio de Murillo Karam dio una inyección de esperanza a los familiares de los desaparecidos, quienes siempre han negado que sus hijos estuvieran en esas fosas y aseguran que en realidad siguen secuestrados por policías de Iguala fugitivos.
«Vamos a seguir buscándolos hasta encontrarlos», dijo a la AFP la hermana de uno de los jóvenes en Chilpancingo, capital de la región de Guerrero, donde centenares de estudiantes han intensificado sus protestas.
Los 43 desaparecidos, la mayoría de entre 18 y 21 años, están en paradero desconocido desde que fueron víctimas de brutales ataques por parte de policías de Iguala y pistoleros de los Guerreros Unidos, que dejaron seis muertos.
En el momento del tiroteo, los estudiantes se habían apoderado de autobuses para volver a su escuela rural de Magisterio en la cercana Ayotzinapa.
Más policías detenidos
Este caso, que mantiene conmocionado a México y ha generado reclamos de organismos como la ONU, desnudó de nuevo la necesidad del país de purgar sus autoridades y policías corruptas.
Se deben «tomar medidas que permitan evitar que eventos como el ocurrido en Iguala se vuelvan a repetir», subrayó este martes el presidente Enrique Peña Nieto.
Decenas de los desaparecidos fueron vistos por última vez a bordo de patrullas policiales y 26 agentes de Iguala se encuentran entre los alrededor de 50 detenidos.
Las autoridades siguen en la búsqueda del alcalde de Iguala y su esposa, quien tiene familiares vinculados al narcotráfico. Las pruebas de la infiltración del cártel con las autoridades de la zona siguen apareciendo y el fiscal anunció este martes la captura de 14 policías de la vecina localidad de Cocula.
Estos policías, con la ayuda de un administrador también detenido, habrían falsificado sus bitácoras oficiales para ocultar que esa noche se desplazaron a Iguala y entregaron los estudiantes a miembros de los Guerreros Unidos.
Entre Noticias/AFP
