La violación de los derechos humanos y la democracia son realidades incompatibles
Por Rubén Luengas
Está en México , Zeid Ra’ad Al Hussein, el primer asiático, musulmán y árabe, en ocupar desde septiembre de 2014 el puesto de máxima responsabilidad de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
En su reciente discurso ante la asamblea general de Naciones Unidas, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, habló muy alegremente sobre el “respeto” a los derechos humanos en su país: “México es una nación plenamente comprometida con la ley, los derechos humanos y la paz”, aseguró el mandatario.
Si lo anterior fuera una verdad respaldada con la evidencia de datos arrojados por la realidad, el Alto Comisionado habría pisado el suelo de un país muy distinto al que describe el Índice Global de Impunidad (IGI), al colocar a México en el “segundo lugar de impunidad después de filipinas”. Muy distinto a lo dicho también por la propia ONU al pedirle recientemente al gobierno mexicano que “demuestre con hechos y no con palabras” su compromiso en contra de las desapariciones forzadas en México, país donde, dijo el Informe del Grupo de Trabajo del organismo, “prevalece la impunidad de manera crónica y generalizada sin que estos hechos se esclarezcan y sin que las víctimas reciban adecuada e integral reparación”.
Aún más recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), aseguró haber constatado “la grave crisis de derechos humanos que vive México, caracterizada por una situación extrema de inseguridad y violencia; graves violaciones, en especial desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura; niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares”, concluyó este órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
En respuesta, el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación de México, Roberto Campa Cifrián, aseguró en una conferencia de prensa que las observaciones presentadas por la CIDH “no reflejan la situación general del país”.
El lunes pasado, más de 100 organizaciones de defensa de garantías fundamentales en México suscribieron una carta al Alto Comisionado Zeid Ra’ad Al Hussein, expresándole que “el gobierno de Enrique Peña Nieto insiste en negar la realidad” sobre la “grave y generalizada” crisis de derechos humanos y, por ello le solicitaron que asuma una posición “proactiva” en el monitoreo de violaciones a derechos humanos en México.
Sobre el papel, México cuenta con una “legislación ejemplar” habiendo suscrito los acuerdos y convenios internacionales más trascendentes en esta materia, pero el problema, reconoció en marzo de este año el propio titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, es que “esa legislación no se ve reflejada significativamente en la práctica y que “el reto consiste en trasladar esas leyes a la cotidianidad”.
¿Ante qué estamos entonces cuando el gobierno mexicano niega la gravedad de lo señalado por las instancias nacionales e internacionales antes mencionadas? ¿Ante la pérdida de contacto con la realidad, ante delirios e ideas falsas sobre los acontecimientos?
Diversos grupos y organizaciones en México, han documentado, por citar un ejemplo, que el despliegue militar “contra el crimen organizado” ha derivado en graves violaciones a derechos fundamentales dando a conocer cifras alarmantes: 102 mil 696 homicidios, intencionales, de los cuales “al menos 70 mil son ejecuciones extrajudiciales”; 4 mil 55 denuncias de tortura ante la Procuraduría General de la República (PGR), de las cuales mil 207 son atribuidas a militares; 25 mil 821 personas desaparecidas según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, y 281 mil 418 desplazados internos por la violencia. Dentro de un contexto más general en el que alrededor de 80 periodistas han sido asesinados y otros 17 desaparecidos, además de un promedio de seis crímenes diarios cometidos contra mujeres que colocan a México en el lugar 16 en feminicidios a nivel mundial.
¿Con qué cara puede el presidente de México hablar ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y decir, en contradicción flagrante con los hechos, eso de que “México es una nación plenamente comprometida con la ley, los derechos humanos y la paz”? ¿Por qué si su gobierno está comprometido plenamente con los derechos humanos, en vez de defenderse como gato panza arriba ante los señalamientos, no acepta mejor el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por por organismos internacionales y les arrebata la iniciativa encabezando la práctica de acciones contundentes y transparentes que no dejen lugar a dudas sobre su comportamiento en tan delicada materia?
La respuesta es muy simple: hay demasiada ropa sucia en casa. Al igual que muchos de sus predecesores, Peña Nieto no tiene en lo más mínimo las características de un estadista, sino las de un político- gerente colocado en el poder con el encargo de profundizar el establecimiento de condiciones que generen confianza y certidumbre para los negocios propios de la era de la globalización, entendida como el proceso aceleradamente en curso que profundiza y amplía las relaciones y la interdependencia de países, en los que la política ha sucumbido ante los intereses económicos, los Estados y sus legislaciones ante el Capital y los seres humanos ante el consumismo irracional y la dictadura del Mercado, que obliga a colocar el concepto de “beneficios sociales” en el basurero de la historia.
Durante la VII Cumbre de las Américas realizada en abril de este año en Panamá, Enrique Peña Nieto dijo que el modelo impulsado por su gobierno es “un modelo de libre mercado, pero de amplio sentido social” y que por ello promovió las reformas que se han concretado durante su administración. Una de estas reformas, la energética, le valió de manera muy particular el aplauso y reconocimiento del presidente Barack Obama en estos términos: “A veces el deshacer reglamentaciones es políticamente difícil, por eso admiro mucho el trabajo que hizo Enrique (Peña Nieto) en el sector energético de México. Es algo muy sensato, pero al mismo tiempo muy difícil. Lo que él vio y lo que todo México reconoció es que este sector no va a ser eficiente sin el insumo, innovación e inversión del sector privado que necesita”, dijo Obama.
¿Pero qué ha dicho Obama sobre el segundo lugar de México en impunidad sólo detrás de Filipinas? ¿Qué acerca de que en México “prevalece la impunidad de manera crónica y generalizada” según el Informe del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas?
En enero de 2015 la organización Human Rights Watch (HRW) aseguró que “México estaba enfrentando la peor crisis de derechos humanos en muchos años” y envió una carta al presidente Obama, previa a su reunión con su homólogo mexicano, solicitándole que presione a Enrique Peña Nieto para que resguarde con acciones los derechos humanos en el país que tiene uno de los registros “ probablemente más graves de violaciones en la región”, según dijo a CNN en español José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas.
¿Cuál fue la reacción de Obama ante la petición de HRW? Una mención blandengue del presidente estadounidense sobre los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, en el sentido de que Estados Unidos ha seguido con preocupación el caso y el ofrecimiento de ayuda para combatir al crimen organizado. ¿Tendrá que ver esa posición tan decaída de Obama con la contundente afirmación de que Estados Unidos “es un sistemático transgresor de los derechos humanos”, según el Informe Mundial 2015 de HRW presentado en enero de 2015?
Dicho informe resalta temas como el informe del Senado sobre tortura realizada por la CIA , señalando que a pesar de que Obama repudió esa práctica, en los hechos, “se ha negado a investigar” y a buscar que se juzgue a quienes ordenaron esos actos de tortura.
En julio de este año, fueron 82 congresistas estadounidenses y no La Casa Blanca quienes se mostraron más contundentes sobre la gravedad de las violaciones a los derechos humanos en México, firmando una carta enviada al Secretario de Estado John Kerry expresando su preocupación y afirmando que, en lugar de ser incidentes aislados, los casos de desaparición forzada de los 43 estudiantes de Azotzinapa, en Iguala Guerrero y el asesinato de 22 jóvenes en Tlatlaya, Estado de México, son parte de algo más generalizado: “Estos dos casos no son incidentes aislados en México, sino que ilustran un patrón más amplio de graves violaciones a los derechos humanos en el país, incluidos casos de tortura, detenciones arbitrarias, secuestros y ejecuciones extrajudiciales”.
Concluye este miércoles la visita a México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tras haberse reunidos con autoridades del más alto nivel, incluida una reunión con el presidente Peña Nieto.
¿Algo nuevo bajo el sol en materia de derechos humanos en México tras su visita?
