Por lo tanto, DAPA, la Acción Diferida para padres de residentes o ciudadanos estadounidenses, y la expansión de DACA, que hubiera protegido a más inmigrantes que llegaron en la infancia, aún no podrán implementarse.
En la decisión judicial, detallada en un documento de 70 páginas, los jueces federales Jerry Edwin Smith y Jennifer Walker Elrod reafirmaron que la implementación de DAPA y la expansión de DACA provocaría un perjuicio financiero, tal como lo argumentaron los 26 estados que presentaron una demanda para bloquear las medidas migratorias. Debido a ello, votaron en favor de mantener el bloqueo a las acciones ejecutivas.
La jueza Carolyn Dineen King fue el único voto opositor y declaró en su fallo de 53 páginas, que el bloqueo de las medidas por el Juez Andrew S. Hanen fue un error y que la evidencia presentada demuestra que esa medida cautelar no tiene justificación para seguir en pie.
La decisión de la Corte de Apelaciones significa que el próximo paso, tal como se anticipaba, será llevar el caso a la Corte Suprema de los Estados Unidos.
El portavoz del Departamento de Justicia, Patrick Rodenbush, se pronunció contra fallo
«El Departamento de Justicia está en desacuerdo con el fallo contrario del Quinto Circuito sobre la apelación de la orden preliminar del tribunal», dijo Rodenbush.
«El Departamento está comprometido con dar pasos que resuelvan el litigio de la inmigración tan rápido como sea posible, para permitirle al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) que traiga una mayor rendición de cuentas a nuestro sistema de inmigración al priorizar la deportación de los peores agresores, no de las personas que tienen vínculos prolongados con Estados Unidos y que están criando hijos estadounidenses».
Este dictamen no afectará a quienes califican según los actuales requisitos de DACA, que continúa en vigor. Solo impide la implementación de la ampliación del programa.