Los negociadores se iban a reunir para decidir sobre un sistema judicial en que las grandes multinacionales podrían demandar a los gobiernos.
Treinta activistas de siete países, entre ellos varios españoles, se han encadenado a la entrada del centro de conferencias donde el encuentro iba a tener lugar. Algunos activistas han escalado la fachada del edificio para desplegar una gran pancarta que muestra una señal de trafico de ‘callejón sin salida’ que decía: “TTIP: acuerdo comercial, callejón sin salida”.
En los dos años y medio transcurridos desde que comenzaron las negociaciones sobre el TTIP, las delegaciones han mantenido en secreto el desarrollo de las mismas, mientras que los documentos filtrados han mostrado las amenazas para la legislación ambiental, sanitaria y laboral. No hay ninguna razón para creer que esta ronda de conversaciones será diferente. «Aunque se auto denomine acuerdo de comercio e inversión, el TTIP no trata sobre relaciones comerciales. Estas negociaciones buscan la manera de transferir el poder de las personas a las grandes empresas. Lo que la Comisión Europea llama barreras comerciales son, de hecho, las garantías que mantienen los pesticidas tóxicos fuera de nuestros alimentos o los contaminantes peligrosos alejados del aire que respiramos. Los negociadores, que se suponía iban a reunirse en secreto hoy, quieren debilitar estas medidas de seguridad para maximizar los beneficios empresariales, sean cuales sean los costes para la sociedad y el medio ambiente. Es nuestra responsabilidad denunciar estas negociaciones y dar voz a los millones de personas que se oponen a este acuerdo comercial», ha declarado Miguel Ángel Soto, portavoz de Greenpeace España.
Los equipos negociadores de la Comisión Europea y del Departamento de Comercio de Estados Unidos comienzan hoy una ronda de conversaciones de cinco días de duración sobre el polémico plan para permitir a los inversores extranjeros cuestionar las normas y leyes que protegen a las personas y el medio ambiente, en particular sobre los alimentos, la contaminación química y la energía. El esquema elaborado por la Comisión, conocido como Sistema Judicial de Inversiones (ICS), crearía una nueva categoría de jurisdicción cuasi-judicial para defender los intereses de los inversores y por encima del estado de derecho de los países europeos.
A juicio de Greenpeace, el ICS propone:
Establecer un sistema judicial privilegiado al permitir que las grandes multinacionales eludan los tribunales nacionales.
Permitir a los jueces del ICS, que no están asignados permanentemente a ese sistema judicial, actuar también como abogados para esas corporaciones, generando un grave conflicto de intereses.
Permitir un tratamiento preferencial para las empresas extranjeras frente a las empresas nacionales o locales.
Hacer caso omiso a los principios democráticos y el derecho de los gobiernos a adoptar y hacer cumplir las leyes.
Tener un efecto paralizante sobre las autoridades públicas por influir negativamente a la hora de adoptar y hacer cumplir las normas de interés público, por temor a ser desafiado por la demanda de una gran corporación.
“El plan de la Comisión de crear un tribunal especial para proteger los beneficios empresariales es una amenaza para la democracia y el estado de derecho. Se discrimina a las empresas locales y pone en peligro el derecho de los gobiernos a adoptar leyes que son de interés público. Las empresas multinacionales no están por encima de la ley. Las mismas reglas deben aplicarse a ellos como a todos los demás ”, ha declarado el portavoz de Greenpeace.
El objetivo del TTIP es eliminar las “barreras” al comercio entre la UE y los EEUU para proteger las inversiones extranjeras por encima de todo. Dado que los aranceles sobre el comercio entre ambos lados del Atlántico son ya muy bajos, el foco de las negociaciones está en la eliminación de barreras “no arancelarias”, es decir, las leyes y reglamentos que rigen casi todos los sectores de la economía, desde la agricultura hasta los textiles, pasando por las finanzas.
La oposición al TTIP está creciendo en Europa, generando un movimiento europeo que incluye un amplio rango de colectivos y sectores, incluidas las ONG, el sector de la salud, asociaciones de jueces o las pequeñas empresas. Millones de personas han firmado peticiones y salido a las calles en defensa de las normas de la UE sobre seguridad de los alimentos, los productos químicos tóxicos, la salud y los derechos de los trabajadores.
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