“Tenemos las arcas absolutamente vacías (…) Estamos al borde del colapso como nunca antes”, reconoció en un artículo de opinión publicado en el diario español El País y titulado “Al borde del abismo”.
Si los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (CIDH) no destinan más dinero a la CIDH, tendrán que despedir en agosto al 40% de su personal y quedarse con “una plantilla de 48 funcionarios a cargo de proteger los derechos humanos de mil millones de personas que habitan este continente”, advirtió Cavallaro.
La Comisión informó que debido a la crisis financiera por la que atraviesa el organismo, la CIDH ya se ha visto “obligada a suspender la realización de las visitas previstas para este año, así como de los períodos de Sesiones 159 y 160, programados originalmente para julio y octubre”.
Y agregó: “No podremos realizar visitas a los países que tenemos que monitorear, no podremos hacer las audiencias públicas donde se exponen problemáticas de derechos humanos ni reuniones de trabajo para coordinar medidas de protección urgentes para personas en riesgo”. “No exagero cuando digo que esta crisis es una tragedia para este continente”, advirtió Cavallaro.
El 31 de julio, perderemos al 40% de nuestro personal por crisis financiera https://t.co/emumecrkom #CIDHenCrisis
— CIDH (@CIDH) 31 de mayo de 2016
La Comisión Interamericana hizo un llamado a los países miembros, los países observadores y otros posibles donantes a realizar “aportes financieros urgentes y de libre disposición” para evitar los despidos del personal de la CIDH y poder reprogramar los períodos de sesiones, las visitas y el desarrollo de todas las actividades previstas para 2016.
La Comisión hizo hoy “un enérgico llamado” a los Estados miembros de la OEA a asumir “su responsabilidad con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.
La CIDH espera que la próxima Asamblea General de la OEA, que tendrá lugar del 13 al 15 de junio en la República Dominicana, aumente “de forma radical” el presupuesto del fondo regular del organismo y asigne a la CIDH y al Sistema Interamericano de Derechos Humanos en general “los recursos necesarios para el cumplimiento del mandato asignado por los propios Estados”.
