Ocurrida la suspensión temporal de Rousseff, se espera que el sucesor interino Michel Temer inicie duros ajustes inmediatos en los primeros días de su mandato que incluyen recortes presupuestales y propuestas de reforma tributaria.
Tras más de 20 horas de sesión, en la madrugada de este jueves con 55 votos a favor, 22 en contra y 1 abstención (con participación de 78, siendo 81 miembros del cuerpo colegiado), llega a una conclusión el proceso de impeachment iniciado por la oposición en el Congreso de Brasil que ha decidido que Dilma Rousseff sea, durante los próximos seis meses, apartada de la jefatura del Estado, tiempo en que la mandataria será sometida a juicio bajo la acusación de supuesta violación de normas fiscales al incurrir, afirman, en maniobras contables «ilegales» para «maquillar» los resultados del gobierno en 2014 y 2015, modificar los presupuestos mediante decretos, acumular deudas y contratar créditos con la banca pública. Durante este período las autoridades brasileñas se encargarán de encontrar las pruebas, mismas que no fueron presentadas ni en la Cámara baja, ni en el Senado, pese a lo cual fue aprobado el juicio político, por lo cual la suspensión de la funcionaria ha sido calificada ya de un golpe de Estado.
Durante los próximos 180 días el Senado presidido por Ricardo Lewandowski, presidente del Supremo Tribunal Federal, máxima corte de Brasil, será el encargado de juzgar el proceso impeachment contra la aún mandataria, quien seguirá estando bajo la defensa del Abogado General de la Unión José Eduardo Cardozo, quien pertenece al mismo Partido de los Trabajadores de Rousseff, pero deberá dejar el cargo.
Rousseff podrá hacer uso de las instalaciones de la residencia oficial del Palacio da Alvorada y tendrá a su disposición un equipo de funcionarios, según lo afirma la página de noticias del Senado brasileño.
Michel Temer, sucesor interino de Dilma Rousseff
Michel Temer, el sucesor interino
Durante los próximos 180 días o en su defecto hasta 2019 en el caso de que la actual mandataria fuera definitivamente destituida, el cargo de la más alta magistratura de Brasil será ocupada por el vicepresidente Michel Temer, del que se diera conocer su pasado como informante de la CIA según Wikileaks, del Partido Democrático do Movimento Brasileiro (PMDB), que el pasado 29 de marzo abandonara la coalición de Gobierno, no así la vicepresidencia.
Ocurrida la suspensión temporal de Rousseff, se espera que el sucesor interino Michel Temer inicie duros ajustes inmediatos en los primeros días de su mandato que incluyen recortes presupuestales y propuestas de reforma tributaria. La principal amenaza apunta a ser el tema laboral, puesto que todo apunta a que se pedirá un aumento en el limite de edad para la jubilación y leyes más flexibles en las relaciones de trabajo, lo que colocaría en incomoda situación a las luchas por mejorar las condiciones laborales, dando prioridad a la participación extranjera en la economía del país y reformando el sistema de pensiones.
Michel Temer tiene listo su gabinete
Sin mujeres ni negros en el gabinete
Temer, el sucesor interino de Rousseff, ha anunciado ya a los personajes que conformarán su gabinete, designando a 21 ministros, todos hombres blancos y en su mayoría políticos y empresarios. Entre los nombres mencionados destaca el del economista José Serra, exgobernador de Sao Paulo, ex ministro de Salud y excandidato presidencial por el partido opositor PSDB, personaje que ocupará el ministerio de Relaciones Exteriores.
El gobierno que interinamente asume la presidencia de Brasil será el primero desde 1985 que no contará con ninguna ministra. La ausencia de mujeres podria ser temporal, ya que aún faltan algunos nombramientos, sin por ello provocar ya, por parte de las organizaciones mundiales, un repudio ante este hecho, destacando también la falta de algún miembro de la minoría negra de ese país.
Siete de los miembros anunciados son investigados por el caso de corrupción Lava Jato, un caso grave de lavado de dinero, que apunta a ser el punto de origen de más de 10 mil millones de reales brasileños, considerado por la Policía Federal del país, como la mayor investigación de corrupción de la historia de Brasil.
Protestas ya se preparan en inconformidad con la suspensión temporal de la mandataria Dilma Rousseff
Crisis nacional
La suspensión temporal de la aún presidente Dilma Rousseff, lejos de resolver la crisis institucional que vive Brasil, la profundiza y abre la puerta a interrogantes sobre el futuro de una nación que hace poco era referente mundial de una economía emergente, recuperada y que había conseguido extraer de la pobreza a millones de sus habitantes.
Movimientos sociales de Brasil ya convocan durante este viernes a una gran marcha en contra del presidente interino Michel Temer. La manifestación de inconformidad ciudadana convocada por el Frente Pueblo Sin Miedo tendrá su núcleo en Río de Janeiro, al sureste de Brasil, donde se espera un amplio respaldo a la mandataria Dilma Rousseff.
Diversos movimientos sociales han señalado la incongruencia de los planes del flamante gobierno de Temer ante la crisis que atraviesa el país, ya que la oposición señalaba a la crisis económica como la culpable del constante padecimiento de la clase media, amenazada, decían por las políticas de la mandataria Rousseff, sin embargo, las medidas que se espera realice en breve el nuevo gobierno amenazan con provocar decenas de despidos ante la inminente fragmentación de la economía.
La defensa
La suspensión de la mandataria Dilma Rousseff representó un duro golpe para la justicia brasileña, quien queda ahora en entredicho. Rousseff afirma que «no existe una injusticia más devastadora que condenar a un inocente», dejando en claro que es justo lo que ocurre con ella, sosteniendo su inocencia por los cargos imputados.
La aún presidente de Brasil afirma que los decretos firmados para atrasar gastos públicos fueron realizados «siguiendo la ley», medida utilizada por anteriores gobiernos, asegurando que «no era un crimen entonces y no lo es ahora».
«No tengo cuentas en el exterior y nunca he recibido sobornos ni colaborado con la corrupción», concuye Rousseff.
El impeachment es «un proceso frágil y jurídicamente inconsistente» afirmaba la presidente Rousseff, «un acto injusto desencadenado contra una persona honesta e inocente», sin embargo dijo estar dispuesta a solucionarlo en los 180 días que durará su defensa: «Voy a luchar con todos los instrumentos legales de los que dispongo para ejercer mi mandato hasta su fin, en 2018».
El proceso de golpe empezó cuando parte de la oposición pidió un recuento de votos en cuanto resultó reelegida y advirtiendo que «lo que está en juego con el proceso de ‘impeachment’ no es sólo mi mandato, es el respeto a las urnas, a la voluntad soberana del pueblo brasileño y a la constitución», declara Dilma Rousseff.
«Cometí errores pero no crímenes», «Nunca pensé que tendría que luchar de nuevo contra un golpe», expresaba la mandataria ante lo ocurrido este jueves, asegurando en el pasado haber sufrido «muchas derrotas y grandes victorias», mostrándose confiada en la capacidad de lucha» de quienes defienden su legitimidad al frente del gobierno. «Esta victoria depende de los millones de defensores de la democracia brasileña».
Rousseff, que nunca ha sido acusada de enriquecimiento ilícito, niega haber cometido el crimen de responsabilidad que le atribuye la oposición o delito alguno que vuelva legal el juicio político.
«¿»Impeachment» sin crimen de responsabilidad qué es? Es golpe», ha dicho la exguerrillera izquierdista de 68 años que en 2011 asumió como la primera presidenta mujer de Brasil.
El juicio
El juicio político se llevará a cabo en el mismo Senado que decidió suspender a Rousseff, teniendo la parte acusada 10 días, aunque podría ampliarse a 20 para presentar su defensa, situación que ocurrió durante el proceso de impeachment contra el presidente Fernando Collor de Mello en el año 92.
Durante este proceso, Rousseff tiene derecho a comparecer como investigada o bien permanecer en silencio y no declarar, aunque no se han mencionado las implicaciones y consecuencias de cada una de estas opciones.
Es en este punto que la comisión deberá elaborar un informe sobre si procede o no continuar con la acusación, en base a las pruebas presentadas y los argumentos de la defensa durante la instrucción, teniendo 10 días para elaborar un informe. La conclusión de la comisión será entonces llevada ante el pleno del Senado para una votación, en una sesión presidida por Lewandowski.
Será en la primera sesión donde se decidirá si hay indicios de que Rouseff cometió crímenes de responsabilidad, siendo crucial que se alcance una mayoría de 41 senadores para tomar la decisión, que de no aprobarse, dará fin al proceso y Dilma podrá volver a su cargo.
Si los senadores acuerdan que sí hay indicios, serían convocadas la acusación y la defensa para hacer sus alegaciones, y los autos del proceso serían enviados a Lewandowski, siendo ese momento, cuando se fije la fecha del juicio.
El día de la votación final, el presidente del STF dirigirá los trabajos como un juez. Los 81 senadores serán los «jurados» que definan el futuro de Dilma. La sesión empieza con una lectura resumida del proceso y la toma de declaración de testigos, que pueden recibir preguntas de los senadores, será entonces que habrá un debate entre la acusación y la defensa, con derecho a réplica y contrarréplica. Los senadores también pueden debatir.
El presidente hará, entonces, una exposición del proceso y de los argumentos de ambas partes y dará paso a la votación final.
Si dos tercios (54 de los 81) senadores deciden a favor del juicio político, Rousseff perdería definitivamente el cargo y, además, sería inhabilitada políticamente durante ocho años.
El vicepresidente Temer asumiría definitivamente la presidencia hasta el final del mandato, en diciembre de 2018, de lo contrario la presidenta sería absuelta y retomaría sus funciones.
Bolivia, Venezuela y Cuba ya califican la decisión de «golpe de Estado» y muestran su respaldo al gobierno elector de Dilma Rousseff.
Apoyo internacional
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha vinculado hoy la decisión del Senado brasileño de apartar a Dilma Rousseff de la Presidencia del país con EEUU. «Detrás de este golpe de Estado, está la factura made in USA. Esto forma parte del legado que pretende dejar el presidente Barack Obama en América Latina», ha dicho en una intervención en televisión.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, se sumó a los repudios a la suspensión de la hasta ahora presidenta brasileña, Dilma Rousseff, con un mensaje de solidaridad publicado en su cuenta de Twitter en el que asegura que comparte su indignación por «el golpe congresal y judicial» que ha estremecido al país.
El mandatario también ha destacado que «los pueblos humildes condenamos el atentado contra la democracia y la estabilidad económica del Brasil y la región».
Mientras tanto, el primero en pronunciarse en apoyo a Dilma Rousseff este jueves fue el Gobierno de Cuba. En un comunicado oficial, La Habana califica la decisión de golpe de Estado «disfrazado de legalidad» y señala que se trata de un «artificio armado por sectores de la oligarquía en ese país», según informa ‘Diario de Cuba’.
«Lo que ocurre en Brasil es parte de la contraofensiva reaccionaria del imperialismo y la oligarquía contra los Gobiernos revolucionarios y progresistas de América Latina y el Caribe, que amenaza la paz y la estabilidad de las naciones», subraya el comunicado.
Dilma Rousseff y sus seguidores
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Así lo reportaban los medios internacionales:
Entre Noticias/Agencias
