¿No hace recordar esto casos como el juicio contra Galileo por la Santa Inquisición?
La primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos consagra, entre otros, el derecho a la libertad de expresión, que incluye los derechos a la libertad de palabra, de prensa, de reunión y de petición (que es el derecho que permite a los ciudadanos reclamar ante el gobierno una compensación por agravios).
La periodista Sharon Lerner, cuyos trabajos han sido publicados en The New York Times, The Nation, y The Washington Post, entre otras publicaciones, reportó este jueves para The Intercept que científicos gubernamentales de Estados Unidos están «aterrorizados de hablar con la prensa«.
El estado de ánimo era comprensiblemente sombrío en la Conferencia Nacional y el Foro Mundial sobre Ciencia, Política y Medio Ambiente: «No sé qué va a pasar. Nadie sabe lo que va a pasar», me dijo un empleado de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) que trabaja en asuntos climáticos.
Sharon Lerner narra que sus interlocutores se negaban a dar sus nombres por miedo a represalias, incluido el hecho de ser despedidos de sus empleos y afirma que no se trata de sólo paranoia, sino que de hecho mandos superiores de EPA han advertido a sus empleados de no hablar con la prensa.
Las directivos han infundido en los científicos el temor de represalias por tan sólo hacer mención de la crisis global que ha estado en el centro de sus vidas profesionales durante años. Es un tema «cuyo nombre no se puede pronunciar», como me lo dijo un empleado del Servicio Forestal.
Más información al respecto en el reporte original en inglés: The Intercept
