«El lenguaje político está diseñado para hacer que las mentiras suenen confiables y el asesinato, respetable, y para darle apariencia de solidez al viento» (George Orwell)
El jueves de la semana pasada, el representante demócrata Jerrold Nadler (D-NY) presentó una «resolución de investigación» lo que significa un primer paso legislativo hacia el juicio político contra Trump.
Desde la ceremonia de toma de posesión de Trump el pasado 20 de enero, más de 800.000 personas han firmado una petición de primera instancia en la campaña acusatoria contra el nuevo presidente, misma que podría llegar a involucrar a organizaciones de base de todo Estados Unidos.
Entre las opiniones, están las de quienes consideran que un Congreso dominado por los republicanos sería incapaz de impugnar a Trump, pero revisando la historia se registran hechos como el del 27 de julio de 1974 cuando seis representantes del Partido Republicano de los 38 miembros del Comité Judicial de la Camara de Representantes votaron a favor de la destitución de su correligionario republicano, el presidente Richard Nixon.
Sólo tres días después de la inauguración de Trump, un grupo activista entabló una demanda en la que afirma que el presidente Donald Trump viola la Constitución al permitir que sus negocios acepten pagos de gobiernos extranjeros. En la demanda se afirma que Trump infringe una cláusula de la Constitución que le prohíbe recibir dinero de diplomáticos por hospedajes en sus hoteles o de gobiernos extranjeros por alquiler de oficinas en sus edificios.
El grupo Citizens for Responsibility and Ethics (Ciudadanos Pro Responsabilidad y Ética) en Washington interpuso la demanda en el distrito sur de Nueva York.
Dos exabogados especialistas en ética de la Casa Blanca representan parcialmente al grupo: Norman Eisen, que fue asesor de Barack Obama, y Richard Painter, que trabajó durante el gobierno de George W. Bush.
Ambos abogados manifestaron su decepción de que Trump se rehúse a seguir las recomendaciones de ambos y se separe de sus negocios, y consideran que no tuvieron más opción que llevar el asunto a tribunales.
Por su lado la organización apartidista Free Speech For People que trabaja en favor de la «renovación de la democracia y de la Constitución para la gente, no para para los intereses del dinero corporativo», encabeza la campaña Impeach Trump Now bajo el siguiente argumento:
«No creo que Richard Nixon se acerque al nivel de corrupción que ya conocemos de Trump».
Dada la oportunidad del lapso de tiempo de diez semanas completas entre las elecciones y la toma de posesión que tuvo para deslindarse de sus intereses comerciales, el Sr. Trump prefirió anunciar, apenas nueve días antes de la toma de posesión, un plan totalmente inadecuado para abandonar las operaciones, pero no la propiedad ni los flujos de ingresos de la Organización Trump. En cambio, ha elegido beneficiarse de la presidencia a expensas públicas, en violación de la Constitución de los Estados Unidos. Las violaciones, la corrupción y la amenaza a nuestra república ya están aquí.
Ver en inglés: The Long Road To Impeach Trump Just Got Shorter
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