La ceremonia eclesiástica tuvo lugar el sábado pasado con la asistencia de 2 mil 500 personas, entre las que se encontraban diversos funcionarios públicos.
El gobernador Márquez Márquez acudió a dicha ceremonia acompañado del presidente municipal de la ciudad de León, el exgobernador Héctor López Santillana, encabezada religiosamente por el arzobispo Alfonso Cortés Contreras.
Ciertamente la patria mexicana nació católica. Los Sentimientos de la Nación de José María Morelos (1813) y la Constitución de Apatzingán (1814) declararon que la religión católica era la oficial y la única que debía profesar el Estado.
Mucha agua corrió por el río sobre Estado e iglesias en México hasta la Constitución de 1917 que estipuló claramente en su artículo 130:
El 17 de diciembre de 1991, durante la presidencia de Carlos Salinas, se discutieron en la Cámara de Diputados reformas a los artículos 3, 24 y 130 (entre otros) de la Constitución. En esta discusión se dejó atrás la dureza anticlerical de 1917 y el artículo tercero reconoció el derecho de las asociaciones religiosas para brindar educación. El 130 mantuvo la separación Estado-Iglesia pero le reconoció personalidad jurídica a la iglesia y el derecho a votar -pero no a ser votados- de los ministros de culto. El artículo 24 estableció la libertad de creencia religiosa, la prohibición de legislar en contra de religión alguna y dispuso que el culto se celebre ordinariamente en los templos. De tal suerte que lo hecho por el gobernador de Guanajuato, independientemente de la religión que tenga, sería violatorio del artículo 130 en sentido estricto.
El portal Zona Franca publica al respecto que el gobierno del panista Márquez Márquez enfrenta una oleada de violencia nunca antes vista en Guanajuato. Los primeros cuatro meses de 2017 ha resaltado por un nivel inédito de ejecuciones ligadas al crimen organizado, que específicamente han tenido un repunte en las ciudades de León y San Francisco del Rincón.
Tal circunstancia, dijo Zona Franca, motivó que Miguel Márquez solicitara el apoyo del Ejército, utilizando los recursos que estaban destinados a proyectos de fortalecimiento de las corporaciones de seguridad locales, para la construcción de una base militar en el municipio de Irapuato.
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