La defensa del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva presentó este martes las alegaciones finales en el marco de un juicio por corrupción, a las que anexó nuevas pruebas, y expresó su confianza en que el mandatario sea absuelto por la supuesta «ocultación de la propiedad» de un lujoso tríplex en la playa.
El Ministerio Público Federal también ha presentado sus últimas consideraciones sobre el caso y el juez de primera instancia Sérgio Moro está liberado para poner fin a la acción, sin plazo determinado. El ex presidente es acusado de haber recibido el apartamento tríplex como contrapartida de supuestas ventajas concedidas a la OAS a partir de recursos desviados de tres contratos públicos de la Petrobras.
«Cualquier resultado que no sea la absolución será un resultado político», aseveró en una rueda de prensa el abogado Cristiano Zanín, para quien la Constitución brasileña ofrece los mecanismos de un «juicio parcial y objetivo».
La causa es una de las cinco que Lula tiene abiertas en la Justicia por sospechas de corrupción en el marco de la operación «Lava Jato», que investiga el escándalo de desvío de dinero en la petrolera estatal Petrobras.
Los abogados que defienden a Lula tenían plazo hasta este martes para presentar las alegaciones finales y entre los documentos entregados a la Justicia en la ciudad de Curitiba, capital de Paraná y donde se concentran las investigaciones y el proceso, fueron anexados nuevos documentos para probar la inocencia del exgobernante.
El inmueble, en la ciudad paulista de Guarajá, aparece en los registros como propiedad de la constructora OAS, una de las implicadas en el caso Petrobras, pero según la acusación el verdadero dueño sería Lula, quien lo habría recibido en concepto de soborno, es decir, a cambio de «favores» hechos desde el poder.
Entre los nuevos documentos están los registros en los que el proyecto inmobiliario ‘Mar Cantábrico’, a cargo de la extinta cooperativa Bancoop -entonces controlada por miembros del Partido de los Trabajadores (PT)- era incorporado por la constructora OAS, que cambió el nombre para el conjunto residencial por el de ‘Solaris’.
Según las nuevas pruebas, OAS transfirió en 2009, año en que supuestamente el inmueble habría sido cedido a Lula, todos los apartamentos del proyecto para un fondo controlado por la estatal Caixa Económica Federal y cualquier venta o cesión debería ser mediante el pago en una cuenta específica de ese banco público.
Esa transferencia, avalada en 2010 por las autoridades competentes, se dio como garantía durante el proceso por la ley de bancarrotas al que se había acogido OAS y así los apartamentos «quedaron hipotecados y en alienación fiduciaria», detalló el abogado.
La Caixa Económica Federal «indicó una cuenta y una agencia (bancaria) en la que los valores referentes (a la venta de cualquiera de los apartamentos) deberían ser consignados para que existiera la liberación del inmueble hipotecado», señaló Zanín.
Para el jurista, sólo con ese pago, «los inmuebles estarían liberados para la venta, donación o cualquier forma de transferencia», como acusa la Fiscalía.
Zanín reiteró que la esposa de Lula, Marisa Leticia Rocco, fallecida el pasado 2 de febrero, tenía una cuota de participación en la cooperativa que honró con mensualidades entre 2005 y 2009.
Cuando el proyecto fue incorporado por OAS, explicó el abogado, ella podría optar por quedarse con uno de los apartamentos o pedir la reintegración del dinero, como en efecto ocurrió y sus herederos aguardan.
Lula, de acuerdo con su abogado de defensa, sólo visitó el apartamento una vez en compañía de Leo Pinheiro, expresidente de OAS y quien ha implicado a Lula en el caso como parte de su acuerdo de delación premiada para reducir la condena por corrupción.
Con la entrega de las alegaciones, apuntó Zanín, ahora el juez Sergio Moro «puede dictar la sentencia de absolución impositiva y obligatoria con las pruebas contundentes y cabales», que fueron colectadas por la defensa después del magistrado negar el pedido para la consecución de las mismas.
La otra salida de Moro, añadió el jurista, sería la de «convertir el juicio en diligencia para pedir más investigaciones», sin un plazo para su fallo.
«El escenario de ‘macro-corrupción’ es un escenario ficticio para culpar al expresidente Lula», aseveró Zanín.
Entre Noticias/Agencias
