La medida le otorga a la administración acceso al Fondo de Emergencia de Salud Pública, pero ese fondo «está casi vacío».
Se espera también que el presidente Trump ordene a los jefes de los departamentos y las agencias que utilicen todas los recursos de emergencia apropiados para reducir el número de muertes causadas por la crisis de opioides, según altos funcionarios del gobierno.
La medida ha evitado hacer una declaración de emergencia nacional, tal como Trump había anticipado en agosto pasado y que repitió durante la semana. La Casa Blanca ha dicho que le pareció más apropiado declarar una «emergencia de salud pública» que una emergencia nacional, de manera que no se destinarán nuevos fondos a la lucha contra los opiáceos, pero se ordenará a todas las ramas del Gobierno que dirijan sus actuales partidas presupuestarias a esa crisis, detallaron funcionarios del gobierno.
El Dr. Andrew Kolodny, codirector de Opioid Policy Research Collaboration en la Escuela Heller de la Universidad de Brandeis, califica el anuncio de «muy decepcionante». Sin fondos para un nuevo tratamiento de adicción, declarar una emergencia de salud pública no es suficiente. «Este no es un plan», dice Koloddny: «La administración todavía no tiene un plan» para lidiar con los opiáceos».
Después de asumir el cargo, el presidente Trump creó una comisión para estudiar la crisis de los opioides, encabezada por el gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie. En un informe provisional, la comisión pidió al presidente que declare una emergencia nacional en virtud de la Ley del Servicio de Salud Pública o la Ley Stafford. Hacerlo, dijo la comisión, podría liberar fondos para el tratamiento, garantizar un acceso más amplio a la droga contra la sobredosis de naloxona y mejorar el control de las prescripciones de opiáceos para evitar el abuso.
Reporte de National Public Radio (NPR) sobre el anuncio
Ver sobre este tema en BBC Mundo: Los Sackler, la reservada familia de multimillonarios a la que señalan de beneficiarse con la crisis de opioides por la que se declaró emergencia de salud en Estados Unidos.
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