Informe advierte que muchas de las diligencias parecen quedar incompletas, son descartadas o dejan de ser impulsadas procesalmente
“La investigación ha sido exageradamente lenta, ha sido paquidérmica. No puedo concebir que llevamos ya tres años y medio y no tengamos un resultado fehaciente”, dijo el comisionado colombiano Luis Vargas, al presentar el balance del primer año de un mecanismo de seguimiento de la CIDH para el llamado caso Ayotzinapa.
Los 43 estudiantes de magisterio de la escuela normal de Ayotzinapa fueron detenidos arbitrariamente el 26 de septiembre de 2014 por policías de la ciudad de Iguala, en el violento estado mexicano de Guerrero (sur), quienes los habrían entregado a sicarios del crimen organizado, según la investigación oficial.
Los criminales los habrían asesinado e incinerado sus cuerpos para luego arrojar sus cenizas a un río, una versión que ha sido cuestionada por un grupo de expertos independientes de la CIDH, que apoyó en la investigación durante nueve meses en 2015.
En su informe, la CIDH considera que las investigaciones continúan fragmentadas y requieren de un análisis integral.
“Preocupa a la Comisión que muchas de las diligencias parecen quedar incompletas, son descartadas o dejan de ser impulsadas procesalmente”, indica el documento.
Advierte además que el paradero de los 43 estudiantes continúa siendo desconocido, aun cuando se estableció un cronograma de seguimiento de las líneas de investigación.
“La Comisión reitera que, a la fecha, no hay persona alguna en esta causa que esté siendo procesada bajo el tipo delictivo de desaparición forzada y no hay una sola sentencia condenatoria”, advirtió la CIDH.
Este lunes, una tribunal mexicano ordenó a la fiscalía revisar la investigación del caso al considerar que no fue “efectiva, independiente ni imparcial”, al tiempo que solicitó la conformación de una comisión de la verdad para esclarecer los hechos, en un fallo cuestionado por el ministerio público.
Al respecto, la comisionada Esmeralda Troitiño, relatora para México de la CIDH, afirmó que “es el mandato de una sentencia judicial y debe ser cumplida”.
Un informe de la ONU difundido en marzo estableció que “hay fuertes elementos de convicción” para considerar que al menos 34 personas arrestadas por el caso fueron torturadas y muchas de ellas detenidas arbitrariamente por agentes de la fiscalía, la policía federal y la Marina de México.
Agencia AFP
