La misma legislatura había eliminado ya los mecanismos de Participación Ciudadana, entre ellos el plebiscito, el referéndum y la revocación de mandato.
Los diputados de la LIII legislatura en Morelos aprobaron jubilaciones de integrantes del gabinete de Graco Ramírez, así como a personas cercanas a su equipo de trabajo y esposas.
El Congreso local cerró su último periodo ordinario de sesiones con la aprobación de jubilaciones “doradas” para una serie de funcionarios y esposas de los propios legisladores, lo que ha sido el punto más cuestionado en esta legislatura por las medidas avaladas a lo largo de tres años.
Los votos de los grupos parlamentarios del PRD, el PAN, el PSD y Nueva Alianza fueron suficientes para dar luz verde a la jubilación de secretarios de despacho, exfuncionarios y hasta la esposa del secretario de Gobierno, quien no llega a los 40 años de edad y también es candidata a magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa.
Ninguno de los dictámenes de las jubilaciones fue leído en la sesión por “economía parlamentaria”, aunque la intención real era crear menos polémica con los legisladores de PRI, Partido Encuentro Social y Humanista, quienes se mantuvieron en contra de aprobar los millonarios retiros.
Entre los «afortunados» jubilados se encuentran: la secretaria de Educación de Graco Ramírez Garrido, Beatriz Ramírez Velázquez; el también secretario de Hacienda, Jorge Michel Luna; el exdirector del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), Fernando Pacheco Godínez; y el exdirector del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado (Indefom), Francisco Velázquez Adán, quien apenas hace cinco años empezó a laborar en la administración pública.
Lo que ha causado aún más indignación es además la jubilación de Anahí Bahena López, esposa del secretario de Gobierno de Graco Ramírez, Ángel Colín López quien tan sólo cuenta con 37 años de edad; Karina Arteaga Gutiérrez, exdirectora de Recursos Humanos del Legislativo; Denia Flores Sánchez, esposa del diputado perredista Francisco Navarrete Conde; Stephanie Guzón André, cuya edad no rebasa los 40 años y quien se desempeñaba como coordinadora general de Relaciones Públicas y Eventos Gubernamentales, con un sueldo superior a los 50 mil pesos, y Bertha Rodríguez Báez, exdiputada local y actual directora de Afiliación y Operación del Seguro Popular.
Sin embargo, Francisco Moreno Merino, diputado del PRI, mencionó que existe la sospecha de la utilización de documentos falsos para poder recibir dicho beneficio.
“Toda vez que no tenemos los expedientes legislativos certificados (…), deslindando al grupo parlamentario del PRI ante un posible fraude o falsedad de declaración; desconocemos la certificación de constancias laborales que acrediten los años laborales reales”, informó el legislador del tricolor.
La actual Legislatura de esa entidad fue reprobada por prácticamente todas las organizaciones civiles de la entidad, luego de que en marzo de 2017 se derogó el artículo 19 Bis de la Constitución, que tenía como base los mecanismos de Participación Ciudadana, entre ellos el plebiscito, el referéndum y la revocación de mandato. Y con ello se cerró la puerta a las iniciativas para echar de la gubernatura a Graco Ramírez.
Entre Noticias | Apro | Agencias
