Mientras tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), una entidad gubernamental, ha iniciado un expediente para investigar las posibles omisiones de responsabilidad en las que pudo haber incurrido el Ejército mexicano y la policía en las horas anteriores a la catástrofe.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presentó un plan de desarrollo para 91 municipios para frenar el robo de combustible, un crimen que le cuesta al país unos 60 mil millones de pesos al año, cerca de 2,700 millones de euros. Con una inversión de 3,857 millones de pesos (177 millones de euros), AMLO tratará de desarrollar estas comunidades para que puedan realizar trabajos legales en vez de dedicarse a esta actividad ilícita, habitual en el centro de México y controlada desde la última década por grandes organizaciones criminales como los cárteles.
El programa fue anunciado apenas cinco días después de la tragedia del pasado viernes en Tlahuelilpan, donde un oleoducto estalló cuando centenares de personas saqueaban la gasolina que emanaba de la tubería, debido a una fuga producida horas antes por los «huachicoleros», ladrones de combustible. De acuerdo con las últimas cifras, al menos 94 personas han muerto y otras 52 han resultado heridas como consecuencia de la brutal explosión del oleoducto, una catástrofe que se produjo por una chispa que la Fiscalía cree que se generó por la fricción de la ropa sintética que vestían los ciudadanos.
«Vamos a dar opciones, alternativas para que la gente tenga una manera legal, una forma honesta de obtener sus ingresos, satisfacer sus necesidades, y no se les empuje estas actividades totalmente dañinas», dijo López Obrador en la mañana del martes durante su habitual rueda de prensa matutina.
Entre otras áreas, el plan presenta un programa para adultos mayores, una pensión para discapacitados y distintas iniciativas para jóvenes. Se trata del primero de varios programas que continuará anunciando en López Obrador en las próximas semanas.
Expediente por la actuación del Ejército
Mientras tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), una entidad gubernamental, ha iniciado un expediente para investigar las posibles omisiones de responsabilidad en las que pudo haber incurrido el Ejército mexicano y la policía en las horas anteriores a la catástrofe.
Diversas organizaciones han criticado la inacción de los apenas 25 soldados y policías presentes en Tlahuelilpan para conseguir que las más de 600 personas que robaban combustible se detuvieran. Entre los fallecidos hay un niño de dos años y dos adolescentes de 15 años, según datos del gobierno mexicano.
Hasta el momento, López Obrador ha cerrado filas con la actuación de la institución castrense. «Todo mi apoyo a la actuación del Ejército», dijo el presidente que consideró que los oficiales «actuaron muy bien», puesto que la situación podría haberse complicado si hubieran tratado de reprimir a la muchedumbre. «Se buscó evitar que las personas se acercaran al oleoducto, pero hacen caso omiso y se tornan, algunos de ellos un tanto violentos», dijo Crescencio Sandoval, secretario de Defensa Nacional (ministro de Defensa) durante una rueda de prensa.
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