De acuerdo con la auditoría forense 13-4-99063-12-0250, funcionarios de PEP suscribieron nueve convenios con la UPCH y decenas más con otras universidades públicas; estos acuerdos formaron parte de un entramado ilegal en el que la empresa eludió los procesos de las licitaciones públicas y simuló adquisiciones.
Trece días antes de que el gobierno federal lanzara una estrategia para combatir el robo de combustible y la corrupción en Petróleos Mexicanos (Pemex), en el piso 44 de la Torre Ejecutiva de la empresa productiva del Estado su Consejo de Administración –que presiden la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y el titular de la Secretaría de Hacienda, Carlos Urzúa– aprobó los nombramientos de los directivos de las subsidiarias.
Entre ellos hay personajes vinculados con escándalos como la Estafa Maestra y el caso Odebrecht, y funcionarios sin experiencia en materia energética pero cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador y al director general de Pemex, el ingeniero agrónomo Octavio Romero Oropeza.
Ese día, 14 de diciembre, Miguel Ángel Lozada Aguilar fue designado director general de Pemex Exploración y Producción (PEP), según el acuerdo CA-165/2018. Lozada es un ingeniero petrolero con más de 35 años de servicio en Pemex: de 2009 a 2014 fue administrador del Activo Integral Cantarell, a 80 kilómetros de Ciudad del Carmen, Campeche, uno de los yacimientos más grandes del mundo.
No obstante, en 2017 el entonces presidente Enrique Peña Nieto anunció el cierre de ese complejo con la frase: “La gallina de los huevos de oro se acabó”.
Ese año el nombre de Lozada apareció en la investigación periodística de la Estafa Maestra; en 2012, como administrador de Cantarell y adscrito a la Subdirección de Producción Región Marina Noreste de PEP, autorizó el convenio 422082806 con la Universidad Popular de la Chontalpa (UPCH), en Cárdenas, Tabasco, para el servicio de asistencia técnica en materia de producción y perforación de pozos para esa Subdirección.
De acuerdo con la auditoría forense 13-4-99063-12-0250, funcionarios de PEP suscribieron nueve convenios con la UPCH y decenas más con otras universidades públicas; estos acuerdos formaron parte de un entramado ilegal en el que la empresa eludió los procesos de las licitaciones públicas y simuló adquisiciones, al tiempo que las instituciones educativas, que no tenían capacidad técnica, material ni humana para prestar servicios, subcontrataron a otras empresas para realizar los trabajos, que en muchos casos no existieron.
Lozada firmó el convenio con la universidad tabasqueña por 140 millones de pesos. Sin embargo, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la UPCH facturó 82 mil 863.2 pesos y realizó la subcontratación de servicios a la empresa Maheca, SA de CV, por 80 mil 880.4 pesos, aunque ésta tampoco tenía las capacidades para desarrollar los trabajos.
La ASF señala en su informe que mediante el oficio número DGAF/1690/2012 del 24 de noviembre de 2014 dio aviso al Órgano Interno de Control de PEP para investigar y fincar responsabilidades administrativas para servidores públicos en este caso específico.
Ahora Lozada tiene la tarea de desterrar la corrupción de PEP.
La sombra de Odebrecht
A propuesta de Romero Oropeza, el abogado José Samuel Sánchez Reyes fue ratificado por el Consejo de Administración como subdirector jurídico de Operaciones Regionales, pese a que buena parte de la trama de sobornos de Odebrecht coincide con sus años como gerente jurídico de Convenios y Contratos de Pemex, cargo que desempeñó de 2012 a 2015 para más tarde ser gerente jurídico de contratos de Procura y Abastecimiento de Exploración y Extracción, según el currículum que forma parte de su declaración patrimonial en la plataforma Declaranet, de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Sánchez Reyes figura entre los 18 funcionarios investigados por la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Procuraduría General de la República (PGR) por su presunta participación en los contratos entre Pemex y Odebrecht; hecho que se deriva de la investigación contra el exdirector Emilio Lozoya por lavado de dinero y cohecho (carpeta FED/SEIDF/CG-I-CDMX/117/2017).
En la auditoría realizada al Contrato de Acondicionamiento del Sitio, Movimiento de Tierra y Conformación de Plataformas para el Proyecto de Aprovechamiento de Residuales de la Refinería de Tula, la ASF sostiene que la información y las aprobaciones correspondientes pasaron por distintas áreas, como las jurídicas a cargo de Sánchez Reyes.
Dicha auditoría señala que desde el inicio de la licitación, concretamente el 10 de diciembre de 2013, Pemex Refinación “dio el visto bueno de la excepción a la licitación pública para llevar a cabo el contrato”; así se adjudicó éste de manera directa a Constructora Norberto Odebrecht.
En 2015, cuando el nuevo director general de Pemex Fertilizantes, Rogelio Hernández Cazares, era titular del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) de Oaxaca –a cargo del programa Seguro Popular–, médicos y enfermeras de la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud encabezaron protestas por el desabasto de medicamentos y exigieron la renuncia del funcionario, acusándolo de desvío de recursos.
Un año más tarde la ASF confirmó las denuncias: documentó un desvío de 915 millones 271 mil pesos; en la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016 señaló que el REPSS no presentó la documentación que justificara el destino de los recursos por medicinas, productos farmacéuticos, gasto operativo de unidades médicas, acciones de prevención y promoción de la salud y pagos a terceros por servicios de salud.
Hernández Cazares, titular del REPSS de noviembre de 2014 a noviembre de 2016, dejó el cargo para sumarse ese año a Morena como enlace estatal en Oaxaca, donde su función era la de organizar la estructura electoral para los comicios de 2018. Aquel año, según la prensa local, consiguió un amparo contra una orden de aprehensión de la Fiscalía estatal.
Entre los datos que le dio a la SFP sobre su experiencia laboral, Hernández Cazares señaló que fue enlace estatal hasta julio del año pasado, cuando se celebraron las elecciones. Ahora reaparece como el nuevo director de Pemex Fertilizantes con un sueldo de 107 mil pesos mensuales.
Hombres de confianza
Entre otros nombramientos hechos a solicitud de Romero Oropeza de personajes sin experiencia pero cercanos a él destaca el de Marcos Manuel Herrería Alamina, su secretario particular cuando aquel fue oficial mayor del gobierno del Distrito Federal durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador. Ahora fue designado director corporativo de Administración y Servicios de Pemex.
Herrería Alamina –cuñado de Pedro López Obrador, hermano del presidente– también estuvo en la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas capitalina durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera.
Romero Oropeza asignó a otro hombre cercano la Dirección Corporativa de Planeación, Coordinación y Desempeño de Pemex: el ingeniero industrial Víctor Manuel Navarro Cervantes, quien fue subdirector de Administración y Finanzas del Metro en 2004; más tarde, en 2005, fue coordinador general de Modernización Administrativa de la Oficialía Mayor, que en ese momento dejó el director actual de Pemex.
Otra ficha del lopezobradorismo que tiene un papel central en la cruzada contra el huachicol, de la que se desprende la estrategia del cierre de ductos, es Javier Emiliano González del Villar, director general de Pemex Logística, subsidiaria encargada de la distribución de combustible en el país.
González del Villar, sobrino del exprocurador capitalino Samuel del Villar, tampoco tiene credenciales en el área energética: es licenciado en derecho y se desempeñó de 2004 a 2015 en funciones de seguridad. Fue director de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México de 2004 a 2007, y más tarde, de 2009 a 2011, asesor en tareas de seguridad pública del entonces jefe de gobierno, Marcelo Ebrard. Al año siguiente fungió como primer fiscal de Extinción de Dominio de la Procuraduría capitalina.
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