«Ni el presidente ni el gabinete de seguridad salieron en ningún momento a justificar la burrada de la patrulla que desató todo lo que hoy es motivo de disentimiento entre opositores y simpatizantes de Andrés Manuel.» Por Aleyda Villavicencio
Por Aleyda Villavicencio
Culiacán, una batalla perdida
Por Aleyda Villavicenio, Maestra en Periodismo por la Universidad de Harvard
El pasado jueves 17 de octubre se desató un infierno en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, que sus habitantes describen como nunca antes visto. Ante un operativo fallido por atrapar a uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, la ciudadanía se vio presa de la violencia descarnada que caracteriza a uno de los carteles de drogas más poderosos del país. En cuestión de minutos Culiacán tenía algunas de sus vialidades obstruidas, vehículos civiles equipados con armas de uso exclusivo del ejército patrullando la ciudad, sicarios apostados en el suelo con armas largas y otros lanzando balazos al aire. Todo ello, en un despliegue de poder y organización del que la Guardia Nacional parecía estar completamente exento.
Por horas, mujeres, hombres, niños o familias enteras se refugiaron debajo de los autos, en alguna escuela, incluso en locales comerciales como Wal-Mart, que ante la lluvia de fuego le permitió a sus empleados y clientes refugiarse en su interior y, a quienes así lo desearan, pasar ahí la noche mientras volvía la calma a la ciudad. Un escenario que quienes no lo hemos vivido en carne propia jamás seremos capaces de imaginar. Y es justamente de esta diferencia de perspectiva entre el que ha vivido el terror de estar en medio de una balacera y el que solo la ha visto en las noticias, que deriva la retahíla de opiniones tan divergentes respecto a cómo decidió el gobierno responder ante el grave error que ya se había cometido.
La noche del jueves, el Secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, dio una primera versión de los hechos. En ella, narraba una situación inverosímil sobre la forma en que se desataron los acontecimientos que desencadenaron en la toma de la ciudad por parte del crimen organizado. Explicaba Durazo que una patrulla de la Guardia Nacional se encontraba dando un rondín de rutina en la colonia Tres Ríos, cuando fueron atacados, sin razón aparente, desde un domicilio al cual ingresaron y detuvieron a cuatro personas, una de ellas Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera.
En esta versión, el Secretario de Seguridad Pública no especificó si Ovidio fue formalmente detenido o no, simplemente se limitó a decir que, tras entrar a la vivienda, la patrulla fue rodeada por una fuerza superior y que al mismo tiempo se dieron actos de violencia simultáneos alrededor de la zona, los que provocaron que el gabinete de seguridad tomara la decisión de “suspender actividades”, para así evitar que estos grupos delincuenciales desataran más violencia.
Al día siguiente, la versión de los hechos, ofrecida por el mismo gabinete, fue completamente distinta. Las declaraciones ahora apuntaban a que el ataque se dio a partir de un operativo “precipitado” y “mal planeado” que pretendía llevar a cabo la detención con fines de extradición de Ovidio Guzmán.
Es importante destacar que tanto el Secretario de la Defensa como el de Seguridad Pública, enfatizaron en que la versión de los hechos que habían proporcionado la noche anterior correspondía a la información que se tenía de parte del comando que realizó la operación. Es decir, según ellos, no es que hubiera intención de mentirle a la ciudadanía sobre cómo sucedieron los hechos, sino que conforme transcurrió la noche el gabinete recibió información distinta a la que había recibido originalmente.
En esta conferencia de prensa el Secretario de la Defensa aseguró que el comando actuó “de manera precipitada, con deficiente planeación, así como [faltos] de previsión sobre las consecuencias de la intervención”. Pero no solo eso, también admitió que este comando no obtuvo “el consenso de sus mandos superiores”. Lo que nos lleva a preguntarnos ¿en dónde se rompió la cadena de mando y qué consecuencias tendrá esto para los elementos que se “precipitaron” y pusieron en riesgo la vida de cientos de civiles que quedaron en medio del caos?
Por otra parte, al reconocer que efectivamente existe una orden de extradición para Ovidio Guzmán, Durazo destacó que por problemas burocráticos la patrulla que iba a ejecutar la aprehensión no contaba con la orden judicial que les permitiría efectivamente detener a Guzmán López. Entonces, ¿quién tomó la decisión de ir por él sin tener todos los elementos judiciales necesarios para arrestarlo? ¿Desde cuándo se mandan solos los oficiales de un cuerpo de seguridad como el de la Guardia Nacional?
Al cuestionarle sobre la posibilidad de considerar que todo esto demuestra que hay un estado fallido, Durazo enfatizó que en México ha existido históricamente un aparato de “administración y procuración de justicia deficiente y corrupto”, lo que sugiere entonces que podría haber sido deliberada la tardanza en la entrega del documento que permitiera la aprehensión de Guzmán López. Sin embargo, el propio Durazo dijo no estar señalando a nadie, sino simplemente destacando lo que es un hecho conocido por todos: que en México todo el proceso de procuración de justicia tiene eslabones asociados a la corrupción, pero que un error burocrático, deliberado o no, no hace un estado fallido, “lo que sí fue fallido es el operativo”.
Finalmente, lo anterior apenas presenta una crónica de los hechos, pero no ofrece respuestas a las interrogantes que aún tenemos quienes cada día leemos, o escuchamos, algo que agrega a la narrativa de lo acontecido en Culiacán. La población, ya de por sí dividida entre chairos y fifís, ahora se divide entre los que apoyan la decisión del gobierno y quienes la condenan, encontrándose entre estos últimos muchos simpatizantes del propio presidente.
Pero más allá de lo reprobable del operativo, que bien hizo Durazo en describir con toda franqueza como fallido, es necesario que hagamos un alto y recordemos que en política la forma es fondo. Centremos la atención, solo por un momento, en cómo se decidió enfrentar y reconocer el error.
Ni el presidente ni el gabinete de seguridad salieron en ningún momento a justificar la burrada de la patrulla que desató todo lo que hoy es motivo de disentimiento entre opositores y simpatizantes de Andrés Manuel. La diferencia fundamental entre este presidente y los anteriores es primero, la resolución de que nada vale más que la vida de un civil. Nos han dicho durante demasiados años que la paz se podía obtener, pero solo a costa de sacrificar vidas inocentes. Nos sembraron muy profundamente la idea de que, para hacer valer la ley, las autoridades no se debían detener ante nada, incluso ante el asesinato vil de personas inocentes. Dijeron por ahí, en redes sociales, que este presidente prefirió perder popularidad que vidas humanas, y quizá tienen razón. Los hay quienes reprochan al presidente por el que votaron haberse mostrado “débil” frente al poder del narco.
La segunda diferencia es la forma en que este gabinete tuvo que salir a dar la cara y, en ese sentido, como siempre ha insistido el propio Andrés Manuel, no hay decisión importante que no pase por el presidente. Dicho de otra forma, analicemos la forma en que este presidente demandó que su gabinete saliera a explicar con toda claridad cuáles fueron los hechos que llevaron a tomar las decisiones que se tomaron. ¿Cuándo en administraciones anteriores habíamos visto a un Secretario de Seguridad Pública, o de la Defensa, salir a admitir un error? ¿Cuánto se tardaron en reaccionar las autoridades federales cuando secuestraron a los estudiantes de Ayotzinapa? ¿Acaso tras la “verdad histórica”, ampliamente desmentida por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), tuvieron cara para admitir los errores y omisiones cometidas? Por el contrario, los errores se llevaban hasta sus últimas consecuencias aún con todas las evidencias en contra.
Es decir, ni el presidente, ni su gabinete, ni la propia ciudadanía defendemos la pésima ejecución de un operativo que puso en riesgo la vida de cientos de civiles inocentes. Todos, incluidas las autoridades, reconocen que esto no puede volver a ocurrir, pero es la primera vez que este reconocimiento sucede frente la opinión pública. Hemos vivido muchos años acostumbrados a que, “aunque estemos mal, no debemos decirles que estamos mal”. Habría entonces que reconocer que efectivamente estamos ante un cambio de paradigma. Las cosas se están haciendo de manera distinta. Errores se han cometido siempre, solo que algunos prefieren que el gobierno nos siga mintiendo para no dar la impresión de que “estamos perdiendo la batalla”. Pero, seamos sinceros, la batalla nunca ha sido pareja, la ha tenido ganada el crimen organizado, que desde hace muchos años ha tenido a su servicio no solo a sus sicarios, sino a las autoridades que se suponía debían combatirlos. Podemos reclamar un cambio en la estrategia de seguridad, de eso ni duda cabe, pero reclamar que se ponga la captura de un miembro del crimen organizado sobre la vida de los civiles nos habla de que la batalla ya está perdida, por lo menos en el ámbito humano.
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