Exhortaron a que inmediatamente fueran replegadas las fuerzas armadas de Sacaba para evitar que haya nuevas víctimas.
En la resolución exigen además el «repliegue inmediato de las Fuerzas Armadas» con el fin de «evitar más muertes y masacre al pueblo boliviano», instando a que se libere a los apresados, entre los que se encuentran algunos de sus dirigentes que «han sido detenidos injustamente».
Así lo decidieron los cocaleros simpatizantes de Evo Morales (exiliado en México) en asamblea popular realizada en Sacaba, cerca de Cochabamba, el mismo sitio donde realizaban hoy la ceremonia fúnebre de las personas asesinadas el viernes en enfrentamientos con la policía y los militares.
Hasta ahora, el gobierno autoproclamado ha reconocido oficialmente cinco muertos, mientras el ministro de gobierno, Arturo Murillo, difundió la versión de que «los propios cocaleros se disparan entre sí para generar víctimas».
Thomas Becker, abogado estadounidense de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de Harvard estuvo en la morgue de la ciudad de Sacaba, donde murieron nueve y no cinco cocaleros: «Todos los muertos tienen impactos de bala».
«Todos con quienes he hablado, dijeron que (en las manifestaciones) no había ninguna persona civil portando armas», dijo Becker por teléfono a la AFP, señalando que entrevistó a 50 personas en esa ciudad.
Por su lado la CIDH calificó en Twitter de «grave» un decreto del gobierno de Áñez, aprobado el jueves y divulgado extraoficialmente el sábado, que exime de responsabilidades penales a las Fuerzas Armadas en la conservación del orden público.
El grave decreto de #Bolívia desconoce los estándares internacionales de DDHH y por su estilo estimula la represión violenta. Los alcances de este tipo de decretos contravienen la obligación de los Estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las violaciones de DDHH. (2/3)
— CIDH – Comisión Interamericana de Derechos Humanos (@CIDH) November 16, 2019
Entre Noticias/Agencias
