En un comunicado anunció tres puntos. Dijo que no otorgará los permisos de construcción que afecten infraestructura hidráulica que tendría que solicitar la empresa para finalizar las obras de construcción de la planta y que dejará sin efecto el permiso de descarga de aguas residuales.
Informó que se analizará el procedimiento por el que los derechos de uso agrícola adquiridos por la empresa con la compra de terrenos fueron transferidos de forma gratuita al gobierno de Baja California, de acuerdo con la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California.
Reconoció que “el resultado de la consulta expresa la preocupación de los mexicalenses por el agua, su uso racional y la protección por el derecho humano al agua, y hace patente su compromiso para trabajar con todas las partes para garantizar la seguridad hídrica del Valle en beneficio de todos”.
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