En México, una de cada cinco mujeres ha sido víctima de corrupción en la categoría de extorsión sexual (una especie de soborno) a cambio de recibir servicios públicos, como educación o atención médica, reveló el Barómetro Global de la Corrupción de 2019, elaborado por Transparencia Internacional.
El diario Milenio destacó que en el continente Latinoamericano, México es el país en donde 20% de las personas que participaron en la encuesta respondieron que habían sido víctimas o conocían a alguna víctima de extorsión sexual.
De esta manera, el país se ubica en una situación similar que Bahamas (24%), Guatemala (23%), Guyana (22%), Perú (20%), Brasil (20%), Argentina (1%), Venezuela (19%), Costa Rica (18%) y Colombia (16%).
El reporte asegura que “cuando el sexo es la moneda del soborno, las pruebas apuntan a un sesgo de género que afecta, en especial, a las mujeres”. Agrega que “algunas mujeres se ven obligadas a prestar favores sexuales a cambio de obtener servicios públicos, incluidas la atención médica y la educación”.
Esta es la primera primera vez que el Barómetro, publicado en 2019, incluyó información sobre la extorsión sexual o sextorsión, una de las formas más significativas de corrupción basadas en el género.
Por otra parte, destaca Milenio, en el reporte “Rompiendo el silencio en torno a la extorsión sexual. Los vínculos entre poder, sexo y corrupción”, elaborado en 2020 también por Transparencia Internacional, se aborda el problema a nivel global.
De acuerdo con el reporte, a nivel mundial, la sextorsión se comete más en los sectores de la migración, la impartición de justicia, la seguridad pública, la educación, así como en campos de refugiados, en el ámbito laboral al interior del gobierno y para acceder a servicios públicos básicos.
Es por ello que el organismo internacional propone desarrollar una definición sobre la extorsión sexual y un marco legal que permita adecuar la persecución de los casos, así como integrar el concepto en las políticas anticorrupción y contra la violencia de género.
También aconseja implementar capacitación legal para asegurar que jueces y fiscales sean conscientes de su existencia y sepan cómo perseguirla y castigarla; así como lanzar campañas públicas para concientizar sobre este fenómeno como una forma de corrupción.
Hace dos años, mientras Ana Baquedano caminaba por la playa, un hombre se le acercó y le dijo que era la mujer desnuda que había encontrado en una página de Facebook y que veía su foto todos los días.
No podía creer cuando vio su foto desnuda en el móvil de una persona que no conocía.
Sorprendida, la joven estudiante de Psicología empezó a investigar y se dio cuenta de que la imagen aparecía en la página Yucatercos, un sitio creado en 2014 y donde exhibían fotos de mujeres desnudas enviadas al sitio en internet y a su página en Facebook.
La foto y sus datos personales habían sido enviados sin su consentimiento por una persona cercana a ella, y cuando regresó de la playa, toda su escuela había visto la imagen. Vivió una pesadilla cuando fue víctima de bullying y la gente la detenía en la calle para preguntarle si era la que aparecía en el sitio web.
Pero lejos de esconderse, inició una batalla para que en su estado, Yucatán, se protegiera a víctimas de la pornovengaza y que el castigo a los responsables fuera más allá de intentar que borraran las imágenes.
A partir del 1 de agosto de 2019 es delito el publicar, difundir o exhibir las fotos, videos, audios o texto de contenido sexual sin consentimiento de la persona. También lo será si un tercero las comparte.
Los castigos aprobados por el Congreso de Yucatán varían según la gravedad. El intercambio de fotos o videos privados se castigará de seis meses hasta cuatro años de cárcel. En caso de que el material sea de un menor de edad, la pena será de hasta nueve años.
Datos de la Cámara de Senadores señalan que el 90% de las víctimas de este delito en el país son mujeres que confían material comprometedor a sus parejas, amigos o conocidos.
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