Actualmente hay unas 37.000 personas detenidas en Estados Unidos por motivos migratorios. Muchos de ellos, según los activistas, corren peligro debido a su edad, a problemas de salud preexistentes y a que están en una proximidad cercana, sin mascarillas ni otros equipos protectores.
«Es imposible permanecer tranquilo», afirmó Marco Battistotti, un italiano que figura entre los 170 detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) en el condado Bristol de Massachusetts.
«La gente tiene miedo y está entrando en pánico», añadió.
Battistotti, de 54 años, estuvo entre 100 detenidos que firmaron una carta difundida por un abogado de inmigración local en la que se quejan de las condiciones en el centro de detención y piden ser puestos en libertad mientras sus casos son tramitados.
«Yo no quiero morir en una cárcel del ICE», expresó el detenido en una entrevista telefónica con la AP. «¿Por qué no puedo seguir mi caso desde afuera?» preguntó.
El ICE reportó el martes que un detenido, un mexicano de 31 años de edad, dio positivo al virus en un centro de detención del condado Bergen en Nueva Jersey. El servicio ha anunciado medidas para proteger a los detenidos y al personal, pero no ha divulgado si revaluará los casos para posibles liberaciones en vista de la pandemia.
El gobierno del presidente Donald Trump ha tratado de mantener un equilibrio entre su característica línea dura sobre inmigración y una respuesta humana a la pandemia. El ICE anunció que «ajustará temporalmente» su estrategia para darle prioridad a la detención de personas que presenten un daño a la sociedad, o cuya deportación ha sido ordenada debido a sus antecedentes penales.
Grupos que abogan por los migrantes, como la Unión Americana de Derechos Civiles, están presentando demandas en California, Maryland, Pensilvania y otros estados, solicitando la libertad de inmediata de los migrantes, especialmente los de edad avanzada o con problemas de salud subyacentes.
No se sabe exactamente cuántos detenidos están en condiciones vulnerables, pero solamente en una demanda presentada en California se menciona a 13 denunciantes, todos mayores de 55 años.
El lunes, un tribunal en San Francisco exigió la libertad inmediata de una mujer de 37 años que iba a ser deportada a México a raíz de «la crisis de salud pública que está empeorando rápidamente».
El abogado de la mujer reveló que el gobierno le dijo que no se opondrá a la medida, tomada unilateralmente por el tribunal en nombre de una mujer que, según el abogado, ha sido amenazada por integrantes de un cártel de drogas mexicano.
«No era algo que habíamos pedido ni que anticipábamos», señaló el abogado, Max Carter-Oberstone.
«El tribunal obviamente está reaccionando a la crisis de salud pública que estamos todos enfrentando actualmente y está reevaluando la manera en que procesa casos de inmigración a la luz de esta crisis», añadió.
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