«Espero que este sueño (…) se concretice porque el indio es un ser humano exactamente igual a nosotros», declaró Bolsonaro el día 5 de febrero tras firmar el proyecto de ley para legalizar las actividades extractivas en áreas indígenas. La medida prevé que tanto los habitantes de estas comunidades como agentes externos puedan desarrollar actividades de extracción de petróleo, gas, minerales o explotación del potencial hidráulico.
En caso de aprobarse esta medida, 177 tierras indígenas se verían directamente afectadas, además de seis grupos ancestrales que viven todavía aislados, según advierte la organización internacional Survival. Los Yanomami serían uno de los grupos más afectados por la legalización de la minería en tierras indígenas, ya que existen 678 solicitudes de extracción de minerales en esta tierra al norte de Brasil y fronteriza con la Guayana. Al margen de la aprobación de estas demandas, numerosas actividades de extracción minera ilegal tienen lugar constantemente en áreas indígenas y otras reservas ambientales. Las poblaciones invadidas sufren tanto la invasión de los extractores como las consecuencias de la contaminación producida por esta actividad.
«Este agua sucia está trayendo muertes y enfermedades a nuestro pueblo. Nuestros peces están llenos de mercurio», declaró Alessandra Korap Munduruku, una de las más activas líderes en defensa de su pueblo en diciembre, en Brasilia, donde fue a denunciar la contaminación del río Tapajós como resultado de la minería.
Las invasiones -en muchas ocasiones respaldadas por grupos armados- tienen como objetivo emprender actividades ilícitas de minería, plantaciones o extracción de madera en estas reservas. Además, en algunos casos, los terratenientes ocupan pedazos de terreno para disputar la propiedad del lugar con los pueblos indígenas aunque haya un reconocimiento oficial del Estado concluido o en proceso a favor de las comunidades ancestrales.
La demarcación geopolítica de una Tierra Indígena (T.I.) tiene como finalidad reconocer el vínculo ancestral de estos pueblos con un cierto territorio así como asegurar sus modos de vida de interdependencia y protección del medio ambiente. Cuando este proceso de reconocimiento se culmina, la tierra delimitada pasa a pertenecerles colectivamente. Tienen derecho al usufructo sustentable de los recursos que allí se encuentran, excepto las riquezas del subsuelo que no pueden ser extraídas así como tampoco pueden desarrollar actividades de monocultivos intensiva. A pesar de que tanto la Constitución brasileña como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) recoge el derecho de las poblaciones ancestrales de acceso a la tierra, el Gobierno brasileño ha hecho oídos sordos en muchos casos históricos de invasión de propiedades.
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