Los representantes de todas las dependencias del gobierno federal recibieron la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador de reducir en al menos 50 por ciento el gasto asignado a servicios generales y de operación, como parte de la estrategia gubernamental para enfrentar la emergencia sanitaria por el Covid-19.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) dio a conocer que con fundamento en la Ley Federal de Austeridad Republicana, se informó a los titulares del gabinete legal y ampliado sobre esta medida, de la cual estarán exentas las áreas de salud, fuerzas armadas y Guardia Nacional “que están atendiendo la emergencia sanitaria o las que dan continuidad a los proyectos prioritarios del gobierno de México”.
La titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, giró el oficio con la instrucción presidencial de que, “atendiendo a la situación excepcional por la que atraviesa el país”, se deben aplicar medidas de racionalidad y austeridad en el ejercicio del gasto en toda la administración pública federal, considerando que se ha reducido la ocupación de oficinas y el uso de diversos insumos.
“De conformidad con la política de austeridad republicana, la medida tiene como propósito liberar recursos para atender la emergencia que vive el país por la pandemia del Covid-19. Para un mejor uso del presupuesto público”, indicó la dependencia.
Las áreas de administración y finanzas no deberán realizar pagos por servicios que no hayan sido contratados hasta ahora, ni comprometer recursos adicionales en rubros no sustantivos.
Remarcó que la Ley Federal de Austeridad Republicana establece que los entes públicos deberán abstenerse de afectar negativamente los derechos sociales de los mexicanos, previstos en la Constitución y tratados internacionales de los que México sea parte.
“Asimismo, deberán enfocar las medidas de austeridad republicana preferentemente en el gasto corriente no prioritario y evitar reducir la inversión en la atención a emergencias y desastres naturales o provenientes de la actividad humana”, enfatizó la SFP.
De acuerdo con las normas, la dependencia a cargo de Sandoval Ballesteros tiene la facultad de vigilar y fiscalizar la gestión gubernamental de los entes públicos, “verificando que las medidas de austeridad republicana se apliquen de conformidad con lo establecido en esta ley y demás disposiciones aplicables. En caso de encontrar violaciones a las medidas de austeridad republicana, se podrán iniciar los procedimientos que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas”, finalizó.
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