A medida que los gobiernos paralizan la economía para controlar la propagación del coronavirus, entre 6 y 8 por ciento de la población mundial puede caer en situación de pobreza, refirió la organización en un informe titulado «El precio de la dignidad».
«Esto podría constituir a escala mundial un retroceso de 10 años en la lucha contra la pobreza, y uno de 30 años en regiones como África subsahariana, Oriente Medio o el norte de África», porque más de la mitad de la población mundial caería por debajo del umbral de pobreza como consecuencia de la pandemia, explicó.
Destacó que los países más pobres, sin sistemas de protección social, serán los más afectados; al igual que las poblaciones desfavorecidas como las mujeres.
Aunque «la pandemia está teniendo consecuencias económicas devastadoras en todo el mundo», pero en los países más pobres, «donde las personas ya se enfrentaban a grandes dificultades para salir adelante, apenas hay redes de seguridad para evitar que caigan en la pobreza», dijo el director ejecutivo de Oxfam, José María Vera.
En su informe, Oxfam también mencionó que al inicio de la crisis por el coronavirus la Organización Internacional del Trabajo estimó una destrucción de 25 millones de empleos en todo el mundo -más que durante la crisis económica de 2008-, pero que ahora los expertos apuntan a que sólo en Estados Unidos pueden perderse 37 millones de puestos de trabajo.
Así, de cara a las reuniones de la próxima semana del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) y de los ministros de Finanzas del G-20, Oxfam reclamó medidas urgentes para ayudar a los países en desarrollo a fin de que dichas cifras no se conviertan en una realidad.
Recomendó la ayuda financiera directa para las personas más afectadas y apoyo prioritario para las pequeñas empresas, así como condicionar la asistencia financiera a las más grandes a la adopción de medidas para los más vulnerables.
Pidió también la cancelación este año de los reembolsos de la deuda de los países más pobres. Ghana por ejemplo, dijo, estaría en condiciones de «proporcionar 20 dólares al mes a cada uno de los 16 millones de niños, discapacitados y ancianos del país durante seis meses» si se liberara de los plazos de pago de la deuda.
Además aconsejó un aumento de al menos 1 billón de dólares en derechos especiales de giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional (FMI) para ayudar a los países más pobres, aumentar la ayuda al desarrollo de los países donantes y la creación de impuestos de solidaridad de emergencia gravando los beneficios extraordinarios, las grandes fortunas, los productos financieros especulativos y las actividades que tengan un impacto negativo en el medio ambiente.
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