Compras en un mercado de la capital del país. Foto Cristina Rodríguez / Archivo
La pandemia de Covid-19 y sus repercusiones económicas implicarán en el aumento de pobreza y pobreza extrema en la región, por lo que se requiere implementar un ingreso básico universal de emergencia entre la población más vulnerable, explicó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
“Esta caída nos podría costar un retroceso de 13 años”, dijo en conferencia de prensa remota. “Lo que hagamos hoy nos permitirá no caer de nuevo en otra década perdida (…) Nos tardamos 25 años en recuperar los niveles de pobreza que tampoco eran buenos”.
De acuerdo con los estimados del organismo, al cierre del año el número de pobres en la región podría adicionar a 28 millones 700 mil personas para un total de 214 millones 700 mil.
En cuanto a pobreza extrema, esta alcanzaría hasta 83 millones 400 mil personas; al sumar a 15 millones 900 mil en sólo un año.
“La pandemia sí nos hizo muy visibles los problemas estructurales del modelo de desarrollo. Las carencias de un sistema de protección social y de regímenes de bienestar muy incompletos, muy frágiles, muy vulnerables”, dijo. Agregó que se debe incluir el sistema de salud la inclusión laboral en la reactivación y “superar la fragmentación, la jerarquización y la mercantilización de los sistemas de salud”, agregó Bárcena.
En ese sentido, subrayó que además de los proyectos ya planteados por los gobiernos de la región, que no rebasan 1.5 por ciento del producto interno bruto entre transferencias monetarias y de alimentos, se debe comenzar a dar un ingreso básico universal.
En estimados para México, la transferencia de una línea de bienestar mínima equivale al costo de la canasta alimentaria de las zonas urbanas (unos 73 dólares mensuales en marzo de 2020). Dicho desembolso equivale a 10.3 por ciento del PIB estimado para 2020.
En ese sentido recalcó que virar hacia esta prestación debe ser de manera gradual, “pero es muy importante lograrlo” en el largo plazo. Un ingreso básico universal total en la región absorbería 4.9 por ciento del PIB por tres meses y 9.8 por ciento por seis meses.
Sin embargo, el mecanismo de emergencia que plantea la Cepal implica atender a 34.6 por ciento de la población que está en situación de pobreza por seis meses y para ello se requiere un total de 3.4 por ciento del PIB ya sumados los programas de transferencia que tiene la región.
Alcanzar un ingreso básico universal requiere de un pacto fiscal y que no sea con los recursos que van a protección social, también implica revaluar los incentivos tributarios, dejarlos, y reorientar esos recursos a la producción, dijo la secretaria ejecutiva.
Por otro lado, también indicó que se requiere dar apoyo a los trabajadores, ya que en la región 65.8 por ciento de los trabajadores no cotiza ni está afiliado a un sistema de salud; además que la carencia está asociada al nivel de ingresos, por ejemplo, 76.2 por ciento de los estratos bajos tampoco cuentan con protección laboral.
“La medida más importante para contener esta pandemia va a ser el empleo”, subrayó Bárcena al presentar el informe “El desafío social en tiempos del Covid-19”, el tercero de una serie que trata los efectos de la pandemia en América Latina, desde la sede de la Cepal en Santiago de Chile.
Si bien, en 14 países de América Latina se han implementado transferencias para mitigar la caída de los ingresos de los trabajadores informales. México es de las excepciones, con prácticamente seis de cada 10 integrantes de su fuerza laboral en la informalidad, no cuenta con ningún apoyo de ese tipo.
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