Antimonumento a los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos acordó con el Estado mexicano la reinstalación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para asistencia técnica internacional en el caso de los 43 estudiantes de la normal de maestros de Ayotzinapa desaparecidos desde septiembre de 2014.
«Junto con la firma del Estado mexicano y representantes de los estudiantes desaparecidos, queda oficializada y en vigencia su reinstalación», informó el organismo del sistema interamericano en un comunicado del jueves.
El 3 de diciembre de 2019 la CIDH, a solicitud de los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos, se puso a disposición del Estado mexicano a fin de reinstalar el GIEI para que «coadyuve en la búsqueda de los estudiantes y en la investigación sobre los hechos» ocurridos entre la noche del 26 y la mañana 27 de septiembre de 2014.
El acuerdo indica que el grupo trabajará durante nueve meses y emitirá su primer informe a los tres meses de su entrada en funciones.
El objetivo es cumplir una medida cautelar emitida por el organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos «para la determinación del paradero de los estudiantes de Ayotzinapa que, a la fecha, continúa vigente».
Hasta la fecha, solo los restos de un estudiante han sido identificados plenamente mediante análisis genéticos, entre huesos calcinados rescatados de un arrollo junto al basurero municipal a cielo abierto en una barranca en las afueras del pueblo de Cocula, en las serranías del estado de Guerrero, en el sur del país.
En el Acuerdo Internacional se estableció que el GIEI será reinstalado con las mismas personas que lo integraron en su primera etapa, conforme a la solicitud de los familiares.
A México regresarán Ángela Buitrago (Colombia), Carlos Beristain (España), Francisco Cox (Chile) y Claudia Paz (Guatemala) para volver a asumir estas funciones.
El gobierno anterior de Enrique Peña Nieto se negó a prorrogar su vigencia, luego que los expertos detectaron irregularidades en la investigación y denuncias de torturas en los imputados.
El acuerdo «incluye la participación en la elaboración de planes de búsqueda, el análisis técnico y coadyuvancia en las investigaciones».
Además, contempla el seguimiento al acuerdo de atención, reparaciones para las víctimas y sus familiares, la identificación de patrones de tortura a los imputados y el análisis de las garantías de independencia para la investigación.
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