El ex director de Pemex Emilio Lozoya Austin y Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México.Foto Notimex / Archivo
La Fiscalía General de la República (FGR) acusó formalmente a Emilio Lozoya Austin por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por los millones de pesos y dólares que habrían recibido él y su hermana Gilda Susana, de parte de Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA).
La Fiscalía informó ante el juez que se realizó una transferencia de 3 millones de dólares, de la empresa Altos Hornos de México, a una cuenta de la que es beneficiaria la hermana de Lozoya, sin que se identificara origen de esos fondos.
De este modo, Ancira habría enviado el dinero a la empresa Tochos Holding Limited, cuya titular es Gilda Susana Lozoya.
De los 3 millones de dólares entregados por Ancira a Lozoya, mediante una transferencia a una cuenta en Suiza, 34 millones de pesos (1,5 millones de dólares) fueron destinados a la compra de la casa, ubicada en Ladera 20, interior 11, en colonia La Retana en Lomas de Bezares, delegación Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.
Los fiscales señalaron que Lozoya «adquirió pero no pagó para ocultar el origen de los recursos del bien inmueble adquirido».
Las autoridades también acusaron al exdirector de Pemex de alentar una actividad ilícita, ya que en julio de 2013, en sesión extraordinaria del Consejo de Administración de Pemex, intervino para autorizar la compra de la planta Agronitrogenados, ubicada en Pajaritos, Coatzacoalcos, Veracruz.
Según la Fiscalía, Lozoya habría abogado para la adquisición de la planta, asegurando que era un área extraordinaria para Pemex y que el precio de venta y el costo de producción serían menores, además, afirmó que esa inversión era un asunto prioritario para el gobierno de la República.
El 20 de diciembre 2013 se hizo la compraventa de los activos de la planta de Agronitrogenados, con un sobreprecio que causó un daño patrimonial a Pemex. Al revisar la adquisición, se determinó que 60 % de las activos de la planta debían ser reemplazados.
Las autoridades señalaron que el exdirector de la petrolera «adquirió un bien inmueble en territorio nacional, con conocimiento de que el recurso para la compra provenía de un origen ilícito», en vista de que en fechas anteriores hubo un acuerdo entre él y Ancira para que Lozoya promoviera y alentara, de manera indebida, «la compra de una empresa inactiva con un precio superior al valor real».
Tras las imputaciones en su contra, Lozoya dijo no ser culpable de los delitos por los que se le acusa.
«Juez, mi compromiso fue renunciar al juicio extradición para que se aclare mi situación jurídica, y en el momento de la exposición de datos de prueba demostraré que no soy responsable ni culpable de los delitos que se imputan», dijo.
También aseguró que la casa en cuestión estuvo reportada dentro de su declaración patrimonial, cuando fue director de Pemex durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, de 2012 a 2016.
«Una aclaración de lo que se imputa: el inmueble al que se refieren fue declarado ante Secretaría de la Función Pública desde que comenzó mi gestión como director de Pemex. Respecto a los recursos que se imputan, lo aclararé al momento de presentar los datos de prueba», agregó.
Lozoya alegó haber sido «intimidado», a raíz de la investigación en su contra, y reiteró su disposición a denunciar a los presuntos autores de dichas presiones.
«Quisiera añadir y hacer de su conocimiento, con relación a los hechos objeto de esta investigación, que fui sistemáticamente intimidado, presionado, instrumentalizado», declaró. Y añadió: «Denunciaré y señalaré a los autores de estos hechos y vuelvo a reiterar mi compromiso de colaborar con las autoridades del Estado mexicano».
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