Militar desplegado en calles en México
AP Photo / Rashide Frias
Cinco organizaciones de la sociedad civil presentaron ante el Poder Judicial de México varias solicitudes de amparos en contra de un acuerdo publicado el 11 de mayo pasado por la Presidencia, que faculta a las Fuerzas Armadas a participar en operaciones de seguridad pública hasta 2024, que califican como «militarista».
«El Acuerdo viola la Constitución mexicana porque no garantiza que el uso de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública sea extraordinario, regulado, fiscalizado, subordinado, y complementario; además de violar las obligaciones internacionales que ha adquirido el Estado mexicano en materia de derechos humanos», informaron las reconocidas organizaciones.
Estos juicios de amparo buscan limitar la supuesta «arbitrariedad, violencia, y opacidad con la que operan las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública».
El acuerdo firmado por el presidente Andrés Manuel López, cuyo mandato termina en 2024, violaría la Constitución mexicana y pondría en riesgo los derechos humanos, al autorizar a los militares y marinos a integrarse a la nueva Guardia Nacional en construcción, encargada desde 2019 de la seguridad pública en remplazo de la extinta Policía Federal.
«La estrategia de seguridad pública basada en la militarización ha sumido al país en una espiral de violencia y en una crisis de violaciones graves a los derechos humanos», sostienen las organizaciones que también participan en foros internacionales.
Los defensores de víctimas de abusos de derechos humanos cometidos por militares proponen «un modelo de seguridad ciudadana que apueste por el fortalecimiento de las instituciones civiles y la construcción de paz».
Las organizaciones firmantes son la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, fundada en 1988, la Fundación Para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, México Unido Contra la Delincuencia, el colectivo Equis Justicia para las Mujeres, e Intersecta.
Las organizaciones integran dos grandes colectivos que aglutinan a decenas de organismos civiles: Militarización No Es Paz, y Seguridad Sin Guerra.
El expediente negro de los militares
Las organizaciones han documentado violaciones a derechos humanos perpetradas por militares; por ejemplo, detenciones arbitrarias, tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, y desplazamientos forzados.
Por ejemplo, de 2007 a 2014 se registraron alrededor de 3.900 muertes a manos de militares.
A pesar de ello, «de 2006 a 2019 solo se han registrado 21 denuncias ante la Fiscalía General de Justicia Militar por homicidio doloso», denuncian las organizaciones.
A lo largo de 14 años el Ejército y la Marina han realizado funciones de seguridad pública, utilizando reformas controvertidas como la Ley de Seguridad Interior fue promulgada en diciembre de 2017, pero dos semanas antes de que tomara posesión de la presidencia López Obrador, la Suprema Corte de Justicia la declaró inconstitucional.
En marzo de 2019, una nueva reforma autorizó crear una Guardia Nacional con decenas de miles de militares y marinos activos.
López Obrador descarta las críticas a los militares y su estrategia de seguridad, contradiciendo a la Constitución y tratados internacionales.
Las organizaciones exigen que sea enviado un informe ante el Senado sobre la necesidad de usar a las Fuerzas Armadas permanentes, y detalles de un plan de retorno de los militares a los cuarteles.
El escepticismo de las organizaciones se basa en «alarmantes cifras de muertes de civiles a manos de elementos del Ejército y la impunidad que las acompaña».
A raíz de un pacto migratorio de EU y México, el Gobierno ordenó la «militarización de las tareas de vigilancia, control migratorio, y la formulación e implantación de políticas represivas contra las personas migrantes» en la protección de la línea fronteriza.
Equis Justicia para las Mujeres e Intersecta afirman que el despliegue militar en labores de seguridad pública «se ha traducido en una reiterada y sistemática violación de los derechos humanos de las mujeres».
La más reciente Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, señala que aproximadamente 97.000 mujeres fueron violentadas por soldados y marinos desde 2016.
Según la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, señala que el 10,2% de las mujeres detenidas por policías estatales sufrieron una violación, mientras que de las mujeres arrestadas por el Ejército el 20,9% sufrió una violación, y cuando las detuvo la Marina, el número asciende a 40,9%.
Según cifras oficiales entre 2007 y 2018, la tasa de homicidios de mujeres con arma de fuego en la vía pública aumentó en un 500%.
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