Bolivia está envuelta en un caos político y social que amenaza con crecer

Bolivia está envuelta en un caos político y social que incluye protestas masivas, bloqueos en carreteras, represiones policiales, desalojos con armas y una creciente presencia de grupos paramilitares. De fondo, el retraso en celebrar las elecciones con las que debería recuperar el sistema democrático que perdió el año pasado y los intentos de proscripción del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido del derrocado expresidente Evo Morales.

Las voces más alarmistas advierten incluso del peligro de que estalle una guerra civil ante la creciente tensión entre los simpatizantes del MAS y los sectores de ultraderecha afines a la presidenta de facto, Jeanine Áñez, y a otros candidatos presidenciales.

El fin de semana recrudecieron los enfrentamientos, algunos de ellos armados, entre fuerzas de seguridad y grupos de choque contra las organizaciones aglutinadas en la Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto de Unidad, que el lunes pasado comenzaron una serie de movilizaciones para protestar por la postergación de las elecciones del 6 de septiembre al 18 de octubre.

La justificación del gobierno y de las autoridades electorales para cambiar la fecha fue que no se puede exponer a la ciudadanía a cumplir con una jornada electoral que propagaría todavía más una pandemia que hasta ahora ha dejado un saldo de 89.999 contagios y 3.640 muertes.

Desde el masismo, sin embargo, consideran que esto es solo un pretexto de sus rivales para ganar tiempo, ya que están realizando una serie de maniobras para impedir la postulación de Luis Arce, el candidato presidencial del MAS que, de acuerdo con las encuestas, encabeza la intención de voto.

Además de marchas y actos masivos, los grupos masistas, entre los que se incluyen la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia-Bartolina Sisa, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) y organizaciones universitarias y vecinales, se apostaron de manera permanente en rutas a lo largo del país con el fin de presionar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que mantenga la agenda electoral y los comicios se realicen el próximo mes.

Amenazas y represiones

Hasta el domingo, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) había reportado 77 bloqueos en carreteras, principalmente en Cochabamba, Oruro, La Paz y Potosí. En varios de esos cortes llegaron grupos que intentaron desalojar a los manifestantes.

Uno de los casos más graves se registró en la localidad de Santa Rosa, ubicada en el departamento de Santa Cruz, que tradicionalmente ha sido opositor al MAS, en donde la Defensoría del Pueblo confirmó que hubo por lo menos tres heridos de bala.

En la Plaza Abaroa, en el centro de la Paz, cientos de encapuchados amenazaron con sacar por la fuerza a los manifestantes que permanecen frente al Tribunal Supremo Electoral. Las organizaciones denunciaron, además, que en varios bloqueos hubo represiones policiales con gases lacrimógenos y detenciones injustificadas, y que se multiplicó la presión por parte de grupos paramilitares que llegaron armados a las protestas para amedrentarlos.

Ante las denuncias de violencia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya le exigió a Áñez que garantice el diálogo con todos los actores involucrados y asegure el ejercicio del derecho de reunión y de protesta pacífica y el respeto a los derechos humanos.

El expresidente Morales, quien a pesar de estar refugiado en Argentina sigue teniendo un papel central en la política boliviana, ya advirtió que se corre el peligro de que la violencia derive en pérdida de vidas humanas, además de que denunció que hay intentos de un nuevo golpe de Estado para evitar las elecciones e instalar un gobierno conformado por civiles y militares.

«Denunciamos ante los organismos internacionales de Derechos Humanos que grupos paramilitares, organizados, financiados y que actúan en coordinación con el gobierno de facto, están cometiendo actos de violencia en Boliva con gravísimas consecuencias humanas», escribió en redes sociales.

Agregó que «en medio de la violencia que alientan grupos de choque del gobierno de facto, se producen nuevos actos de racismo y de discriminación» en contra del movimiento indígena: «Repudiamos las agresiones racistas que sufren hermanas de pollera, hermanos indígenas y campesinos».

Para enrarecer aún más el ambiente, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, amenazó con operativos de desalojo y con denuncias penales en contra de funcionarios y dirigentes políticos que están organizando o apoyando los bloqueos, ya que los acusó de delitos contra la salud pública porque con los cortes de rutas se impide el paso de insumos sanitarios en plena pandemia, lo que es negado por el MAS con fotos y videos que demuestran que se permite el paso a ambulancias y proveedores de hospitales.

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