Arturo Murillo contaba con una alerta migratoria que le debía impedir dejar el país.
Foto Afp
El comandante nacional de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera, informó este martes que se confirmó la fuga de dos exministros del gobierno de facto de Jeanine Áñez a Brasil y Panamá.
Los fugados son los exministros de facto de las carteras de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Luis Fernando López, ambos requeridos por la justicia boliviana, precisó Aguilera, en declaraciones a radio Fides.
De acuerdo con el relato de Aguilera, sin precisar fecha, ambos tomaron un vuelo oficial de la Fuerza Aérea Boliviana de Santa Cruz a Puerto Suárez, extremo este del país, y desde ahí salieron rumbo a Corumbá, en el estado de Mato Grosso del Sur, en Brasil, que está a 35 minutos en auto.
«Hoy estamos en la convicción de que Migración Brasil ha podido certificar a la Dirección de Inteligencia el ingreso del señor exministro de Gobierno Arturo Murillo y de Luis Fernando López Julio, exministro de Defensa», dijo Aguilera.
Añadió que, luego, el pasado 9 de noviembre, Murillo viajó de Brasil a Panamá. Mientras, las autoridades tuvieron conocimiento de que López permanece en territorio brasileño.
Más temprano, Aguilera, quien asumió como la máxima autoridad policial de Bolivia este lunes, había anunciado una amplia operación para capturar a Murillo y López.
Órdenes de aprehensión
Sobre estos dos exfuncionarios del gobierno de facto pesa una orden de aprehensión, emitida por la Fiscalía de Bolivia, en el marco de una investigación por la compra de gases lacrimógenos con sobreprecio.
El proceso se abrió tras una denuncia presentada por diputados del Movimiento al Socialismo (MAS), que aseguran que López firmó en diciembre de 2019 un contrato con la empresa Bravo Tactical Solutions LLC, con sede en EE.UU., para la adquisición de los cartuchos de gases lacrimógenos, por 5,6 millones de dólares, generando un perjuicio al Estado por aproximadamente 2 millones de dólares.
Este mismo martes, la Fiscalía informó que solicitará ante la Interpol la activación del sello azul, que permitirá determinar la ubicación de Murillo y López.
Por su parte, el analista político Juan José Bedregal opinó que «Áñez no tiene autoridad moral para hablar de la independencia judicial», ya que bajo su gestión muchas personas inocentes fueron demandadas de forma ilegal.
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