Desfile en Guayaquil con el Presidente José Luis Tamayo (1920-1924)
Por Juan J. Paz y Miño Cepeda
Durante las décadas finales del siglo XX, bajo el manto ideológico del neoliberalismo y de la globalización transnacional, los empresarios latinoamericanos (es decir aquella elite que maneja el mayor poder del capital y de la riqueza en cada país) se encontraron con una coyuntura histórica nueva y, además, favorable, para que sus intereses económicos pasen a prevalecer definitivamente en el Estado, de la mano de gobiernos volcados a su servicio. Su visión económica era muy simple: ellos daban trabajo, sabían generar la riqueza y bastaba que se diera rienda suelta al mercado libre y al emprendimiento privado, para que la sociedad se desarrollara y solucionara problemas tan serios como la pobreza o el desempleo. Se trataba de una visión vieja y conservadora, cuyas raíces provenían de la época de predominio latinoamericano del régimen oligárquico, pero se impuso. Como era previsible, los resultados económicos de semejante “modelo” fueron relativamente exitosos al comienzo y solo en algunos países. En todos, finalmente, la aplicación del recetario neoliberal provocó mayor concentración de la riqueza, agravó las condiciones de vida y de trabajo de la mayoría de las poblaciones y resquebrajó la institucionalidad. Hay estadísticas y suficientes estudios académicos sobre el tema, y quien desee verificarlo puede acudir a la amplia bibliografía de la CEPAL en su página: www.cepal.org/es
El modelo empresarial-neoliberal entró en conflicto con los gobiernos del ciclo progresista latinoamericano de los primeros tres lustros del siglo XXI, que montaron otro tipo de economía y con distintos objetivos sociales. Esa experiencia fue determinante para que los empresarios retomen la ilusión por restaurar su poder en el Estado y reimponer sus intereses a la sociedad.
Pero, al mismo tiempo, ha surgido un fenómeno nuevo: ahora son empresarios y, además, millonarios, los que han decidido incursionar directamente en la política y convertirse en candidatos presidenciales, con el propósito evidente de manejar el Estado, sin intermediarios ni gobernantes ineficaces. Este, que era un rasgo poco visible hasta los años 80, toma fuerza en los 90 y se consolida en el siglo XXI. Y este fenómeno es el que Inés Nercesian, reconocida investigadora y profesora de la Universidad de Buenos Aires, examina en su reciente libro Presidentes empresarios y estados capturados: América Latina en el siglo XXI (IEALC, 2020).
Inés ha realizado un formidable trabajo de comparación entre ocho países: Argentina, Brasil y México, los de mayor industrialización, y Chile, Colombia, El Salvador, Paraguay y Perú. Destaca a los empresarios convertidos en gobernantes: Vicente Fox en México (2000-2006), Elías Antonio Saca González (2004-2009) en El Salvador, Sebastián Piñera (2010-2014/2018-hoy) en Chile, Horacio Cartes (2013-2018) en Paraguay, Mauricio Macri (2015-2019) en Argentina, Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) en Perú, los casos de Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019) en Panamá (solo en referencia), en Colombia, Álvaro Uribe Vélez (2002-2006/ 2006-2010), y en Brasil, Michel Temer (2016-2018), quien era político, pero vinculado al empresariado. También se cita a otros empresarios que incursionaron en la política, pero que no forman parte del estudio: Samuel Doria Medina en Bolivia, Álvaro Noboa Pontón en Ecuador, Edgardo Novick y Juan Sartori en Uruguay, Dagoberto Gutiérrez en Guatemala, Antonio Álvarez Desanti en Costa Rica y Carlos Callejas, en tanto Nayib Bukele (2019-hoy) es presidente en El Salvador.
Lastimosamente Inés no estudia al Ecuador. Desde 1979, cuando se retornó a la democracia constitucional, León Febres Cordero (1984-1988) fue el primer empresario presidente; pero en el siglo XXI los dos magnates convertidos en políticos y candidatos son: el exportador bananero Álvaro Noboa Pontón (uno de los mayores millonarios latinoamericanos) y el banquero Guillermo Lasso. El primero fue candidato presidencial en 1998, 2002, 2006, 2009 y 2013, mientras el segundo lo fue en 2013 y 2017; pero Lasso se ha presentado para las elecciones de febrero 2021, mientras está por resolverse la aceptación legal de una nueva candidatura de Noboa. En el ambiente político nacional se especula que Noboa podría “tumbar” la candidatura de Lasso, el candidato ideal de las elites empresariales, de la oligarquía guayaquileña y hasta de la institucionalidad “oficial”. También se cree que Noboa podría “debilitar” el probable triunfo de Andrés Aráuz, el candidato del “correísmo”, en primera vuelta.
Sin embargo, lo cierto es que, de llegar a la presidencia, Lasso o Noboa darían continuidad al mismo programa económico que el empresariado ecuatoriano logró imponer durante el gobierno de Lenín Moreno y, con seguridad, lo profundizarán directamente, sin un intermediario temporal, que desde 2017 abandonó el proyecto de la “Revolución Ciudadana”.
La restauración del modelo empresarial-neoliberal en Ecuador ha despertado a una clase empresarial que tiene perfectamente en claro el camino económico que hay que seguir y la necesidad de preservar sus intereses en el Estado, para el largo plazo. Las cámaras de la producción han presentado documentos para el “debate” y sus dirigentes han realizado permanentes declaraciones sobre el rumbo que tienen trazado para el país, de modo que sus planteamientos son apoyados y publicitados en los medios de comunicación igualmente ligados a sus intereses clasistas, así como por tecnócratas, economistas y profesionales convencidos de que el mercado libre y la empresa privada, sin Estado interventor, ni impuestos que afecten los “costos” productivos y, además, con relaciones laborales flexibilizadas y precarizadas, traerán al país el paraíso terrenal de los capitalistas y la felicidad para toda la población.
El problema de fondo es que la visión y los conceptos de las elites empresariales actualmente hegemónicas contradice los procesos históricos. Ante todo, Ecuador ya experimentó las nefastas consecuencias del modelo empresarial-neoliberal durante las décadas finales del siglo XX, algo que ha vuelto a repetirse desde 2017. La ideología empresarial ha arrasado con el derecho social y laboral, ha desinstitucionalizado el Estado a tal punto que no ha importado violar la Constitución y las leyes para imponer los mecanismos económicos favorables al capital, se ha lanzado una aguda lucha de clases contra la población a la que se quiere someter a contratos individuales basados en la voluntad y “libertad” de las partes, no admiten jornadas diarias ni semanales sujetas a los máximos legales, arrasan con las ideas de protección laboral frente a horas extras o despidos, fomentan la desestabilización de bienes y servicios públicos, imaginan que lo “privado” es una esfera en la que nadie debe intervenir y mucho menos el Estado con su “competencia desleal”, suponen que los fondos publicos e incluso los de la seguridad social, deben ser canalizados y utilizados exclusivamente por el sector empresarial, y creen, en definitiva, que todo tipo de recurso que existe en el país, les debe pertenecer.
Una economía basada en los ideales empresariales ecuatorianos no existe en ningún lugar del mundo contemporáneo. Recuerda la “época plutocrática” entre 1912 y 1925, sin Estado competidor, sin leyes laborales, sin impuestos, dependiente de la oligarquía financiera. Y en América Latina los países “modelo” del neoliberalismo, como fueron Chile o Argentina, demostraron su fracaso y la intolerable diferenciación social que afirmaron, a pesar de sus empresarios presidentes. Las tendencias contemporáneas marcan la necesidad de construir economías sociales, pero el conservadorismo y el atraso conceptual de las elites empresariales ha impedido estos otros caminos de modernización.
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