Trabajadores de Ultimate Concrete, empresa encargada de construir una parte del muro fronterizo del presidente Trump, este mes, en Puerto Palomas, México.
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El diario The New York Times difunde que dos informantes acusan a los contratistas que construyen el muro fronterizo del presidente Donald Trump de ingresar a Estados Unidos, de contrabando, a equipos de seguridad mexicanos armados para vigilar las obras, incluso construyeron un camino rústico ilegal para acelerar la operación, según documentos judiciales que un juez federal hizo públicos el viernes 4 de diciembre.
Los dos empleados, que fueron contratados para proporcionar seguridad en las obras, acusaron a la empresa, Sullivan Land Services Co. (SLS, por su sigla en inglés), así como a un subcontratista, Ultimate Concrete of El Paso, de contratar a trabajadores que no fueron aprobados por el gobierno estadounidense, cobrar altos precios por la construcción y hacer declaraciones falsas sobre esas acciones.
Los informantes dijeron que Ultimate Concrete incluso construyó un camino rústico para agilizar los cruces ilegales de la frontera a los sitios en San Diego y usó vehículos de construcción para bloquear las cámaras de seguridad. Un supervisor no identificado del Cuerpo de Ingenieros del Ejército aprobó la operación, según una denuncia presentada en febrero y dada a conocer el viernes de la semana pasada.
Es posible que Trump haya incumplido su promesa de 2016 de hacer que México pagara por el muro pero, si las acusaciones resultan ciertas, parece ser que el gobierno sí recurrió a trabajadores mexicanos para el proyecto, posiblemente a expensas de los estadounidenses.
Las acusaciones salieron a la luz cuando los datos obtenidos por The New York Times mostraron que un muro fronterizo que Trump alguna vez dijo que era “impenetrable” ha demostrado ser bastante penetrable. De hecho, fue atravesado en repetidas ocasiones por migrantes y ha necesitado reparaciones que, según los informantes, fueron realizadas por trabajadores no autorizados por el gobierno.
Los documentos obtenidos por el Times mediante una solicitud de la Ley de Acceso a la Información muestran que los agentes de la Patrulla Fronteriza han batallado para impedir que los migrantes violen el muro y una parte de las barreras en Tucson, Arizona, fue atravesada en septiembre.
Entre octubre de 2019 y marzo de 2020, los bolardos de hormigón del muro fueron sorteados más de 320 veces en los sectores de la Patrulla Fronteriza de San Diego; Tucson; El Centro, California, y Yuma, Arizona, según los documentos. Si bien Trump ha construido nuevos segmentos en cada una de esas zonas, no se sabe si todas las violaciones sucedieron en las nuevas secciones del muro o en las barreras deterioradas instaladas por gobiernos anteriores.
El Times no pudo verificar de manera independiente las acusaciones, presentadas por un exalguacil adjunto del condado de San Diego y un exagente especial del FBI que proveyó seguridad para la construcción del muro. La denuncia con base en la Ley de Declaraciones Falsas se presentó en el Distrito Sur de California, lo que permitió al gobierno federal investigar las acusaciones mientras permanecían selladas y decidir si el caso proseguía. El Departamento de Justicia notificó al tribunal la semana pasada que no intervendría en el caso, lo que llevó a un juez a retirar la reserva de divulgación. La ley federal permite a los informantes continuar con el caso “en nombre de Estados Unidos” o, con el permiso del gobierno federal, buscar un acuerdo o el sobreseimiento del caso.
Uno de los guardias, que se desempeñaba como gerente de seguridad de los contratistas en el sitio, dijo a los agentes especiales del FBI que había descubierto a través de las auditorías mensuales de los trabajadores en el sitio en San Diego que muchos de los empleados que trabajaban en la construcción y la seguridad no eran investigados ni aprobados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
SLS, uno de los principales constructores del muro de Trump, ha recibido contratos por un valor de más de 1400 millones de dólares para trabajar varios sectores de la frontera. Con esos fondos, se dice que la empresa ha permitido a su subcontratista, Ultimate Concrete, contratar a mexicanos armados y facilitar cruces ilegales de la frontera que el presidente se propuso cerrar.
Ultimate Concrete “construyó un camino rústico que permitiría el acceso desde el lado mexicano de la frontera hacia Estados Unidos”, declararon los informantes en la denuncia. “Parece ser que ese camino construido por UC fue la ruta que usaron los mexicanos armados para cruzar a Estados Unidos de manera ilegal”.
En julio de 2019, un gerente de proyecto de SLS presionó a uno de los informantes para que no incluyera información sobre los guardias de seguridad mexicanos en los informes que debían presentarse al Cuerpo de Ingenieros del Ejército.
Ese mes, agentes de la Patrulla Fronteriza expresaron su preocupación sobre esos guardias mexicanos a las empresas de seguridad para las que trabajaba uno de los informantes. Cuando el informante habló sobre las preocupaciones relativas a los guardias mexicanos que trabajaban del lado estadounidense de la frontera con un gerente de proyecto de SLS, la compañía dijo que el trabajo de los guardias mexicanos había sido aprobado, una afirmación que el informante negó.
Alrededor de tres semanas después, uno de los informantes recibió un informe sobre un tiroteo que había tenido lugar entre los guardias de seguridad mexicanos y otros que cruzaron la frontera para robar propiedades. Uno de los informantes reportó el tiroteo al Cuerpo de Ingenieros del Ejército.
Los oficiales del Cuerpo de Ingenieros respondieron que investigarían el episodio y que la información era inconsistente con lo que los directivos de Ultimate Concrete habían informado.
En la denuncia, uno de los informantes también dijo que había entrevistado a un testigo que aseguró que los guardias mexicanos armados estaban trabajando en el lado estadounidense de la frontera. Líderes de ambas empresas contratistas también admitieron que estaban al tanto de los guardias mexicanos que trabajaban en Estados Unidos, y un representante de Ultimate Concrete afirmó que estaba “pagando por los servicios de los guardias mexicanos”.
Después, uno de los guardias de seguridad contactó al FBI. Anteriormente, The Washington Post reportó que el FBI estaba investigando el tiroteo del año pasado en el sitio de construcción en San Diego que había herido a dos de los guardias de seguridad mexicanos. El Post también informó que personas migrantes habían comenzado a atravesar el muro de Trump en 2019.
En la denuncia, los informantes también aseguraron que empleados de Ultimate Concrete habían presentado facturas fraudulentas al gobierno federal. Un trabajador le dijo a uno de los informantes que un directivo de la empresa, identificado en la denuncia como el presidente de UC, estaba “ocultando la totalidad de sus ganancias en el proyecto del muro fronterizo”, en parte al presentar reembolsos falsos de diésel, según la denuncia.
Los informantes dijeron en la denuncia que al menos un supervisor anónimo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que después renunció, estaba al tanto del uso de guardias mexicanos y tenía una relación indebida con los directivos de Ultimate Concrete, a menudo acompañando a partidas de golf con el “presidente de UC”.
Uno de los informantes afirmó haberle advertido al supervisor del Ejército sobre sus inquietudes respecto a la empresa, pero le dijeron que “se alejara”.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos no respondió a las solicitudes de comentarios. Nicholas J. Lewin, abogado de uno de los informantes, no respondió a las solicitudes de comentarios. Marc S. Harris, abogado de otro oficial de seguridad, se negó a comentar.
Los empleados también acusaron a las empresas de presentar facturas fraudulentas por los costos del muro fronterizo y “ocultar” todas las ganancias del proyecto.
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