Trabajadores dando mantenimiento a ductos de agua.
Cuartoscuro
Luego de que esta semana se anunciara su cotización en la bolsa de valores de Wall Street, ahora es el agua el nuevo oro líquido que, sin duda, terminará cambiando por completo la dinámica a su acceso conocida hasta hoy.
Y en un país como México en el que al menos un 10% de sus habitantes –al rededor de 13 millones– no tienen acceso a ese recurso, una noticia así tiene un gran impacto.
En un artículo titulado “En México la corrupción, el narco y las empresas mineras han propiciado la guerra por el agua”, publicado por el diario estadounidense Los Angeles Times, el periodista mexicano Jesús Lemus, explica cómo el mal crónico de México, la corrupción, y el crimen organizado, enmarcan la nueva disputa en el país –que se va intensificando– ahora por el vital líquido.
Entonces empieza señalando que el precio con el que arrancó la comercialización del agua en Wall Street fue de 0.39 centavos de dólar por metro cúbico, que representa menos de la mitad del que cobra el gobierno mexicano al sector industrial cada metro cúbico de agua, ahora mismo con un costo de 19.30 pesos.
“Pero a pesar de la disparidad de precios establecidos para el agua, tanto en Estados Unidos como en México no hay diferencia sobre la nueva realidad del vital líquido: el arrebato de ese recurso a la población, es igual. En EE.UU se arrebatará el agua a través del dinero, mientras que en México se sigue dando mediante la violencia y la corrupción de por medio”, advierte el también escritor.
Por un lado, hace un recuento de cómo la cantidad disponible de agua por ciudadano en México ha disminuido drásticamente en los últimos 100 años. “Sí, en México, pese a que la Constitución establece en su artículo 4, párrafo seis, que ‘toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible’, esto no es posible. La justa distribución del agua se encuentra cada vez más lejos de la realidad”.
Así, en una parte hace responsable al mal que más padece y daña a México: la corrupción.
“Y es que la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la entidad administradora del vital líquido, bajo una mal entendida política de desarrollo económico ha preferido ceder el derecho al uso del agua a los grandes corporativos de la planta industrial y de la industria agroalimentaria transnacional, a costa del desabasto de un amplio sector de la población”.
Con esto explica que actualmente, en todo el territorio nacional, hay al menos menos 916 conflictos violentos que han desatado una guerra en la que se disputan el agua los pobladores contra los corporativos industriales.
En cifras, señala Lemus, de cada 100 metros cúbicos de agua que corren por ríos, afluentes o arroyos, así como los almacenados en mantos freáticos de las 13 regiones hidrológicas del país, al menos 86 están otorgados a empresas, y solo 14 metros están destinadas a toda población. Es decir, solo las industrias se quedan con más de tres cuartas partes del agua de todo México.
“La desigual distribución del agua en México, que ha propiciado brotes de violencia en todo el país, no es causa del azar. Es resultado de la corrupción de la clase gobernante, la que en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto consolidó un marco jurídico encaminado a favorecer el uso industrial del agua antes que atender las demandas de la población”, indica el autor.
Por otro lado, el texto señala el otro gran mal que el país enfrenta desde hace más de 10 años: el crimen organizado.
“El modelo de corrupción establecido en la distribución del agua en México ha traído otros problemas igual de graves en la disputa por el agua. La presencia del crimen organizado en estos conflictos ya es una realidad. Grupos de los cárteles de Sinaloa, Caballeros Templarios, Los Zetas y de los Hermanos Beltrán Leyva ya participan en esta actividad rentable”, advierte.
Así explica que actualmente se han detectado por lo menos 16 células criminales de esas organizaciones que venden sus servicios delictivos a las grandes empresas que se han apoderado del agua, cuya labor radica en disuadir los movimientos sociales por medio de la persecución e intimidación de activistas de la defensa del agua.
“Los grupos criminales que trabajan para las empresas consumidoras de grandes volúmenes de agua en México no es una suposición, es un hecho reconocido por 101 organizaciones civiles, comunidades y colectivos, las que así lo plasman en el ‘Informe Sobre Violaciones a los Derechos Humanos al Agua Potable y al Saneamiento en México 2017′, entregado a la ONU”, reseña el periodista.
Además menciona que los estados en los que mayor presencia del crimen organizado en la disputa por ele agua se da en los estados de Sonora, Michoacán, Puebla, Veracruz, Estado de México y Zacatecas.
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