El gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la Cámara de Diputados retirarle el fuero al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por la presunta comisión de delitos como delincuencia organizada, operación de recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.
El coordinador de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier, informó en sus redes sociales que el recinto legislativo de San Lázaro recibió la anterior solicitud de declaratoria de procedencia contra el mandatario panista.
Ante ello, el gobernador Cabeza de Vaca señaló que Morena filtra una “supuesta acusación” en contra de él y aseguró que nunca ha violado la ley.
“De nuevo el uso faccioso de la justicia donde no hay delito, se orquesta una embestida política. Esperaré a ser notificado para tener detalles y fijar mi postura”, dijo en redes sociales.
La declaración de procedencia es un acto legislativo para remover la inmunidad procesal de los servidores públicos y así ponerlos a disposición de una autoridad judicial a fin de que ésta los juzgue por posibles delitos cometidos durante el desempeño de su encargo.
Una vez que se recibe esta solicitud, la petición será enviada a la Sección Instructora, la cual deberá rendir su dictamen en un plazo de sesenta días hábiles. Concluida esta averiguación, la sección dictaminará si ha lugar a proceder penalmente en contra del inculpado.
En tanto, el PAN en el Senado aseguró que esta solicitud de procedencia se debe a que hay una persecución política contra el mandatario, así como una manera de distraer la atención de la opinión pública de las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Las investigaciones contra Cabeza de Vaca comenzaron el pasado año tras una denuncia en su contra, presentada por particulares, sobre un presunto enriquecimiento ilícito por más de 951 millones de pesos (46,4 millones de dólares).
Las autoridades señalan a Cabeza de Vaca como el presunto responsable de «crear un esquema de operación financiera en la que involucró recursos públicos mediante empresas fachada que le redituaron ingresos que pueden catalogarse como ilícitos».
La investigación, realizada conjuntamente por la Unidad de Inteligencia Financiera y el Ministerio Público, detalla que entre abril y diciembre de 2019 se realizaron triangulaciones financieras que habrían reportado al gobernador ingresos por 42 millones de pesos procedentes de una empresa fachada que no cuenta con empleados, capital, ni antecedentes de declaraciones fiscales.
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