También son beneficiarias de las indemnizaciones estatales las víctimas de cualquier tipo de violencia sexual
Las mujeres peruanas que fueron víctimas de esterilizaciones forzadas durante el Gobierno de Alberto Fujimori serán indemnizadas por el Estado, tras ser incluidas en el plan de reparaciones para las víctimas del conflicto armado interno (1980-2000).
Esta indemnización es posible gracias a la modificación de la ley del plan integral de reparaciones, promovida por la excongresista indígena Tania Pariona junto a la organización feminista Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus).
La modificación especifica que también son beneficiarias de las indemnizaciones estatales las víctimas de «cualquier tipo de violencia sexual», lo que incluye a las mujeres que fueron sometidas sin su consentimiento a una ligadura de trompas, en el marco del denominado Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar.
🚨#ALERTA | El Poder Ejecutivo promulgó modificatoria de #LeyPIR, la cual modifica el artículo 3 y 6 de la Ley de Reparaciones Integrales, reconociendo el derecho a reparación para las víctimas de «todo tipo de violencia sexual» entre los años 80 y 90.
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— DEMUS (@DemusPeru) February 9, 2021
De acuerdo con los datos de este programa, entre 1996 y 2000, se esterilizaron más de 270.000 peruanas, en su mayoría mujeres indígenas o de bajos recursos que no fueron consultadas. Según otras estimaciones, las cifras podrían ser superiores.
Hasta el momento, unas 8.000 están inscritas en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (Reviesfo), abierto por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos desde el año 2016.
De estas víctimas, 2.074 elevaron sus denuncias formales durante el proceso penal contra Fujimori y hoy le exigen al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Vega, que adopte inmediatamente las medidas para iniciar las indemnizaciones.
A la par, el próximo 1 de marzo, un juez determinará si le abre proceso penal a tres de los ministros de Salud de Fujimori, Alejandro Aguinaga, Marino Costa y Eduardo Yong, y exfuncionarios de la cartera, por las esterilizaciones forzadas practicadas por su régimen.
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