Andrés Manuel López Obrador, presidente de México
El presidente Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa para modificar la Ley de Hidrocarburos, en la que señala que la Secretaría de Energía (Sener) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) podrán suspender, de manera temporal, los permisos de manejo, almacenamiento, transporte y distribución de petrolíferos e hidrocarburos ante “un peligro inminente” a la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional.
La propuesta enviada a la Cámara de Diputados, menciona que la suspensión tendrá la duración que la autoridad determine. “El permisionario podrá solicitar a la autoridad que haya expedido el permiso la terminación de la suspensión, cuando demuestre que las causas que la ocasionaron ya fueron subsanadas o erradicas, o han desaparecido”, señala.
En la Exposición de Motivos menciona que para evitar que los consumidores reciban una cantidad de combustible inferior al que pagaron, propone reformar el régimen de sanciones a fin de que se imponga la revocación del permiso de operación previamente expedido a todos los sujetos que reincidan en la ejecución de las siguientes conductas: incumplimiento de las disposiciones aplicables a la cantidad, calidad y medición de hidrocarburos y petrolíferos, y modificación de las condiciones técnicas de sistemas, ductos, instalaciones o equipos sin la autorización correspondiente.
“La intención de complementar las sanciones monetarias ya previstas en la Ley de Hidrocarburos, con la imposición de la revocación del permiso expedido al concesionario cuando sea reincidente en algunas de las conductas, nos permitirán adecuar el marco normativo con el propósito de salvaguardar las disposiciones establecidas en al Constitución”, se lee en la propuesta.
Se especifica que las consecuencias jurídicas de la modificación propuesta, conllevaría a revocar el permiso a los empresarios que incumplan, por una parte, los términos del permiso concedidos y, por otra, alteren los instrumentos expendedores de combustibles; es decir, “a quienes hagan mal uso o alteren las condiciones técnicas de los sistemas, ductos, instalaciones o equipos de suministro”.
El documento, publicado en la Gaceta Parlamentaria, se turnó a la Comisión de Energía, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
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