La juez Regina Santa Cruz decretó ayer domingo detención preventiva de 4 meses para la expresidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, y sus dos exministros: Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán.
La Fiscalía había pedido 6 meses de detención, pero la juez decidió que ese tiempo era excesivo para el período de investigación.
Iván Lima Magne, el ministro de Justicia de Bolivia, afirmó este domingo en una entrevista con BTV que su cartera pedirá «una condena de 30 años» contra la expresidenta de facto Jeanine Áñez por las matanzas ocurridas en Senkata, Sacaba, Montero y la zona sur de La Paz bajo su administración.
Al respecto, el funcionario adelantó que en las próximas semanas se realizará una presentación en la Justicia penal «por las masacres sangrientas a partir de los avances del Ministerio Público, en la vía ordinaria». Solo en Senkata y Sacaba, donde se produjeron manifestaciones para repudiar la polémica asunción de Áñez, murieron al menos 22 personas.
Actualmente, Áñez está detenida y acusada por los delitos de «terrorismo, sedición y conspiración» durante el golpe de Estado contra Evo Morales, quien debió renunciar tras un pedido expreso de las Fuerzas Armadas. Este domingo, la jueza Regina Santa Cruz determinó que la implicada deberá pasar los próximos cuatro meses privada de su libertad de forma preventiva, mientras avanza la investigación. Para tomar esta decisión, se argumentó que había motivos suficientes para creer que Áñez podría fugarse y entorpecer el caso.
Al respecto, el funcionario del Gobierno de Luis Arce, quien asumió el control del Ejecutivo en noviembre del año pasado, señaló que «se ha respetado el debido proceso en todo momento». Y agregó: «En este caso, se la procesa por los delitos que ha cometido en su condición de senadora antes de asumir como presidenta de facto». Esto significa que, al no ser procesada como expresidenta, no estaría protegida ante un posible juicio de responsabilidades, estipulado para juzgar a altos mandos del Estado.
Sobre el posible caso por homicidios ocurridos durante las represiones a protestas sociales del 2019, el funcionario expresó que «los cuatro meses de detención preventiva servirán para sustentar las graves violaciones de derechos humanos durante el Gobierno de facto».
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