Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas.
La Cámara de Diputados aprobó este viernes la solicitud de procedencia de la Fiscalía General de la República (FGR) para desaforar al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien se convierte en el primer gobernador en perder el fuero.
La fiscalía acusa al gobernador de los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.
Después de casi siete horas de debates, gritos, insultos y manifestaciones de protesta en el salón de sesiones, el dictamen se aprobó con 302 votos a favor 134 en contra y 14 abstenciones. El documento se turnó al Congreso del estado de Tamaulipas.
A pesar de la aprobación del desafuero en San Lázaro, el trámite continuará en una etapa incierta y de ambigüedad, debido a que la ley no es precisa en el procesamiento del dictamen en el Congreso local de Tamaulipas.
Aunque en casos anteriores los diputados locales sólo han dado trámite, avalado el dictamen y puesto a disposición del Ministerio Público al acusado de su entidad –como en el caso de la diputada local panista de Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez López, en junio del 2016-, en esta ocasión la mayoría parlamentaria panista estatal podría bloquear el caso.
El Artículo 111 de la Constitución federal señala que una vez avalado el desafuero en la Cámara de Diputados “la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las legislaturas locales, para que en ejercicio de sus atribuciones, proceda lo que corresponde”.
Lo anterior puede llevar a que, en aras de proteger a García Cabeza de Vaca, el Congreso estatal podría declarar que el dictamen “no es vinculante” con lo que haga la Cámara de Diputados, y el caso podría desecharse, aunque esta determinación sería impugnada ante la Suprema Corte.
También, el pasado 31 de marzo el Congreso de Tamaulipas derogó y dio marcha atrás a un acuerdo que había sido aprobado un mes antes para establecer nuevas reglas de procedimiento para el desafuero del Gobernador, que indicaban que sólo le tocaba decidir a los legisladores locales, no a los federales, decreto que fue impugnado ante la Corte por la Cámara de Diputados.
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