Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas.
El Congreso del Estado de Tamaulipas, de mayoría panista, presentó un punto de acuerdo donde rechaza la declaración de procedencia de desafuero al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, aprobada por la Cámara de Diputados, además en el mismo reconocen al mandatario estatal para que continúe en el cargo.
La postura del PAN fue respaldada por los legisladores del PRI y Movimiento Ciudadano (MC) y rechazada por los diputados de Morena, con por 26 votos a favor, 3 contra y 7 abstenciones.
Desde el miércoles a las 16:30 horas, el Congreso local se declaró en receso legislativo, en espera de la votación del Juicio de Procedencia en contra del gobernante de esta entidad y la tarde de este viernes se reanudó la sesión, de una hora 30 minutos.
Durante la sesión relámpago de esta tarde únicamente los legisladores de Morena subieron a la tribuna, lo mismo que un diputado del PRI y uno más de MC.
Desde las 15:00 horas la coordinación de prensa filtró un texto donde indicaba que iniciaría el análisis y discusión sobre la determinación de la Cámara de Diputados en materia de desafuero de Cabeza de Vaca, que por mayoría de votos, resolvió declarar a favor del mismo.
Indicó que iniciaría el procedimiento al que se refieren los artículos 111, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28, párrafo segundo de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 44, párrafo segundo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas.
Según estas disposiciones, cuando se trate de servidores públicos del ámbito local, corresponde en última instancia al Congreso del Estado determinar si procede la homologación de la declaración de procedencia realizada por la Cámara de Diputados y, en su caso, el retiro del fuero, ya que la declaratoria federal tiene un efecto puramente declarativo.
En caso de que la Cámara local determinara que no ha lugar a homologar la declaración de procedencia federal, no podrá seguirse procedimiento alguno en contra del gobernador ya que este conservaría el fuero que conlleva el ejercicio de su encargo. En caso contrario y, de considerar que sí se homologue la declaración federal, el gobernador quedaría a disposición de las autoridades competentes.
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