Diego Valadés Ríos, constitucionalista
Las reformas aprobadas por el Senado de la República con la que se obligaría a los usuarios de telefonía a registrar sus datos biométricos viola la Constitución y atenta contra los derechos humanos, aseveró el destacado constitucionalista Diego Valadés Ríos, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México.
En entrevista con La Jornada, enfatizó además que al aducir que se trata de una medida en favor de la seguridad pública, en realidad “el Estado estaría transfiriendo a los usuarios de la telefonía móvil el problema de su incapacidad para resolver el tema de inseguridad, pues los particulares seríamos ahora quienes pagaremos las consecuencias de que las autoridades no estén cumpliendo con su obligación de darnos seguridad”.
Ayer, en una apretada votación en la Cámara Alta, se aprobó con 54 votos a favor, 49 en contra y diez abstenciones la minuta que crea el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, en el que todos los dueños de celulares estarán obligados a darse de alta y registrar sus datos biométricos (huellas dactilares y reconocimiento facial y del iris) o de lo contrario se les cancelará la línea y serán multados.
Al respecto, Valadés Ríos, también ex procurador general de la República, subrayó que esto viola dos artículos del capítulo de derechos fundamentales de la Constitución: el 6 y el 20, además de la Ley Federal de Protección de Datos Personales.
El artículo 6, dijo, establece que el acceso a las telecomunicaciones es un derecho que el Estado debe garantizar sin arbitrariedades y debe ser inclusivo, pero con estas reformas lo hacen excluyente, pues quien no aporte sus datos personales, no tendrá acceso a las telecomunicaciones
Añadió que ese postulado constitucional también asienta que el acceso a las comunicaciones debe ser ser libre y sin intereses arbitrarios, pero con la obligatoriedad de registrar los datos biométricos “ese acceso estaría condicionado y expuesto a injerencias arbitrarias porque se va a disponer de nuestros datos personales”.
En torno al artículo 20, subrayó que éste confiere la presunción de inocencia a todos a quienes son imputados de un posible delito; sin embargo, las modificaciones aprobadas por el Senado “nos convierte a todos, no sólo sobre los que hay un proceso penal, en presuntos culpables. Esto implica que se daría un trato de delincuentes a los usuarios de telefonía móvil”.
Valadés Ríos confió en que en la Cámara de Diputados –donde se tendrá que analizar lo avalado por el Senado— “prevalezca el sentido común, el respeto por la Constitución y adviertan que la mayoría en la Cámara de Senadores, no todos, cometieron un error. Que no sea aprobada esa adición a la ley en materia de telecomunicaciones”.
Remarcó que en caso que la Cámara Baja también apruebe esa propuesta, hay diversas opciones, pues una fracción del Congreso de la Unión, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales pueden presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación acciones de inconstitucionalidad; en tanto que los usuarios podrían gestionar amparos.
El constitucionalista también alertó de otros riesgos en caso de que estas modificaciones sean llevadas a las normas, pues las personas desconocerían el uso que pueden dar a sus datos personales tanto las empresas como las autoridades.
Pero a la vez, dijo, hay peligros para las compañías de telecomunicaciones porque en la Ley Federal de Protección de Datos Personales se establecen delitos en materia de tratamiento indebido de esa información, que se castigan con multas y hasta prisión.
“Las propias empresas se van a ver puestas en riesgo ante el eventual mal uso que de manera deliberada o accidental se haga de los datos de sus millones de usuarios, por parte de funcionarios o por parte de quienes accedan a éstos de manera fraudulenta. Esto genera incertidumbre para el prestador del servicio y para el usuario de la telefonía”, concluyó.
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