Miles de migrantes han llegado en los últimos días a Ceuta
En busca de una vida mejor, así es la historia de muchas familias africanas enteras y sobre todo, muchos menores de edad no acompañados, que cruzan la frontera desde Marruecos a Ceuta, España.
Cerca de 8000 migrantes, 1500 menores, entre otros, llegaron los días lunes y martes a nado o a pie al enclave español. Agotados por escalar una valla fronteriza de doble ancho o por nadar en el Mediterráneo.
Muchos de ellos inmigraron en busca de oportunidades de trabajo, en medio de una crisis empeorada por la pandemia de la COVID-19 y el cierre de las fronteras.
Sin embargo, lo que encontraron al llegar no fue lo que tanto soñaron. El Gobierno español movilizó al Ejército, fuertemente armado, incluso provisto de tanques para hacer frente a la avalancha migratoria y devolver a los migrantes a Marruecos a la fuerza. Además, los soldados dispararon gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar a los migrantes en la valla fronteriza.
Una crisis política nunca antes vista entre España y Marruecos está a punto de estallar, a raíz del exorbitante flujo migratorio. España asegura que Ceuta es el único punto de entrada terrestre a la Unión Europea (UE) desde el continente africano, por lo que esta situación no solo incumbe a España sino a todo el bloque y, además, denunció la falta de control por parte marroquí.
‘Devoluciones en caliente’
Para hacer frente a esta crisis migratoria, el Gobierno español ha llevado a cabo «devoluciones inmediatas», como las ha denominado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Pero esta práctica, conocida como ‘devoluciones en caliente’, no está exenta de polémica. Tachada de ilegal e inconstitucional, vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho de no devolución recogido en la Convención de Ginebra de 1951, que determina que un refugiado no puede ser devuelto a un país donde teme ser perseguido.
De esta manera, se trata de la expulsión del país de un migrante tras cruzar la frontera de forma irregular sin que le apliquen ninguna de las garantías y protecciones de la legislación de extranjería. El subcomité de Tortura de Naciones Unidas ha declarado que atenta contra los derechos humanos.
