Este es el segundo cambio en el Gabinete de López Obrador en menos de una semana, pues el pasado jueves 26 de agosto, Olga Sánchez Cordero abandonó la titularidad de la Secretaría de Gobernación (Segob) para regresar al Senado
«Julio ha decidido dejar el cargo y el encargo porque va a reincorporarse a sus actividades como abogado. Julio es como mi hermano (…), en el tiempo que se desempeñó como consejero se hizo cargo de elaborar las iniciativas de reformas a la Constitución para ajustar el marco jurídico a nuestro proyecto de transformación del país», dijo el jefe del Ejecutivo en conferencia de prensa.
Medios de prensa como la revista Proceso, fundada por el padre del exfuncionario, Julio Scherer García (1925-2015), cuyo consejo de administración ocupaba el renunciante, anunciaron esa dimisión el miércoles, pero el jefe de prensa de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, lo desmintió como «rumores», durante el acto de presentación del tercer informe anual de Gobierno, en el Palacio Nacional, residencia oficial.
La consejería jurídica de la Presidencia es la dependencia que tiene a su cargo revisar y validar los decretos, acuerdos y demás instrumentos reglamentarios que se sometan a consideración del presidente de la República, así como los proyectos de iniciativas de ley que el titular del Ejecutivo presenta al Congreso.
El renunciante era considerado la «mano derecha del presidente», quien asistió el miércoles a la presentación del tercer informe de gobierno ante el Gabinete presidencial en pleno, en el Palacio Nacional, donde fue el único funcionario que recibió un notable gesto de deferencia de parte del jefe del Ejecutivo.
Mientras toda la prensa anunciaba la renuncia y la Presidencia lo desmentía el martes, López Obrador se llevó la mano al corazón y extendió el brazo en dirección a Scherer Ibarra en un gesto de reconocimiento.
López Obrador enumeró los proyectos de reformas constitucionales aprobadas por el Congreso que fueron elaborados por la consejería jurídica presidencial que encabezó Scher Ibarra desde el 1 de diciembre de 2018.
Estas reformas estaban relacionadas con elevar a rango constitucional los programas sociales, el combate a la corrupción, y permitir la creación de la Guardia Nacional para tareas de seguridad pública, con inmensa mayoría de militares y marinos de las Fuerzas Armadas.
«Me voy muy agradecido con el presidente, me dio la oportunidad siempre de hacer la propuestas que consideramos que debían hacerse, en beneficio de la gente más pobre, se pudo hacer un trabajo muy bueno, siempre recibí recomendaciones de él para las iniciativas que se presentaron» al Congreso, dijo el renunciante en la conferencia de prensa.
Una de las iniciativas de reformas redactadas por el despacho de Scherer que no prosperó fue la que buscaba que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, extendiera su mandato dos años más, hasta 2024, el último año de la presidencia de López Obrador.
Las reformas de Scherer
El primer proyecto de reforma modificó el artículo cuatro de la Constitución para garantizar las pensiones a los adultos mayores, niños y niñas con discapacidad, las becas para estudiantes pobres y medicinas gratuitas.
«La reforma vigente elevó a rango constitucional esos derechos, que demandó las dos terceras partes, mayoría calificada en las cámaras del Congreso, por eso va ser muy difícil que se dé marcha atrás a ese logro, que se quiten esos derechos», dijo el mandatario.
En el nuevo Congreso que comenzó su periodo de tres años, el miércoles, ninguna fuerza política ni coalición tiene mayoría calificada.
Otra reforma diseñada por el renunciante fue elevar a rango constitucional el castigo por corrupción.
«Desde la época de Carlos Salinas de Gortari (presidente desde 1988 a 1994) la corrupción no era delito grave, se había modificado en ese entonces el Código Penal», y no se podía juzgar a «delincuentes de cuello blanco» que tenían derecho a fianza, prosiguió.
La siguiente reforma propuesta por la presidencia en los tres primeros años del sexenio fue eliminar el mecanismo de la condonación de impuestos a las grandes empresas.
«En los dos últimos sexenios, solo 58 grandes empresas dejaron de pagar cerca de 200.000 millones de pesos (unos 10.000 millones de dólares), porque les condonaron los impuestos», afirmó el mandatario.
Otra iniciativa dio paso a la creación de la Guardia Nacional, integrada en su inmensa mayoría por militares y marinos activos, para reemplazar a la disuelta Policía Federal.
«Se requirió de una reforma constitucional para que la secretarías de la Defensa y Marina pudieran ayudarnos en tareas de seguridad pública, debido a que no podían actuar en esos asuntos», recordó.
López Obrador anunció finalmente que la consejera jurídica Estela Ríos González, egresada de la facultad de derecho y magíster en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, será la sucesora de Scherer.
Ríos González fue consejera jurídica del actual presidente, cuando este se desempeñó como jefe de Gobierno de la Ciudad de México, desde 2000 a 2005.
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