«Están allí los mas de 45 millones de mexicanas y mexicanos que nunca han podido acceder al agua de manera continua y salubre, y están allí los 17 millones sin drenaje y sin un baño digno». (Miguel Ángel Montoya)
¡Vaya tiempos! Jamás imaginé que en el transcurso de una vida que ya no es corta sería testigo del cómo “militantes de izquierda” celebrarían el anuncio de la instalación de una fábrica de autos trasnacional como si se tratara del triunfo de una lucha social o la consecución de un derecho humano. “Neoliberales de closet”, así los describió con toda agudeza un internauta en las redes sociales. Desde luego que en lo absoluto es desdeñable la noticia, es mejor que un monto de inversión tan cuantioso se destine a la formación bruta de capital fijo dentro del país que a la especulación financiera que -por ejemplo- ha desatado la generosa tasa de interés que pagan los bonos del gobierno y que por añadidura ha incrementado nuestro endeudamiento y que también hace sentir a esos mismos “militantes de izquierda” muy orgullosos de un dólar barato. Como quiera que sea es positivo el anuncio, pero hasta allí.
La acumulación de capital de Tesla y la concentración de riqueza de Elon Musk no se explica únicamente por la innovación tecnológica ni por sus agresivas estrategias financieras, tras de su poderío económico esta la expoliación de recursos naturales de países del tercer mundo, la transferencia de valor de su masa laboral y el subsidio encubierto que recibe de los gobiernos a través de la exención de impuestos, lo que implica el uso gratuito de la infraestructura para su operación logística o incluso la construcción exprofeso de la misma a cuenta y cargo de los gobiernos locales y nacionales, además de la donación de terrenos. Hoy tocará el turno a México. Por eso no es de extrañarse que sabedor de esta circunstancia nuestro Presidente intentara condicionar la operación de Tesla a su instalación a otra entidad federativa y la apuesta era la correcta ya que se podía hacer sinergia con las inversiones que el gobierno federal ha realizado en el Estado de México e Hidalgo con motivo del AIFA o convertir la instalación de la planta de autos eléctricos en un polo de desarrollo del sureste, partiendo prácticamente de cero. Pero como ya vimos Elon Musk no estará dispuesto a invertir donde el gobierno no le regale esos miles de millones de dólares y por eso prefiere llegar donde la mesa ya esta servida y donde la cercanía con los Estados Unidos favorezca su operación logística y minimice sus costos.
Lo que si extraña es que para conseguir este fin de política pública el Presidente utilizara como pretexto la escasez de agua en Monterrey. Pareciera entonces que el verdadero fin no era otro que seguir protegiendo a los industriales regios y dejar intocados sus privilegios aglutinados en torno a la explotación del agua. Imagínense nada más la afrenta que significa que un gigante del sector y el que se perfila a ser el indiscutible líder fabricante de autos y componentes eléctricos en el futuro les venga a competir por uno de los principales insumos productivos: el agua; cuando los empresarios regios le pagan una cantidad irrisoria por concepto de derechos a la Conagua, institución que además y gracias a la Ley neoliberal vigente les garantiza el acceso irrestricto a agua de calidad (subterránea) por 30 años con derecho a prórrogas automáticas, el agua en esas condiciones, es la base de sus ganancias extraordinarias y esa preciada rebanada del pastel es muy difícil de compartir ante un gigante que amenaza con comérselo todo; y por supuesto que cuando escasea el agua, aquella que no es de calidad (la de las presas) que es la que consumen las y los trabajadores y la población en general tratando de satisfacer sus necesidades básicas de higiene y alimentación, a esos industriales -en la mas neoliberal de las soluciones- solo se les pide que voluntariamente cedan o donen un poco del agua con la que lucran.
Impensable imaginar siquiera en una suspensión temporal del volumen de agua que tiene concesionada o aplicarles las pocas causales que la propia Ley neoliberal vigente (Ley de Aguas Nacionales) prevé para revocarles las concesiones. No se trata de dejar de producir cerveza, refresco pro diabético, cemento, acero y electricidad, se trata de guardar un equilibrio entre los diversos usos del agua y dejar de privilegiar el lucro desmedido por encima del sustento de la vida de los neoloneses.
En ese sentido debemos ser muy claros, al Presidente Andrés Manuel se le reconoce -con todo aprecio y cariño- su esfuerzo y afán por transformar diversos aspectos del pasado pero de igual modo se le debe criticar -junto con la 4T- su pasividad, su confort o yo diría incluso que su beneplácito con la continuidad de la política neoliberal del agua. De hecho es sintomático que siendo el Presidente sujeto cada día sin excepción de toda clase de críticas y calumnias, casi nunca o pocas veces se le hubiera criticado por el tema del agua y la razón es mas que obvia, la derecha -aunque no lo exprese públicamente- está feliz, está dichosa con la política pública del agua. Los hechos están allí inexorables; está allí el desacato a la Constitución que les obliga a derogar la Ley neoliberal vigente y expedir una Ley General de Aguas que genere las condiciones para la efectiva realización de los Derechos Humanos al agua y al saneamiento comenzando con la transformación del abusivo régimen de concesiones que ha propiciado la expoliación, la contaminación y el acaparamiento de nuestra agua.
Están allí los mas de 45 millones de mexicanas y mexicanos que nunca han podido acceder al agua de manera continua y salubre, y están allí los 17 millones sin drenaje y sin un baño digno. Están también allí las promesas de campaña para impedir que se privatizara el agua o para revertir las privatizaciones heredadas en el servicio público de agua y saneamiento, pero a contrapelo de las promesas, está allí la realidad aplastante en las entidades donde gobierna Morena: Veracruz, Quintana Roo y Puebla donde se ha ratificado la privatización del servicio público de suministro y está también la indiferencia con el caso de Querétaro. Están allí los perfiles y el historial profundamente corrupto de quienes montados en Morena lograron acceder a la presidencia de la Comisión de Recursos Hidráulicos y cómo, desde ese cargo y aliados con la tecnocracia neoliberal han desarrollado jugosos negocios en el país. Allí esta la primera conformación de la Conagua con la tecnocracia neoliberal (autodenominada científica) encabezada por Blanca Jiménez en donde hasta el tesorero de Margarita Zavala tuvo cabida como Subdirector y luego -después de las denuncias que hicimos en este espacio- vino el recambio arribando un grupo mas heterogéneo que se conformó en dos alas y en donde lamentablemente se impuso el ala “diezmera”.
Quizás el término diezmero no sea el preciso porque esos funcionarios cobran mucho mas del 10% de comisión por obra adjudicada o por concesión renovada o por evitar una suspensión o revocación de las mismas; podríamos llamarlos entonces “los adjudicadores” y en efecto, se convirtieron en los reyes de la adjudicación directa de la administración pública obradorista. Entre el ala segregada de subdirectores de Conagua hay quien por decoro decidió no ser cómplice de esta situación y renunció, o quien a la primera oportunidad obtuvo un pretexto para marcharse y en el caso mas patético hay quien organizó una movilización, no para exigir la expedición de la Ley General de Aguas -como antes lo hacían- no para denunciar la corrupción imperante en Conagua -como antes lo hacían- sino para aferrarse a la nómina… ¡Y lo lograron! Entonces tranquilos todos y que nadie se mueva, guarden las pancartas, las consignas y no hagan mas ruido que el matrimonio Burns-Moctezuma sigue inscrito en la nómina gubernamental y que a los contaminadores, acaparadores y expoliadores del agua no se les toque ni con el pétalo de una revocación. En resumen, esta allí ese gran festín de corrupción neoliberal que sigue siendo Conagua y en donde se sirven hasta las empresas de los adversarios (que mas bien enemigos) del Presidente y como ejemplo está la impunidad hídrica de la que goza Kimberly Clark.
Como en toda regla que requiere una excepción, están las gaviotas que no logran hacer verano, es de reconocerse la voluntad de la Presidencia al principio del sexenio para llevar a cabo la consulta sobre la permanencia y operación de la cervecera Constellation Brand pero también es de señalarse cómo se permitió que la entonces Directora de Conagua y la entonces Secretaria de Gobernación operaran para favorecer a la cervecera, finalmente el mérito es y será fundamentalmente de las y los habitantes del Valle de Mexicali. Está también la voluntad de por fin acatar los fallos judiciales y evitar que desaparezcan los poblados de Temacapulin, Acasico y Parmalejo en Jalisco, pero quedará, por encima de muchas alternativas técnicas menos costosas, el funcionamiento de una presa que fue diseñada para favorecer los negocios de las trasnacionales españolas. Están también, como la mejor excepción de todas, los estudios e investigaciones que se hacen desde el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) siempre con un enfoque socio-hídrico y de derechos humanos que es el que debiera privar en la gestión del agua en México. Pero el IMTA no es ejecutor y por ello termina siendo un microscópico islote en medio del océano neoliberal que es la política pública del agua en México.
Compañeros muy queridos en Morena preocupados por esta situación me han preguntado porque creo yo que el Presidente no se hubiera decidido a modificar la muy neoliberal política pública del agua y lo único que había acertado a responder en tono balbuceante es el cómo influye que el Presidente hubiera nacido en Tabasco en medio de agua en abundancia y como ese origen hace que no considere a este elemento vital como un factor de privilegio, poder y extraordinario lucro y abuso empresarial. Hoy he modificado ese punto de vista del cual por cierto jamás estuve convencido. Un trabajo de periodismo de investigación firmado por Blanca Corso y Emiliano Fernández reforzó mis reservas. “Mexicanos contra la corrupción y la impunidad” lo publicó el 26 de enero de 2023 y sí, dicha organización se ha dedicado a golpear al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero la parcialidad editorial y el sesgo político no le quitan la solidez a una investigación, la cual resalta que una empresa apenas recién creada por un asesor de AMLO obtuvo un contrato por asignación directa por un monto de 1 mil 688 millones de pesos. La investigación aporta fechas, cuestionarios, contratos, expedientes, fotografías e incluso réplicas. De que en Conagua sus funcionarias y funcionarios se han convertido en los reyes de la adjudicación directa ya habíamos hablado, no es para sorprenderse. Lo que mas importa aquí es el perfil y el nombre del asesor revelado en la investigación: Humberto Armenta, un próspero empresario de la construcción, el cual no es cualquier insulso ni improvisado. Como dijera nuestro Presidente cuando era candidato, las mas de la veces la prosperidad empresarial va en sintonía con la complicidad del poder político, y sí, la empresa de Humberto Armenta fue creciendo poco a poco desde 1993 al amparo de los gobiernos neoliberales y con las mismas prácticas que se denuncian en la investigación; licitaciones desiertas, empresas espejo, adjudicaciones directas o bases de licitación hechas a modo para ser cumplidas solo por la empresa de Armenta, prácticas que como se ve no quedaron en el pasado. Pero a Humberto Armenta le interesa algo más que el crecimiento de su empresa y sus negocios, Armenta no es un vulgar empresario neoliberal, arrastra el lápiz, publica libros, busca poder, influencia e incidencia. Cuentan los testigos como utilizaba su helicóptero para seguir a Andrés Manuel López Obrador en sus giras hasta el grado del acoso para presentarle su proyecto. Humberto deseaba ser el Director General de Conagua, no lo logró, pero su perseverancia le dejó mayores réditos económicos y políticos, hoy en día junto con José María Rioboo es uno de los constructores consentidos del obradorismo y la política del agua que hoy se emplea es rasgos más, rasgos menos la que él propone en uno de sus libros, el cual es público. En ese sentido se le debe reconocer a Humberto Armenta su honestidad intelectual, él no es un neoliberal de closet, es un neoliberal declarado y como tal le habla al oído derecho del Presidente. En contraste, hay quien en asuntos de agua debiera hablarle al oído izquierdo al Presidente, pero Elena Burns no está allí para eso, su papel es más estratégico, esta allí apara cobrar y para anestesiar a las organizaciones sociales que junto con su esposo coordinan desde la alcoba y sin duda que esa función la han cumplido de una manera notable.
Ante este panorama tan sombrío es que veo el aspecto positivo de la llegada de Tesla a México porque esa empresa viene a poner el “mal ejemplo” y viene a dar luz y a visibilizar en forma práctica a los contenidos de las propuestas de Ley General de Aguas que el Presidente jamás leerá y mucho menos propondrá al Congreso. Son decenas de disposiciones las que en ellas se establecen para dar cauce a lo que expresa la Constitución en relación con la gestión sustentable del agua como condición para la realización de los derechos humanos al agua y al saneamiento. En esas propuestas los procesos productivos y de enfriamiento en su mayoría debieran emplear agua residual tratada y los usuarios (como Tesla) que así lo hagan tendrán como incentivos la renovación automática de sus concesiones que no deberán durar mas de cinco años. Sin embargo, hoy gracias a la neoliberal Ley de Aguas Nacionales y a los funcionarios neoliberales del pasado y los de closet del presente, sobornos de por medio, esas concesiones duran 30 años y se renuevan sin problema, la contaminación del agua es causa de impunidad y no de revocación de las mismas. En la gestión del agua estamos casi igual que en los sexenios anteriores con la diferencia que los helicópteros hoy no se usan para llevar al Director General de Conagua a su residencia lo cual genera una apariencia de cambio que es solo simbólica y a la vez preocupante, porque mientras permanecemos desmovilizados en torno a la defensa de nuestra agua millones de mexicanas y mexicanos no pueden acceder a ella de manera segura acentuando su condición de pobreza, porque el neoliberalismo sigue allí, jamás se fue, simplemente se metió al closet.
Para desterrar el neoliberalismo se debe transformar el marco legal que lo sustenta. No solo es la #ReformaEléctrica, la Ley General de Aguas debe expedirse para evitar que el agua se siga privatizando, contaminando y concentrando en una cuantas manos.https://t.co/DviHT4NqPL
— Miguel Ángel Montoya💧 (@miangel_montoya) March 7, 2022
*Miguel Ángel Montoya es consultor independiente en políticas publicas y legislación del agua. Desde 2006 y hasta 2018 fungió como asesor parlamentario especializado en materia de gestión integral del agua y como tal participó activamente tras las discusiones y redacción de la reforma que plasmó el derecho al acceso al agua y al saneamiento en nuestra Constitución.
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