Es ampliamente reconocido que el equilibrio entre los poderes es fundamental para el funcionamiento adecuado de un país. Si este equilibrio se rompe, las consecuencias podrían ser extremadamente graves para México. La implementación de reformas en leyes relacionadas con la identificación digital, el ahorro, la agricultura y la agenda verde podría acarrear cambios significativos, nos dice Jorge Chávez, Secretario en el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito, con sede en Villahermosa, Tabasco. Si estos temas llegan al Poder Judicial, existe el riesgo de que no haya instancias que puedan declarar inconstitucionales dichas reformas, afirma, especialmente si la Suprema Corte y los jueces han sido designados por elección popular y se encuentran alineados con el partido mayoritario.
Ah que listos. Para que la gente no se me confunda la boleta de candidatos a jueces dirá cuáles vienen postulados por el gobierno de la 4ta transformación y cuales por los otros poderes.
Así no importa que ni los conozcas. Con que sepas quién es el gallo de la Dra.
— Arturo Ángel (@arturoangel20) 17 de agosto de 2024
Es importante destacar que la introducción de la Agenda 2030 en las estructuras de poder no es una teoría conspirativa, sino una realidad que ya se está implementando a nivel global. La presidente electa, cuyos estudios de posgrado en Estados Unidos la alinean fuertemente con esta agenda, representa un ejemplo claro de esta influencia.
En Europa, ya se observan restricciones en sectores como la agricultura y el transporte, y se crean impuestos relacionados con las emisiones de carbono. En México, podrían implementarse medidas similares, y es probable que no haya recursos judiciales para cuestionar estas políticas debido a la posible conformación del Poder Judicial.
El pasado 16 de julio de 2024, Marcela Guerra, presidente de la Cámara de Diputados participó en el Foro Parlamentario en ocasión del Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible, en la sede de Naciones Unidas. En el Boletín No. 6941 con título «El Legislativo ha aprobado 195 decretos que abarcan todos los ODS de la Agenda 2030: diputada Marcela Guerra» se confirma ante este organismo global que México se comprometió a implementar la Agenda 2030, enfocándose en construir un marco jurídico, aprobar presupuestos sostenibles y rendir cuentas. En la Cámara de Diputados, se creó un grupo de trabajo que ha logrado aprobar 195 decretos alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Durante su participación afirmo:
- Construcción de un marco jurídico.
- Aprobación de presupuestos sostenibles.
- Rendición de cuentas.
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1. México se comprometió en 2015 con la Agenda 2030 para orientar las políticas públicas a nivel nacional y local.
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2. El Poder Legislativo mexicano garantiza la implementación de la Agenda 2030 mediante:
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3. En la Cámara de Diputados se creó un grupo de trabajo que ha aprobado 195 decretos, con énfasis en los ODS 5, 10 y 16. (ODS 5: Igualdad de género, ODS 10: Reducción de las desigualdades, ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas).
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4. Logros clave incluyen la paridad de género en el Congreso y gabinetes, y el reconocimiento de la ONU en 2021 por presupuestos sostenibles.
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5. Se discute una reforma constitucional al Poder Judicial para acercar la justicia a la gente.
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6. Se implementaron reformas para fortalecer la paz, la transparencia y la eficiencia jurisdiccional, alineadas con la Agenda 2030.
En este marco Chávez Mejía, nuestro entrevistado, nos habla acerca de la introducción de cursos obligatorios sobre ideología de género dentro del sistema judicial que refleja una tendencia global impulsada por organismos internacionales como las Naciones Unidas (arriba mencionada como aquella que vigila la implementación de la agenda en México). Estos cursos, junto con las jurisprudencias sobre perspectiva de género, son indicadores de un cambio profundo en la forma en que se imparte justicia, lo que podría tener perjuicios significativos para la sociedad.
Finalmente resalta Chávez que es fundamental estar atentos a las posibles reformas constitucionales que podrían obligar a la contratación de migrantes y otros grupos específicos como aquellos pertenecientes al sector LGBTQ+, lo que representa un desafío para el tejido social y económico del país al obligar a sectores laborales a cumplir más allá de las capacidades del elemento a contratar. La falta de un contrapeso en el Poder Judicial podría llevar a la implementación de estas medidas sin la posibilidad de cuestionarlas legalmente, nos cuenta el invitado.
La situación actual plantea desafíos importantes para la soberanía y el equilibrio de poderes en México. Es esencial que la sociedad esté consciente de estos cambios y participe activamente en el debate público para garantizar que las decisiones que se tomen reflejen los intereses y valores de todos los ciudadanos y no de un grupo o agenda específicos.
Jorge Arturo Chávez Mejía, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, nació el 29 de agosto de 1974 en Villahermosa, Tabasco. Su formación académica incluye una especialización judicial en el Instituto de la Judicatura Federal y estudios de inglés avanzado y francés básico. Su trayectoria laboral abarca 23 años en el Poder Judicial de la Federación, donde actualmente se desempeña como Secretario en el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito en Villahermosa. Además, ha trabajado en la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, el Congreso del Estado de Chiapas, y el Consejo Estatal de Seguridad Pública de Chiapas.
Chávez Mejía ha impartido cursos y conferencias sobre la reforma del Poder Judicial, destacando su participación en el programa de Rubén Luengas y en un panel sobre la reforma judicial en la Casa de la Cultura Jurídica de Villahermosa. Su experiencia incluye roles en el Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo y en el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco. Su contacto principal es a través del correo jc.chiapas.jc@gmail.com y el teléfono celular 961-177-14-38.
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