Sheinbaum trata de explicar su «confusión» sobre si una mujer debiera ser o no «Ministra Presidente» de la SCJN

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Hugo Aguilar Ortíz, quien será el segundo ministro indígena en presidir el máximo tribunal, enfrentará el rechazo de pueblos originarios que lo señalan por burocratizar despojos relacionados con megaproyectos de la 4T y silenciar a víctimas de acoso. (Proceso)

Sin aceptar lo que era en sí un reconocimiento antidemocrático en el sentido de que el INE decidiría si una mujer debiera ocupar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a pesar de que un hombre, Hugo Aguilar, había obtenido la mayoría de votos para ocupar ese cargo, la presidente Claudia Sheinbaum trató de corregir sus declaraciones previas respecto.

Sheinbaum lo hizo después de que ayer martes la consejera presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, precisara que la Constitución establece que la presidencia del máximo tribunal corresponde al candidato que obtenga el mayor número de votos, sin que la paridad de género sea un criterio determinante en este caso.

“Yo dije que había la posibilidad, de acuerdo a como estaba la Constitución, que pudiera ser mujer. Pero el mismo día de ayer dije que le tocaba determinarlo al INE, y el Instituto lo que define es que le toca al que obtenga el mayor número de votos. Nunca dije algo distinto”, explicó Sheinbaum ante medios.

 

En este contexto, medios como la revista Proceso, publican información contraria a la imagen que MORENA ha venido ofreciendo sobre la figura del llamado por algunos «el nuevo Benito Juárez»:

“Ya nos toca a los pueblos indígenas ocupar un espacio importante en las instancias de toma de decisión de este país”, fue el lema de campaña de Hugo Aguilar Ortiz, cuya participación en la elección judicial lo ha llevado a convertirse en el segundo indígena que presidirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Juárez fue su primer titular en 1858), lo cual generó júbilo en la 4T. Sin embargo, desde comunidades y representaciones de pueblos originarios surgen voces preocupadas, de desencanto, rechazo y franca indignación.

Activistas, organizaciones civiles y representantes de comunidades en Morelos, Oaxaca y la Península de Yucatán expresaron que si bien Aguilar Ortiz tiene una trayectoria previa como activista ciudadano y defensor indígena, a partir de su incorporación al gobierno, primero con el entonces gobernador de Oaxaca Gabino Cué y luego con Andrés Manuel López Obrador en el gobierno federal, legitimó desde el Instituto de los Pueblos Indígenas (INPI) —junto con su titular Adelfo Regino— despojos e imposición de los megaproyectos a los que AMLO dio prioridad en su sexenio, como fueron el Corredor Interoceánico y el Tren Maya.

 

También cuestionan que Aguilar haya participado en una elección judicial “que no fue más que una simulación”.

En Oaxaca, de donde Hugo Aguilar es originario, el activista mixe Joaquín Galván sostiene en entrevista con Proceso que si bien es cierto que el abogado mixteco es brillante, “la mayor parte de su vida ha operado para el Estado, sobre todo en la imposición de los megaproyectos, como el Corredor Interoceánico”.

Esta postura fue secundada por Mario Quintero, de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), quien señaló a Hugo Aguilar por “burocratizar el despojo” con consultas fast track que nunca fueron libres, previas e informadas, sino que “se impusieron con el consentimiento forzado de las autoridades”.

Mientras que Miguel Ángel Aguirre, coordinador regional del Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas, afirma que Hugo Aguilar tiene una deuda moral y política con las comunidades indígenas y la biorregión de los Chimalapas y que ahora, con el cargo que va a ocupar, tendría que hacer cumplir la sentencia que se ganó en noviembre de 2021 en todos sus términos para devolver al pueblo zoque territorios de esta reserva, en disputa con comunidades de Chiapas.

Del propio Joaquín Galván se viralizaron varios mensajes en la red X, en los cuales hace un señalamiento directo contra Aguilar: “@quinomixe Cuando mi compañera Sandra Domínguez denunció a funcionarios del INPI por su participación en chats de acoso sexual contra mujeres indígenas, el equipo jurídico del INPI, encabezado por Hugo Aguilar, envió a uno de sus abogados a ofrecerle un cheque abierto a cambio de su silencio.

“Esta situación se hizo a través del abogado miembro del equipo Cristian Mahatma. Mi amiga Sandra me lo reportó inmediatamente, les dijo que no quería más que la destitución de Rolando Vázquez Pérez, jefe de plazas del INPI”, dicen las publicaciones del activista. Proceso

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