La Corte Suprema de EE.UU. respaldó las redadas de inmigración de Trump, permitiendo detenciones basadas en raza o idioma. Un fallo que normaliza la discriminación, erosiona derechos y siembra miedo en comunidades migrantes.
La Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo que marcará un antes y un después en la política migratoria. Con una votación de 6-3, la mayoría conservadora avaló las redadas impulsadas por la administración de Donald Trump, permitiendo que agentes federales detengan a personas en el sur de California basándose en criterios como raza, etnia o idioma, sin necesidad de “sospecha razonable” de ilegalidad.
La decisión, que ha provocado un terremoto político y social, fue recibida con duras críticas de defensores de derechos humanos, activistas y comunidades migrantes, quienes la consideran una escalada de las políticas de odio, discriminación y violación de principios constitucionales básicos.
El fallo anula una orden emitida en julio por la jueza federal Maame Frimpong, quien había bloqueado estas prácticas por violar la Cuarta Enmienda. Frimpong, quien fuera nombrada por Joe Biden, calificó las detenciones basadas en perfiles raciales como “secuestros descarados a plena luz del día”. Su postura fue respaldada por la Corte de Apelaciones del 9º Circuito, pero el Supremo, sin mayor explicación, reabrió la puerta a redadas masivas en zonas con alta población latina como Los Ángeles.
¿Mano dura o política de odio?
La medida no surge de la nada. Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha intensificado su agenda de deportaciones, prometiendo cifras récord. En junio desplegó tropas de la Guardia Nacional y marines en Los Ángeles para sofocar protestas, mientras su asesor Stephen Miller presionaba para alcanzar al menos 3 mil arrestos diarios por parte de ICE.
El resultado ha sido un clima de miedo: reportes de agentes armados y enmascarados irrumpiendo en vecindarios, errores en detenciones de ciudadanos estadounidenses y un ambiente de terror generalizado. El gobernador de California, Gavin Newsom, tachó estas acciones de “ilegales e innecesarias”, acusando a la administración Trump de avivar tensiones raciales con fines políticos.
Gavin Newsom afirma rotundamente que los demócratas perderán votos si la Guardia Nacional y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) están en las urnas impidiendo el voto de los inmigrantes ilegales.
LOS DEMÓCRATAS SE ESTÁN ROBANDO LAS ELECCIONES DE CALIFORNIA Y LO… https://t.co/4Q0DEBsLY0
— Republican News ®🇺🇸🇮🇱🦅 (@NowVisionNews) August 29, 2025
Las reacciones no tardaron en multiplicarse. Organizaciones y expertos señalan que estas redadas forman parte de un patrón más amplio de discriminación. Una demanda colectiva presentada en julio denuncia “patrullas itinerantes” con perfilamiento racial, donde personas de piel morena son abordadas sin justificación por agentes federales.
El Departamento de Justicia intentó justificarlo como un “perfil razonablemente amplio” en zonas con alta presencia de indocumentados. Pero para grupos como la ACLU, eso no es más que un eufemismo para racismo institucional. “Esto no es aplicación de la ley; es una cacería de brujas”, denunció la organización.
Los tres jueces liberales de la Corte –Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson– también se opusieron, advirtiendo del riesgo de abusos constitucionales.
No sólo va contra migrantes, ahora va contra opiniones «antisemitas» en redes
Las redadas se suman a otras medidas de la administración Trump que han generado alarma internacional. Desde abril, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) revisa de manera sistemática las redes sociales de inmigrantes y solicitantes de visas para detectar “actividad antisemita”. Esto incluye críticas a Israel o apoyo a grupos considerados terroristas por Washington, no es broma.
La política, aplicada de inmediato, afecta a solicitantes de green cards (tarjeta verde de residencia permanente) y visas de estudiante. Defensores de derechos humanos la califican como una forma de censura y vigilancia masiva que viola la privacidad y la Primera Enmienda. Foundation for Individual Rights and Expression (FIRE), por ejemplo, denunció que el gobierno confunde críticas legítimas contra Israel con antisemitismo.
The Foundation for Individual Rights and Expression reported that most of the censorship incidents in 2023-24 targeted students protesting Israel’s military response to the Palestinian militant group Hamas’ Oct. 7, 2023, terror attack. https://t.co/S7lam66fzc
— The Washington Times (@WashTimes) May 16, 2025
Mientras el Departamento de Seguridad Nacional insiste en que “no hay lugar para simpatizantes terroristas”, críticos señalan que incluso grupos judíos propalestinos han sido etiquetados como extremistas. En universidades como UCLA, Stanford y Columbia, estudiantes han perdido sus visas y enfrentado detenciones, lo que genera preocupación sobre la criminalización de la disidencia política.
CNN Español reveló que las embajadas deben guardar capturas de publicaciones de solicitantes, incluso si estas son borradas, lo que expertos ven como un mecanismo de intimidación que busca frenar la libre expresión.
El impacto ya se siente. Comunidades inmigrantes viven con miedo; ciudadanos son detenidos por error; la xenofobia crece. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, advirtió que estas políticas “siembran odio y dividen a la nación”. Amnistía Internacional ha llegado a compararlas con tácticas autoritarias usadas en regímenes represivos.
En el plano político, demócratas como Chuck Schumer piden investigaciones, mientras las protestas continúan en California. Para los jueces liberales de la Corte, el mensaje es claro: sin cambios de rumbo, estas políticas podrían erosionar los cimientos democráticos de Estados Unidos.
El fallo del Supremo no solo valida redadas agresivas: consolida un ecosistema de control migratorio basado en el miedo y la exclusión. Mientras Trump celebra lo que llama “victorias” en materia de inmigración, miles de voces marginadas claman justicia en un país que aún se proclama «faro de libertad».
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